Para la fiscal general, Diana Salazar, los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) Maribel Barreno y Juan José Morillo son autores directos del delito de tráfico de influencias, mientras que el juez de Pichincha Vladimir Jhayya es cómplice dentro de un caso en el que se investigan supuestas injerencias ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, para así salvarla de su destitución del cargo en la Asamblea Nacional.

En total 43 elementos de convicción fueron presentados en audiencia por más de tres horas, la mañana de este miércoles 7 de junio, ante el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Javier De la Cadena, magistrado que reemplaza en el caso denominado Vocales al juez nacional Walter Macías, quien fue suspendido por tres meses a inicios de mayo, por los votos del presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y el vocal Xavier Muñoz.

Para Salazar, el 2 de junio de 2022, en la oficina 1201 del edificio Almagro Plaza, que está bajo posesión del vocal Morillo, se reunieron los ahora procesados y ejercieron influencia en el juez provincial Gusto Osejos para que se resuelva de manera favorable una acción presentada por la hoy expresidenta de la Asamblea Guadalupe Llori. Todo esto se habría dado en presencia de una testigo protegida, que ya rindió su testimonio anticipado bajo juramento, quien intervino en la cita y grabó la reunión.

Publicidad

Al menos diez versiones, un testimonio anticipado, oficios institucionales, certificaciones de la agenda de los procesados y varios informes periciales técnicos de video, audio y fotografías fueron parte de los elementos de convicción presentados por Salazar, funcionaria que llegó a la Corte Nacional en medio de un fuerte operativo de seguridad que incluyó personal armado y una guardia que se mantuvo detrás de la fiscal general mientras ella intervenía en la diligencia.

Los vocales Morillo y Barreno asistieron por vía telemática a la formulación de cargos, pero sus abogados sí llegaron a la sala de audiencias, incluido Jesús López, abogado a cargo de la defensa de Vladimir Jhayya.

Lo que más tiempo le tomó a la fiscal general fue dar a conocer el contenido transcrito del audio con la conversación entre quienes habrían sido parte de la reunión que no se dio en un edificio perteneciente a la Función Judicial o a la Judicatura.

Publicidad

En una hora once minutos y tres segundos, a decir de la Fiscalía, se habrían no solo tocado temas que tenían que ver con la acción de protección de Llori, sino también se hablaba del cambio de fuerzas políticas que se vivía en la Asamblea y cómo eso podría afectar el futuro del juicio político que enfrentaban Morillo, Barreno y el entonces presidente del CJ, Fausto Murillo.

Según las transcripciones, en la reunión se revelan datos sobre los jueces con los que se podía o no conversar para sacar adelante el tema de Llori, así como también se abordaba la situación que se vivía con el exvicepresidente Jorge Glas en Santa Elena, la participación en el tema del presidente de la CNJ, Iván Saquicela, entre otros hechos. Para Salazar, todas estas conversaciones evidenciarían cómo se manejaba y el manejo que se buscaba dar en ciertos casos.

Publicidad

En muchos momentos de la lectura, la vocal Barreno movía la cabeza como rechazando lo que decía la transcripción e incluso lo que dijo la jueza hoy protegida en su testimonio anticipado.

La fiscal Diana Salazar pidió que se ordene prisión preventiva para los vocales Morillo y Barreno y justamente lo hizo tomando en cuenta el nivel de injerencia en la justicia que aparentemente demostraba la transcripción de los audios. Entre los hechos que podrían evidenciar la obstaculización o perturbación del normal desarrollo de la justicia en este caso señaló la suspensión del juez Walter Macías, el inicio de al menos tres acciones disciplinarias contra la jueza que es testigo protegida en esta causa, la entrega de información incorrecta que fue notariada, la falta de apoyo a la investigación y, sobre todo, resaltó, el poder que aún tienen en sus manos los dos vocales de la Judicatura para actuar de forma administrativa (sancionando y suspendiendo) a funcionarios judiciales que están bajo el ojo del órgano de administración, gobierno y disciplina de la Función Judicial.

Un testimonio anticipado y un audio original, elementos centrales de una acusación por tráfico de influencias contra dos vocales del Consejo de la Judicatura

“La prohibición de salida del país, la presentación periódica o el uso del dispositivo electrónico, al brindar un rango de libertad amplio, pondrían en riesgo el fin procesal del juicio, pudiendo continuar realizando acciones los procesados desde esa esfera de poder de la que se encuentran investidos. Actuaciones evasivas de la justicia, como lo han venido realizando por parte de los procesados al momento de obstaculizar el normal desarrollo de la investigación. (...) No hace falta reiterar cada uno de los actos que han venido realizando los dos vocales en beneficio de su impunidad. Solamente quieren obstaculizar el normal desarrollo de la justicia y es que siguen en funciones y continúan suspendiendo, evaluando la acción de quienes serán encargados de administrar justicia. Todo el sistema judicial está en riesgo”, anotó Salazar en el pedido de la medida cautelar de prisión preventiva para Morillo y Barreno.

En cambio, para el juez Jhayya, al no tener el poder que tienen los vocales en funciones del CJ, la fiscal general pidió que a él se le definieran las medidas de presentación periódica, prohibición de salida del país y el uso del grillete electrónico. “El señor Jhayya no representa el riesgo procesal que representan los dos funcionarios encargados de administrar el máximo órgano de la Función Judicial”.

Publicidad

Como medida real para todos se solicitó que se defina la retención y la prohibición de enajenar bienes por un monto de $ 5.100. Un total de 80 días pidió Salazar que dure la etapa de instrucción fiscal.

Por su parte, Dolores Vintimilla, abogada de Barreno, cree que en la formulación de cargos no han existido elementos suficientes contra su cliente, sino más bien “conjeturas”, “comentarios maliciosos” de la fiscal Diana Salazar. Vintimilla sostiene que la fiscal general ha faltado a la verdad, pues los hechos descritos no corresponden a la realidad. Recordó que en al menos dos versiones de jueces que estaban involucrados en la acción de protección solicitada por Llori afirman no haber recibido disposiciones de Barreno o de alguien para tomar una decisión en el caso en cuestión.

Jueza que rindió testimonio anticipado en caso por tráfico de influencias contra dos vocales de la Judicatura es parte del programa de víctimas y testigos

Al testimonio anticipado lo calificó de “fantasioso y mentiroso” y puso en duda la fidelidad del audio grabado en la reunión del 2 de junio de 2022. La duda nacería en que fue la propia testigo la que habría sacado varias copias del audio y entregó siete meses después de realizar la grabación el teléfono a la Fiscalía. También Vintimilla defendió la enemistad manifiesta planteada en este caso contra el juez Walter Macías, medida que no fue aprobada por un Tribunal de la CNJ, y aclaró que aquí existe una persecución de tipo político contra su defendida.

Vintimilla pidió que solamente se aplique la presentación periódica para la vocal Barreno y rechazó la medida cautelar de carácter real que se ha dispuesto.

Maribel Barreno intervino en la audiencia para exigir que se garantice su derecho a ser considerada inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pidió que la Fiscalía actúe con objetividad e imparcialidad y no, dijo, como ha actuado esta diligencia de formulación de cargos, en la que “se ha limitado a realizar conjeturas, amenazas contra quienes tienen que dar fe pública”.

“Que se aplique en este caso el derecho y no otros factores exógenos a la juridicidad, que no exista presión en esta causa, que no existan ideas preconcebidas o prejuicios. Es necesario que se mantenga un absoluto respeto al debido proceso penal. (...) No me dejaré intimidar por amenazas de quien persigue personas y no delitos, de quienes tienen intereses personales en este caso”, concluyó la vocal que llegó al CJ en representación de la Fiscalía.

La siguiente defensa en intervenir fue la del vocal Juan José Morillo. El abogado Geovanny Flores apuntó que la medida de prisión preventiva es desproporcionada, más aún, explicó, cuando no existen ni elementos suficientes ni claros contra su cliente.

Flores pidió al juez De la Cadena que en lugar de la prisión preventiva disponga para su cliente la prisión preventiva cada 30 días, pues Morillo debe viajar fuera del país como parte del cargo que aún mantiene y podría estar en riesgo si se define su arresto. Morillo no intervino en la diligencia, pero sí se sumó a su defensa Julio César Vasco, abogado que también puso en duda el audio que ha servido como elemento central para el inicio del procesamiento y la formulación de cargos. Cree que el audio ha perdido valor al haber sido expuesto a varias copias, las cuales fueron entregadas a autoridades de la Función Judicial que estaban suspendidas, de la entonces Asamblea e incluso de medios como La Posta.

Jesús López, abogado del juez Jhayya, piensa que en los próximos 80 días de instrucción fiscal demostrarán que su cliente no tiene nada que ver con la acción ilícita descrita por la Fiscalía en su formulaicón de cargos. Aunque aplaudió que la Fiscalía no haya pedido la prisión preventiva de su representado, dijo no estar de acuerdo con que se le coloque el dispositivo electrónico de vigilancia e pidió que si se da paso a la presentación periódica se defina que esta se de cada 15 días o cada mes. Se solicitaba esto para que no se limite ni entorpezca las funciones que mantiene como juez de Pichincha.

En este sentido, Diana Salazar dijo que no tenpía problema en el que no se le defina el grillete electrónico a Jhayya, principalmente por que él ha colaborado con la investigación de este caso. En su réplica, la fiscal general se ratificó en todo lo pedido para los dos vocales del CJ, de quienes asegura han entorpecido la indagación y no han colaborado.

También el abogado que representa a la Procuraduría General del Estado. El funcionario defendió lo realizado por la Fiscalía, ya que cree que ha existido una investigación objetiva desde esta instancia y ha fundamentado en ley las medidas cautelares solicitadas.

Finalmente, luego de escuchar a los sujetos procesales, el juez De la Cadena decidió suspender la diligencia hasta las 17:00. A esa hora se reinstalará la diligencia para dar a conocer la resolución oral de si acepta o no la prisión preventiva que pidió la Fiscalía para los vocales de la Judicatura y las medidas alternativas solicitadas para el juez Jhayya. Más allá de eso, el proceso penal arranca formalmente y durará 80 días la instrucción fiscal. (I)