Para el 8 de octubre del 2023 está previsto que 4.425 electores de la parroquia de Calacalí, de Quito, acudan a las urnas para la elección de sus cinco vocales de la Junta Parroquial, como parte de la repetición de las elecciones de esa dignidad, cuyo costo bordeará los $ 702.400.

Con los votos afirmativos de los consejeros José Cabrera, Diana Atamaint y Esthela Acero, la abstención del vicepresidente Enrique Pita y la ausencia de Elena Nájera, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el Plan Operativo Electoral (POE) para repetir este proceso de sufragio, en una sesión que se realizó la noche del 21 de abril de 2023.

La repetición de las elecciones de vocal de junta parroquial se da en cumplimiento a una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que declaró la nulidad de las elecciones del 5 de febrero pasado de los vocales de la Junta Parroquial, debido a que el voto nulo superó a los votos válidos.

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El 14 de abril de 2023, por unanimidad del pleno del TCE, se ordenó al CNE convocar a una nueva elección desde la fase de democracia interna, es decir, desde la inscripción de candidaturas para esa dignidad de elección popular.

Se dispuso que el calendario electoral reduzca en lo máximo posible los plazos establecidos en los reglamentos y respete aquellos fijados para ejercer el derecho a recurrir que asiste a los sujetos políticos (movimientos, partidos y candidatos).

En ese contexto, el CNE se prepara para efectuar esta jornada de votación, y una de las primeras actividades que realizará es un consejo consultivo en el que participarán sus vocales y los delegados de organizaciones políticas. Este encuentro se realizará este 26 de abril en la delegación electoral de Pichincha del CNE.

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Como parte del calendario electoral, la autoridad electoral tiene previsto convocar a elecciones el 7 de junio próximo, aunque desde este 26 de abril arrancará la etapa de democracia interna, para que los movimientos y partidos políticos escojan internamente a sus candidatos. Esta fase se extendería hasta el 10 de mayo.

Luego, la inscripción de candidaturas se desarrollaría desde el 10 de junio hasta el 24 de junio; y, de acuerdo con otros plazos para el trámite de recursos de objeción, impugnación y contencioso electorales, el 15 de septiembre se conocería el listado oficial de candidatos inscritos.

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Con el número total de candidatos participantes, la campaña electoral sería desde el 19 de septiembre hasta el 5 de octubre; hasta llegar al 8 de octubre, cuando se realizará el sufragio de la repetición de las elecciones de vocales de la Junta Parroquial.

La posesión de las autoridades electas se realizaría el 12 de diciembre, una vez que se hayan resuelto todos los recursos administrativos y legales, tanto en el CNE como en el TCE, a los resultados de la votación y adjudicación de dignidades.

Para la repetición de estas elecciones, el Consejo Electoral presupuestó un valor que bordea los $ 702.400, en el que se contempla la impresión de papeletas, contratación de personal, pago a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, entre otros rubros.

En Calacalí son 4.425 electores, y las juntas receptoras del voto, encargadas de receptar sus votos, estarán integradas por aquellos ciudadanos que fueron seleccionados para los comicios del 5 de febrero pasado.

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La noche del viernes, el pleno del CNE también aprobó el límite de gasto electoral y el fondo de promoción electoral para la campaña promocional de los candidatos que sean postulados por los grupos políticos o alianzas.

De acuerdo con los términos establecidos por el Código de la Democracia, el límite del gasto electoral, que son los recursos privados a los que pueden acceder los sujetos políticos, se fijó en $ 4.000; en tanto que el fondo de promoción electoral, que corresponde a recursos públicos, será de $ 1.800 estimando que se presenten seis listas.

Estos lineamientos se aprobaron en una plenaria virtual que no estuvo exenta de incidentes, debido a que la consejera Elena Nájera reclamó que se habría producido un “sabotaje” a su participación, pues no pudo ingresar desde el inicio de la reunión a la plataforma Zoom y no expresó su voto sobre la aprobación del Plan Operativo Electoral.

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, pedía a la presidenta Diana Atamaint que se dé un tiempo para que la consejera pueda ingresar. Después de varios minutos, Nájera reportaba problemas técnicos y la sesión avanzó sin ella.

En la votación por el POE, Pita se abstuvo, según esgrimió, porque las recomendaciones que realizó su despacho no fueron incluidas; además, criticó que el presupuesto planteado ($ 702.000) contempla el costo por elector similar al de las elecciones del 5 de febrero.

“En ningún caso se debe asumir que el costo por elector de este proceso debe ser similar al del último proceso (5 de febrero), por cuanto las tareas a asumir por el personal son específicas para un solo evento, a diferencia de un proceso electoral general, por lo que las responsabilidades se pueden asignar en varias actividades”, recalcó el consejero.

Si bien se abstuvo de aprobar el presupuesto, mostró su aceptación respecto del calendario electoral. Sin embargo, al constar en un solo paquete, la alternativa era la abstención, explicó.

Por su parte, los consejeros José Cabrera, Diana Atamaint y Esthela Acero se pronunciaron a favor; y Elena Nájera, cuando logró ingresar a la sesión virtual, aseguró que no tenía problemas de conexión y acusó al personal del CNE de sabotear su participación.

“Cuando tengo problemas que no son imputables a mi persona ni a mi equipo ni a mi internet, es un problema del CNE, que bloquearon mi acceso, y eso se llama sabotaje”, espetó Nájera, y planteó como moción que se reconsidere la votación del POE.

La presidenta Diana Atamaint se molestó por sus comentarios, aseguró que no había manera de bloquear su ingreso al Zoom y que debía demostrar el sabotaje. En medio de acusaciones y reclamos, la moción de reconsideración no se elevó a votación y Atamaint clausuró la sesión.

En este coyuntura, el Consejo Nacional Electoral no descarta que pueda sumarse la consulta popular planteada por colectivos ciudadanos sobre la explotación minera en el Chocó Andino. (I)