El incremento de hechos delictivos que propiciaron ataques a periodistas en las últimas semanas preocupa al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) (Committee to Protect Journalists en inglés). Carlos Lauría, consultor senior para América Latina del CPJ, junto a Carlos Martínez de la Serna, director de Programas del organismo, presidieron una delegación que visitó a Quito en los últimos días para conocer de cerca las posiciones de la sociedad civil, periodistas y autoridades sobre el ejercicio de la libertad de expresión. Hubo reuniones con la titular de la Fiscalía General, Diana Salazar, con Sebastián Corral, secretario de la Administración de la Casa de Gobierno y con la secretaria de Comunicación, Wendy Reyes. La expectativa era dialogar con el presidente de la República, Guillermo Lasso, pero por sus condiciones de salud, esto no se concretó.

Su paso por el país dejó a Carlos Lauría preocupado por la coyuntura política, social y de violencia que está afectando a la actividad periodística, cuyo efecto incide en la “calidad de la democracia”. El periodista argentino detalló que el Gobierno nacional ofreció acciones para atender la situación, pero cree que urge la intervención de la comunidad internacional para que se cumpla con esos compromisos y apoye con recursos para capacitación, por ejemplo. “El Gobierno está dispuesto a dialogar francamente, pero hasta ahora se ha quedado en la retórica, abrumado por la cantidad de problemas en el país”, reflexionó Lauría.

¿Qué motivó la visita de esta delegación a Ecuador?

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La escalada de violencia que ha experimentado la prensa en los últimos dos años, con particular o inusual virulencia en los últimos meses, en los que se ha visto casos extremos de medios de comunicación que han sido atacados con pendrives explosivos, de una periodista que salió del país por amenazas debido a su cobertura en temas carcelarios. Son factores que nos llevaron a tener esta misión para constatar y solidarizarnos con los periodistas, para reunirnos y recabar información pormenorizada y extensa; además de la posibilidad cierta de interactuar con representantes del más alto nivel del Gobierno y otras autoridades en áreas sensibles. Como organización internacional queremos expresar al exterior qué es lo que está ocurriendo para que se tome nota y no se abandone al Ecuador, que merece el apoyo y la atención de la opinión pública internacional. También hay que reconocer que estamos ante la presencia de un Gobierno que ha asumido un compromiso retórico con la libertad de expresión, por lo que nuestro contacto inicial fue que podíamos ser recibidos por el presidente de la República, funcionarios de alto rango y la fiscal del Estado y encontramos acogida. Con ellos tuvimos un diálogo muy franco y directo, como con el secretario de la Administración (Sebastián Corral) y la secretaria de Comunicación (Wendy Reyes), en donde se asumió acciones concretas para ratificar el compromiso retórico con la libertad de prensa y, de alguna manera, mejorar la seguridad de los periodistas.

¿En qué consisten esos compromisos gubernamentales?

Tienen que ver con reglamentar la Ley de Comunicación que, hasta el momento no tiene reglamento. Esto ocurriría próximamente, nos manifestó Sebastián Corral. En segundo lugar, la ley tiene mecanismos de protección que actualmente no tienen financiamiento. El 99 % del financiamiento proviene de los sueldos de los funcionarios, no tiene presupuesto y, por consiguiente, es un mecanismo que no puede cumplir con su tarea de prevención, protección, de ver cómo se puede hacer en la procuración de justicia. En la reunión que mantuvimos con la fiscal Diana Salazar le expresamos la preocupación por la falta de resultados en las investigaciones y con franqueza, nos explicó que los tiempos judiciales no van de la mano con los tiempos periodísticos y es comprensible. Aunque también habló de una falta de confianza de los periodistas que no presentan las denuncias y con la experiencia que tenemos en el funcionamiento de protección en otros países, le expresamos que la confianza se construye con resultados, que mientras no haya resultados en investigaciones sobre los casos, va a ser muy difícil que confíen y presenten sus denuncias. Sin embargo, nos expresó también, que para la Fiscalía no hay recursos para dotar al programa de atención a víctimas y para apoyar a periodistas que han sido amenazados y necesitan protección. Se lo planteamos al Gobierno y se dijo que trabajaría para dar esos recursos.

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Años atrás Ecuador llamaba la atención por la presión que se ejercía desde el gobierno de Rafael Correa hacia la prensa; y ahora es por esta crisis de inseguridad.

No soy experto en seguridad para explicar sobre la dinámica y cambios sobre la presencia del crimen organizado, pero es una realidad. Estos grupos están produciendo un aumento inusual de la violencia, con una frontera porosa en donde hay grupos ilegales y otra dinámica con fenómenos de minería ilegal y los periodistas que trabajan en esas zonas no pueden informar porque tienen terror, pánico. Esto es grave, porque son problemas que afectan a la población y están siendo silenciados. En esos casos, el periodismo libre tiene un rol relacionado con la democracia y, así no hay posibilidad de informar sobre temas importantes para que la ciudadanía tome decisiones. También para los encargados de formular políticas públicas, cómo hacen si no saben lo que pasa. Esto tiene un impacto directo sobre la calidad del sistema democrático. Este es un periodo distinto, porque en otra época había problemas de juicios desde el poder central a la prensa escrita; un periodo en el que se mandó un mensaje de ‘cuidado aquellos que opinan de manera crítica’, ‘cuidado investigan casos de corrupción’. El mensaje al interior del periodismo era ‘cuidado con ello’ y ha calado profundamente en la sociedad, porque esa retórica constante de que los periodistas son mediocres, corruptos, sicarios de tinta ha producido un impacto fuerte, porque cuando van a una cobertura no pueden llevar sus identificaciones. A eso se suma el impacto de la pandemia que ha producido el cierre de medios de comunicación, ha acelerado la crisis, se abren plataformas digitales que no es fácil sostenerlas… Hay una crisis del periodismo que se suma a esta escalada de violencia, que para nosotros era importante estar acá con un mensaje de solidaridad. Ecuador necesita atención y tratar de alertar sobre lo que está pasando antes de que se ponga peor. El Gobierno está dispuesto a dialogar francamente, pero hasta ahora se ha quedado en la retórica, abrumado por la cantidad de problemas.

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¿Cómo pueden apoyar los organismos internacionales y a dónde debe dirigirse esa atención?

Prestando apoyo al Gobierno para que asuma sus compromisos; manifestando, a través de sus sedes diplomáticas, sobre el rol de la prensa. Hay fondos de la cooperación internacional que pueden ser destinados para capacitar a periodistas en cómo protegerse, entrenamiento digital para actuar frente a hackeos, amenazas en redes sociales. Hay maneras para que las organizaciones de la sociedad civil apoyen a los medios de comunicación que están en una situación en las que no hay sostenibilidad.

¿Cuál es el papel del Estado? Porque hay un discurso de rechazo a los periodistas

En Ecuador hay un derecho fundamental consagrado en su Constitución que es el derecho de la libertad de expresión y el Gobierno tiene la obligación de protegerlo. Eso no es un privilegio de los periodistas, no se trata del periodista, porque este es un problema que está afectando a la ciudadanía. El hecho de que la gente no pueda acceder a información porque los periodistas tienen terror, ahí hay una responsabilidad del Estado. Ineludible. El Gobierno ecuatoriano es consciente de la responsabilidad que tiene.

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¿Preocupa la situación ecuatoriana vista desde afuera?

Ecuador merece la atención de la comunidad internacional, es muy complejo lo que está sucediendo y parece ceñirse una suerte de condiciones que pueden hacer una tormenta más fuerte de la que hay: la violencia, la inseguridad y la coyuntura política... A veces problemas que tienen países con peso político y una población mayor no permiten ver otras situaciones. Ecuador no está recibiendo la atención que requiere y que como vemos, están pasando cosas que antes no pasaban, como que salgan del país periodistas, que les quemen los vehículos, reciban artefactos explosivos, que estén amordazados porque tienen terror. Queremos poner el foco de atención porque hay la oportunidad de actuar antes de que la situación empeore.

Es decir, ¿acciones urgentes porque el futuro puede ser más problemático?

Hemos visto situaciones similares que pueden terminar con una democracia debilitada. A una comunidad desinformada y con zonas cada vez más silenciadas, eso tiene impacto en la calidad de la democracia. Menos información, menos democracia; menos posibilidad de la gente de acceder a información y eso es una gravedad enorme.

¿Considera que este fenómeno obliga a prepararse para nuevas formas de hacer periodismo?

El periodismo va a tener que adaptarse a estas circunstancias porque no las había vivido antes y ahí hay un aprendizaje que va a llegar de la mano de conocer qué han hecho colegas en otras partes del mundo para actuar con responsabilidad, para no poner en peligro a las víctimas e informar a la comunidad sobre estos temas. Es un desafío y es importante que se pueda cumplir con su labor, porque de lo contrario, la ciudadanía va a estar desinformada sobre los hechos que pasan a su alrededor. (I)