Al menos 67 postulantes que fueron inadmitidos para conformar la comisión ciudadana de selección que organizará el concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana para designar a la autoridad de la Contraloría General del Estado podrán presentar una declaración juramentada que acredite su trayectoria en organizaciones sociales.

El pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió este 8 de diciembre, en una plenaria virtual, dar un plazo de tres días adicionales para que aquellos ciudadanos que fueron inadmitidos del concurso de méritos para ser comisionado ciudadano, puedan presentar una declaración juramentada en la que certifiquen tener trayectoria en organizaciones sociales, participación ciudadana, lucha contra la corrupción, o reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico de defensa del interés general.

La decisión se tomó luego que el equipo técnico (conformado por ocho delegados de los cuatro consejeros de mayoría del Consejo) que revisó los expedientes de 156 concursantes inscritos concluyó que 49 hombres y 40 mujeres fueron inadmitidos porque no acreditaban esta trayectoria, que está estipulada en los numerales 4 y 5 del artículo 20 de la Ley del Consejo de Participación.

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El pleno se acogió al numeral 7 del artículo 7 del reglamento de designación sobre las Atribuciones, con que pueden “absolver consultas sobre la aplicación de las normas contenidas en el presente reglamento y resolver sobre situaciones no previstas, cuyas resoluciones serán de cumplimiento obligatorio”.

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En una primera ocasión, el equipo técnico reconoció que durante el procedimiento de evaluación, detectaron que en estos numerales hay “términos subjetivos” que impedían verificar el cumplimiento de los requisitos, pues no presentaban certificados que lo demuestren, por ejemplo.

Para evitar afectar los derechos de participación, el pleno pidió una ampliación de este informe, que se conoció este miércoles y finalmente se resolvió permitir la entrega de esta declaración, lo que se aprobó con seis votos afirmativos de los consejeros y el voto en contra de Javier Dávalos.

Este último consejero rechazó este procedimiento, al argumentar que el reglamento para el efecto prohíbe que los concursantes hagan alcances o entreguen información adicional, después de haberse cumplido el plazo para postularse al concurso.

Durante esta plenaria, se recibió también al coordinador de la veeduría ciudadana que vigila la transparencia de este concurso público, Guido Egas Tello, quien días atrás alertó al organismo de actos u omisiones que afectaban el proceso. Detalló que no se le entregaba información que había solicitado y que observaron una presunta falta de uniformidad para revisar el cumplimiento de los requisitos de los ciudadanos que postulan a ser comisionado.

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Sin embargo, al presentarse ante el pleno, Egas se mostró complacido de que horas antes había recibido la contestación a tres solicitudes de información que realizó, relacionadas con el presupuesto, el cronograma y el número de postulantes que se inscribieron.

Respecto del concurso de méritos para seleccionar a los miembros de la comisión ciudadana que designará al titular de la Defensoría Pública, los consejeros aprobaron el informe de recalificación de méritos que hicieron diez postulantes.

Con ello, el pleno definirá a los 30 mejor aspirantes calificados -de un total de 62 que fueron admitidos-, para de ese número escoger por sorteo público a los cinco miembros principales y cinco suplentes que formarán la comisión ciudadana. (I)