El exministro del Interior Patricio Carrillo Rosero anuncia que acudirá a toda instancia legal para defender su cargo como asambleísta nacional electo en las elecciones del 20 de agosto por el movimiento Construye.

La aclaración surge tras la información que se registra en el portal del Ministerio del Trabajo, donde se indica que Patricio Carrillo tiene impedimentos legales para ejercer un cargo público, esto porque fue censurado por la Asamblea Nacional, en febrero pasado, tras un juicio político planteado desde el lado del correísmo.

Patricio Carrillo registra impedimentos legales para ejercer cargos públicos, según el Ministerio del Trabajo

El asambleísta que lidera la lista de los representantes del movimiento Construye indicó que su caso, en lo político, está resuelto, pues 1,8 millones de ecuatorianos le dieron su respaldo en las urnas el pasado 20 de agosto; en lo legal, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ya se pronunció de que no existían inhabilidades, y en el resto, existe jurisprudencia, pues no se cuestionó con el mismo interés a otros legisladores que sí lograron posesionarse cuando estaban sentenciados, como los exasambleístas del correísmo Victoria Desintonio y Walter Gómez.

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También señaló que existe otro tipo de legislación que son los tratados internacionales en los cuales Ecuador es suscriptor, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que habla claramente sobre los derechos de participación, donde el único impedimento que cabe es cuando la persona tiene sentencia de carácter penal, que no es su caso.

Carrillo dijo que el grupo político que representa al correísmo ha iniciado una campaña no solo para pedir la nulidad de las elecciones en las circunscripciones del exterior, sino también, permanentemente ha impedido que el binomio presidencial que integraba Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto, pueda participar.

A criterio del asambleísta electo, el movimiento de la Revolución Ciudadana ha venido cuestionando a Carrillo desde que fue comandante general de la Policía, luego como ministro de Estado y ahora en la condición de asambleísta; y “lo hace justamente a partir de la denuncia sobre el robo atroz de $ 950 millones al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol)”. (I)