La mañana de este lunes se suspendió la audiencia de juzgamiento contra 27 personas acusadas de supuestamente participar en el ataque y posterior incendio del edificio principal en Quito de la Contraloría General del Estado (CGE) en octubre de 2019, en medio de las protestas sociales contra las medidas económicas que había adoptado el gobierno del presidente Lenín Moreno.

La jueza penal de Pichincha, Ana Guerrón, fue quien emitió el auto de llamamiento a juicio de las 27 personas procesadas por los delitos de sabotaje, paralización de un servicio público y destrucción de registros.

Jueza de Pichincha llama a juicio a los 27 acusados del ataque y posterior incendio de la Contraloría durante las protestas de octubre de 2019

El presidente del Tribunal de Juicio, Edmundo Samaniego, aparentemente habría adoptado la decisión de suspender la diligencia debido a que creía necesaria para continuar con el procesamiento la presencia de traductores de la lengua kichwa y shuar. La medida se toma para evitar la violación de derecho alguno, debido a que una buena parte de los procesados son de origen indígena y hablan una de esas dos lenguas ancestrales.

Los 27 procesados detenidos el 12 de octubre de 2019 serían 26 hombres y una mujer, la mayoría mantendría edades no mayores a los 22 años y al menos 25 de ellos tienen origen indígena.

Para Mariana Yumbay, defensora de varios de los acusados, no se ha demostrado que los 27 procesados hayan destruido la Contraloría. Ella insiste en que debe existir una investigación de lo que sucedió dentro del edificio de la CGE y que se encuentre a los culpables, pero asegura que ese trabajo no se ha hecho desde la Fiscalía.

Ernesto Pazmiño, abogado de Lenín Y., Segundo P. y Danny F., está convencido de que el llamamiento a juicio se trata de un asunto político. “La jueza actuó por presión política y mediática (...). No existe en la instrucción fiscal evidencia de que se cometió el delito de destrucción de archivos y no hay certeza de ninguna participación delictiva de los acusados”.

La Contraloría ha explicado que los implicados fueron detenidos por la Policía en el interior del edificio matriz de la CGE, principalmente en la terraza del inmueble. La institución recordó que en marzo de 2020 la jueza Guerrón aceptó el pedido de nulidad expuesto por varias defensas de los procesados, quienes argumentaban la falta de una pericia de interculturalidad, hecho que retrasó el proceso más de un año.

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La investigación de lo ocurrido en la CGE son parte de uno de los 819 casos que, a octubre de 2020, la Fiscalía abrió a nivel nacional, ya sea por una denuncia o de oficio, por algún tipo de delito penal que ocurrió entre el 3 y el 13 de octubre de 2019, durante las protestas sociales contra el Decreto 883 con el que se pretendía eliminar los subsidios al diésel y a las gasolinas extra y ecopaís.

Por el delito que se procesa, la audiencia en este caso es de carácter reservado. (I)