Los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) se mantienen en funciones prorrogadas, debido al lento avance del concurso público para la primera renovación parcial, mientras se acerca la segunda renovación en la que deberá elegirse a otros tres vocales, como lo dispone la Constitución.

Desde noviembre del 2021, los consejeros Esthela Acero, Diana Atamaint, Elena Nájera, José Cabrera y Enrique Pita asumen una función prorrogada, debido a que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no tramitó el concurso público para la primera renovación parcial.

Dos de estas cinco autoridades y dos suplentes debían ser reemplazadas por nuevos vocales, al cumplirse los tres primeros años en funciones como lo establece el artículo 218 de la Constitución.

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Este señala que el CNE se integrará por cinco consejeros principales y sus suplentes que ejercerán sus funciones por seis años y se renovará parcialmente cada tres años: dos miembros en la primera ocasión y tres en la segunda.

La elección de los vocales del Consejo Nacional Electoral pasa a la calificación de méritos, con la fase de admisión aún abierta

Con ello, la primera renovación debía cumplirse en noviembre del 2021; y, la segunda debe concretarse en noviembre del 2024.

Los actuales consejeros fueron designados en un concurso público que realizó el extinto Consejo de Participación Ciudadana de transición en el 2019 y durante la gestión del siguiente CPCCS que presidió la exconsejera Sofía Almeida procedía la primera renovación, pero no se hizo.

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Un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado amparó la prórroga en funciones de las autoridades, así como de sus dignidades Diana Atamaint en la presidencia y Enrique Pita en la vicepresidencia, hasta que se produzca la primera renovación.

En la actualidad, una comisión ciudadana lleva a cabo el proceso de designación para el que se postularon 182 ciudadanos. De ellos, 169 fueron admitidos.

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En la etapa de admisibilidad, la comisión registró 16 solicitudes de reconsideración de concursantes que fueron inadmitidos y la comisión aplicó “la facultad de verificación y el principio de eficacia” y admitió a 12.

Luego, admitió a ocho más en la etapa de reconsideración de la admisibilidad, porque la comisión, presidida por Roberto Bhrunis, exjuez de la Corte Constitucional que funcionó en el gobierno de Rafael Correa, aplicó la facultad de verificación y el principio de eficacia y solicitó documentación a instituciones públicas para subsanar los requisitos que no presentaron varios de los aspirantes.

Es así que 20 de aquellos que fueron inadmitidos pasaron a ser admitidos y pasaron a la etapa de calificación de méritos, aunque en el reglamento que rige el proceso se expresa en el segundo inciso del artículo 26, que la comisión ciudadana “aplicará el principio de eficacia únicamente en la etapa de admisibilidad”.

Después de la calificación de méritos, se convocará a rendir el examen de conocimientos y práctico; y, finalmente, se iniciará la impugnación ciudadana. Quienes superen esta última etapa y aquellos que tengan los mejores puntajes serán los designados como vocales principales y suplentes.

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No se conoce de un plazo tentativo para que concluya el proceso, pero quienes sean elegidos deberán esperar a que se instale el pleno de la Asamblea Nacional que resulte de las elecciones generales anticipadas que se efectuarán este 20 de agosto de 2023.

Esto, luego que el presidente de la República, Guillermo Lasso, disolvió la Función Legislativa por grave crisis y conmoción interna, mediante el Decreto Ejecutivo 741 que suscribió el 17 de mayo de 2023, con base en el artículo 148 de la Constitución.

Justamente, la renovación de estas autoridades coincide con una coyuntura en la que el Consejo Nacional Electoral prepara cuatro procesos eleccionarios: las elecciones generales para completar el periodo de legisladores y presidente de la República por la disolución del Parlamento, al que se podrían sumarse las consultas populares sobre la explotación de crudo en el bloque 43 del Yasuní ITT; la del Chocó Andino que regirá solo para el cantón Quito; y, la repetición de las elecciones de vocales de la Junta Parroquial de Calacalí, en donde ganó el voto nulo y que están previstas a realizarse el 8 de octubre.

Adicionalmente, entre enero y febrero del 2024, el Consejo se declarará nuevamente en periodo electoral para organizar las elecciones nacionales de presidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos para el periodo constitucional 2025-2029.

En este escenario, se aproxima la segunda renovación parcial del CNE, en la cual se elegirá a tres vocales principales y suplentes y, el Consejo de Participación Ciudadana debe prepararlo antes de noviembre del 2024, cuando se completa el periodo de seis años de los actuales consejeros electorales.

El presidente del CPCCS, Alembert Vera, mencionó que los concursos públicos que están en curso continuarán con sus cronogramas, aunque de haber autoridades electas en los próximos meses, enfrentarán el inconveniente de que no hay Asamblea Nacional para que tome posesión de sus cargos.

Por ello, no desestimó que, de ser el caso, las personas que sean designadas tendrán que esperar a que esté instalado el Legislativo para que pueda posesionarlos.

De su lado, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, se mostró respetuosa de la independencia de las funciones del Estado y, en este ámbito, sobre las competencias del CPCCS para llevar adelante el concurso de renovación, porque no interfiere con la organización de los comicios, dijo.

Sin embargo, cree que el Consejo de Participación Ciudadana tendrá que “evaluar cuál es el impacto que podría generar en las elecciones que están en marcha”. “Ellos tendrán que medir el alcance de esta normativa y pronunciarse”, manifestó la autoridad.

Su posición se da con base en el artículo 16 del Código de la Democracia que determina que “ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento de los órganos electorales”.

A la pendiente renovación parcial del pleno del CNE, se suma que en la Asamblea Nacional está suspendido el trámite de un juicio político a cuatro consejeros y un exvocal.

En julio del 2022, la Comisión de Fiscalización de ese entonces suspendió temporalmente la sustanciación del enjuiciamiento que presentaron los exasambleístas de Pachakutik (PK) Joel Abad y Mario Ruiz en contra de Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera, Esthela Acero y Luis Verdezoto (que renunció en junio del 2021), hasta que concluya el periodo electoral de las elecciones seccionales y de los vocales del CPCCS que se realizaron el 5 de febrero del 2023.

Ellos son observados por presunto incumplimiento de funciones al no permitir que se verifiquen las inconsistencias presentadas en 39.000 urnas en las elecciones generales de febrero de 2021, según los interpelantes.

La Comisión de Fiscalización suspendió el juicio político acogiendo un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que refirió que el artículo 19 del Código de la Democracia señala que la Función Legislativa no podrá iniciar un juicio político a los integrantes del organismo electoral una vez que se hubiese efectuado la convocatoria al proceso electoral y hasta que este concluya con la proclamación de resultados.

Vocales del Consejo de Participación Ciudadana reciben nueve organismos estatales con 50 autoridades prorrogadas

Este periodo electoral habría culminado el 14 de mayo último, cuando se posesionaron más de 5.000 autoridades electas para los gobiernos seccionales y los siete miembros del CPCCS.

Aunque, la Asamblea Nacional fue disuelta y el CNE se encuentra en periodo electoral extendido, pues organiza la repetición de las elecciones en Calacalí, por lo que no podrían ser sometidos al juicio político hasta que ese proceso se cierre con la proclamación de resultados oficiales.

Adicionalmente, están en periodo electoral para organizar las elecciones generales anticipadas 2023, en la que se elegirán los 137 legisladores y binomio presidencial para completar el periodo de la anterior Asamblea, que fue disuelta por Lasso. (I)