El último censo del 2022 determinó cuáles son los territorios el país donde más aumentó la población del 2010 al 2022. Con esa información se actualizaron las proyecciones poblacionales a nivel cantonal y provincial que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó recientemente.
El top de los 25 cantones donde más se incrementará la población del 2024 al 2034, es decir, en la próxima década, incluye a catorce de las provincias de Morona Santiago (7), Orellana (3), Pastaza (2), Napo (1) y Zamora Chinchipe (1) en la región oriental.
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La mayoría de ellos incluye yacimientos mineros de metales pesados y petróleo, al igual que atractivos turísticos y nichos agrícolas de exportación, lo que atrae migración en busca de fuentes de trabajo.
Gobierno nacional incrementa el presupuesto en un 3 % para los GAD para el presente año
En este ranking aparecen también los cantones aledaños de los emporios industriales de Guayaquil y Manta, como Samborondón, Daule y Durán, en Guayas, y Jaramijó y Montecristi, en Manabí, en su orden.
A estos se suman los cantones Playas, Isidro Ayora y Balao, en Guayas, al igual que Rocafuerte, Pedernales y Puerto López, en Manabí.
Las tasas de incremento de población de estas ciudades van del 25,1 % en Palora (Morona Santiago), que lidera el listado, al 14,8 % en Balao (Guayas), que lo cierra.
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El cantón Palora recibe migraciones impulsadas por los cultivos de pitahaya, fruta de exportación. Está ubicado en las estribaciones orientales de la cordillera de los Andes y se hace llamar como la capital de esa fruta.
Los emporios industriales de Guayaquil y Manta dinamizan la migración
El crecimiento poblacional continuará en los cantones Daule, Samborondón y Durán, que tienen zonas urbanas que colindan con las de Guayaquil, pero a un menor ritmo, según las proyecciones poblacionales del INEC.
Las tres son ciudades que albergan inversiones en el área industrial y de servicios que generan fuentes de empleo y dinamizan la economía, lo que empuja la población hacia estas localidades.
Para 2034 se tiene previsto que Durán tenga 379.278 habitantes, a los que se sumarían los 282.110 de Daule y 125.706 de Samborondón. Los tres cantones sumarían 787.094 personas.
Una situación similar ocurre con los cantones que tienen zonas urbanas aledañas a Manta, que son Montecristi y Jaramijó, los que aparecen con una misma tasa de crecimiento del 16,8 % de aquí al 2034.
René Lucero, exdirector del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), indica que hay un impacto en lo que reciben los municipios según su número total de habitantes y la densidad poblacional, es decir, cómo están distribuidos en un territorio, según lo que dispone el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad).
“No es lo mismo que la población crezca en las zonas urbanas consolidadas que cuentan ya con servicios básicos, comos las redes de agua potable y alcantarillado, a que se sumen en las áreas suburbanas, lo que demandará inversión por parte de los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) para personas que ni siquiera es probable que paguen impuestos, ya que sus terrenos no están catastrados”, afirma.
Lamentablemente, agrega el especialista, no es que el sistema de distribución de recursos dé más dinero a los cantones cuya población crece en zonas que no cuentan con los servicios básicos, lo que demandará más dinero por parte del municipio en cuestión.
Uno de los retos para los cantones del Oriente y los de la Costa que registran un mayor incremento de población es generar un ordenamiento territorial que garantice el bienestar de las localidades. “Esa es la función de los municipios”, agrega Lucero.
De los 25 cantones donde más se prevé que aumente la población en la próxima década, 18 mantienen su ritmo de crecimiento y se ratifican, ya que también aparecen dentro del top de los 25 cantones donde más aumentó la población del 2010 al 2022.
Los siete cantones que no están incluidos en los primeros 25 donde más aumentó la población entre los últimos censos y se suman al ranking donde más subirá la población, según las proyecciones, son Huamboya, Pablo Sexto y Gualaquiza, en Morona Santiago; Pedernales, Puerto López y Rocafuerte, en Manabí; y Balao, en Guayas.
El analista y experto en Gobiernos locales Diego Cevallos afirma que los municipios son los responsables de la provisión de servicios básicos.
“Es el Gobierno más cercano a las necesidades cotidianas de la gente; provee de agua potable, alcantarillado. No tiene la competencia de la luz eléctrica, pero sí brinda transporte público y recolección de residuos”.
Uno de los elementos que tienen afectación directa por el incremento poblacional es la planificación territorial. “Esta a partir de la vigencia de la Ley de Ordenamiento Territorial, que es la norma que establece los parámetros a través de los cuales los municipios ejercerán su competencia de regulación de uso y ocupación del suelo, lo que determina, por ejemplo, es que cada concejo municipal tiene que dictaminar las normas que establecen hacia dónde va a crecer la ciudad, definiendo qué zonas son urbanas y rurales”, asegura Cevallos.
Un crecimiento desordenado de la ciudad copará todos los recursos municipales.
“Es mucho más sencillo crecer de acuerdo a las posibilidades efectivas que tengo de extender mis redes de agua potable y alcantarillado, de vialidad y el transporte público, que de la noche a la mañana aparezca un asentamiento humano irregular en lugares de difícil acceso, que cuesta mucho más la dotación de servicios básicos y se genera un problema social”.
Si el crecimiento no es planificado, esto no se refleja en un mayor ingreso tributario de los recursos propios de la municipalidad.
En el último plan de uso y gestión del suelo, Quito limitó absolutamente el crecimiento hacia los valles con dos finalidades, dice Cevallos.
La primera es que el crecimiento se dé en el hipercentro, que ya está cubierto justamente con los servicios básicos e infraestructura, y para alentar un crecimiento vertical.
El segundo elemento, añade, es el metro, que debe ser el eje integrador de movilidad de la ciudad. “Todos estos criterios se definen en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y de los planes de uso y gestión del suelo, que son anexos de los planes de desarrollo”, agrega Cevallos.
¿De qué depende la distribución de los recursos a los GAD?
El tamaño de la población tiene una incidencia directa en varias áreas de gestión de los municipios, dice Cevallos.
“La distribución del presupuesto general del estado hacia los GAD, entre otros elementos, el modelo de equidad territorial previsto en el Cootad tiene una fórmula que pondera la densidad poblacional y el número de pobladores”.
El cálculo y distribución de los recursos se efectúa con base justamente en las cifras oficiales de población que determina el organismo oficial de cifras.
“Recordemos que hay un presupuesto mínimo que se tiene que asignar a los GAD en función de la garantía que establece la Constitución. Lo que hace el modelo de equidad territorial es establecer cómo vamos a distribuir esos recursos mínimos asignados a los Gobiernos locales”.
Eventualmente, agrega Cevallos, habría un incremento en las asignaciones en aquellos cantones que tuvieron un incremento de su población y de la densidad poblacional.
En materia de representación política también hay un cambio.
Los GAD tienen su órgano legislativo: el concejo municipal en el caso de los cantones y el concejo metropolitano en el Distrito Metropolitano de Quito.
“El número de representantes ciudadanos en esos órganos legislativos depende de la población que tiene cada cantón. El Código de la Democracia indica que los distritos con más de tres millones de habitantes tienen 25 representantes, es decir, se elegirían ese número y no 21, como es ahora, ya que en 2034 el DMQ tendría más de tres millones si se cumplen estas proyecciones”, afirma Cevallos.
El número máximo que puede tener un concejo cantonal es de quince miembros; por eso Guayaquil tiene esa cantidad, ya que está regido por un municipio. Solo el número de miembros del concejo de Quito puede aumentar según la evolución de su población, ya que es el único distrito metropolitano creado en el país.
La distribución de los recursos toma en cuenta la información de la población oficial determinada en el último censo, que en Ecuador fue en 2022.
“Pero la metodología de cálculo y la aplicación de la metodología se actualiza periódicamente en función de la resolución del Consejo Nacional de Competencias”, agrega Cevallos.
El art. 188 del Cootad establece que los GAD participarán en las rentas del Estado de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad territorial.
Seguidamente, el artículo 189 determina que una de las premisas para las transferencias a los GAD es que los recursos deben provenir de los ingresos permanentes y no permanentes.
“Por ingresos permanentes se entenderán los ingresos corrientes del presupuesto general del Estado que administra el tesoro nacional; y por no permanentes, los ingresos de capital que administra el tesoro nacional, exceptuando los de financiamiento, entre los cuales consta la cuenta de financiamiento e importación de derivados”.
La participación de los GAD es del 21 % de los ingresos permanentes y el 10 % de los ingresos no permanentes del presupuesto general del Estado.
El valor total de este monto fijo se distribuye de la siguiente forma:
- 27 % para los consejos provinciales
- 67 % para los municipios y distritos metropolitanos
- 6 % para las juntas parroquiales rurales
El art. 195 del Cootad señala que la distribución de los recursos se realizará de acuerdo a los siguientes siete parámetros:
a) Tamaño de la población, lo que incide en los otros seis criterios, puesto que la distribución es per cápita, indica un comunicado del Ministerio de Finanzas.
b) De acuerdo a este criterio de densidad de la población se asignan en términos per cápita mayores recursos a aquellos GAD con menor densidad poblacional, o mayor dispersión.
c) Necesidades básicas insatisfechas jerarquizadas y consideradas en relación con la población residente en el territorio de cada uno de los GAD. La tasa de NBI considera además el número de pobladores pobres en el GAD, lo que es calculado a través de las encuestas del INEC.
d) Hay una mayor asignación para los GAD que consigan un mejoramiento de los niveles de vida de su población, lo que se mide con la disminución porcentual de la tasa de NBI.
e) También se estimula la capacidad de los GAD para generar recursos propios con sus respectivas recaudaciones asignando recursos a los que realizan un mayor esfuerzo fiscal.
Las últimas dos tienen relación con el esfuerzo administrativo para hacer un uso más efectivo de los recursos de acuerdo al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo de cada Gobierno autónomo descentralizado. (I)
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