Carlos Riofrío culminará su encargo en la Contraloría General del Estado en esta semana, una vez que la Asamblea Nacional posesione a Mauricio Torres, quien fue seleccionado para esas funciones luego de un tortuoso concurso de oposición y méritos que duró casi un año.

En esta entrevista con EL UNIVERSO, Riofrío hace un repaso a su gestión, que se desarrolló bajo la sombra de dos excontralores, Carlos Pólit y Pablo Celi, procesados por actos de corrupción y que generaron un deterioro de la imagen de la institución.

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¿Cómo evalúa estos dos años y medio en el cargo?

La evaluación es positiva. Es un trabajo que ha realizado con todos los servidores de la Contraloría, con el cual hemos elevado la imagen de la institución durante este periodo. Se han aprobado más de 2.725 informes, de los cuales se desprendieron 625 de indicios de responsabilidad penal. Todos ellos se han enviado a la Fiscalía; se han establecido responsabilidades administrativas, civiles y penales por más de $ 2.700 millones, que siguen su debido proceso. Dentro de ese monto están los 1.200 millones de la Refinería del Pacífico.

¿Pero cuánto es lo que efectivamente se ha recuperado con esas glosas o multas?

A través de la Unidad de Coactivas y Recaudación hemos tenido un crecimiento del 380 % en la recaudación. Cuando inicié mi acción como contralor la recaudación apenas llegaba a $ 1,5 millones. Durante este periodo se han recaudado $ 14,6 millones en lo que corresponde a responsabilidades administrativas y civiles.

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Pero ese monto, comparado con el universo de los $ 2.700 millones, es muy poco.

Aparentemente es poco porque se siguen todos los procesos de acuerdo con la ley. Existen varias acciones que puede seguir el auditado y llegar al Tribunal Contencioso Administrativo y eso puede ocasionar que se dilate ese cobro. Sin embargo, lo que sí se confirma en auditoría y que pasa a coactivas son los valores que se han incrementado. Nosotros tenemos pensado crear una unidad específica dentro de coactivas para el proceso de embargo de los bienes en caso de que no se llegue a cubrir esos valores. Pero para eso necesitamos una unidad de personal especializado en eso, tener dónde almacenar todos los bienes y que esos también se puedan rematar y recaudar.

Pero ya no alcanza a hacerlo…

Si, le tocará al nuevo contralor. Lo que pasa es que se necesita presupuesto, personal especializado, espacios y hacer convenios, porque de lo contrario no tendríamos dónde almacenar todos los bienes que se van a embargar. Y también tener peritos para saber exactamente cuáles son los valores por los que se tendrían que rematar y la recaudación efectiva que se pueda lograr.

¿En qué etapa se halla el cobro de la glosa de la refinería?

Ya esa glosa fue confirmada a través de resolución por parte de la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría. El siguiente recurso que cabe ahí es el de revisión en sede administrativa… Las personas que estaban vinculadas con la responsabilidad han presentado una demanda ante el Contencioso Administrativo.

¿Y cuánto puede durar el trámite de esa demanda en ese tribunal?

Bueno, la experiencia que hemos tenido nos dice que puede durar un año, dos y hasta diez.

¿Y los fallos, históricamente, han sido a favor o en contra?

De todo, a favor y en contra.

A raíz de denuncias de la embajada de Estados Unidos, Contraloría hizo exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales a los generales de la Policía y algunos jueces. ¿Se avanzó en la investigación a los militares?

En el caso de la Policía, se hicieron al 100 % de los generales de la Policía. De estos se establecieron tres responsabilidades con indicios de responsabilidad penal que fueron tramitados. Los demás informes salieron como generales. Una vez que terminamos y concluimos, continuamos haciendo también las declaraciones patrimoniales de jueces a nivel nacional. Sacamos una muestra de 33 jueces, considerando que existen más de 1.200 y en función de eso es complicado que la Contraloría abarque todo. También se establecieron algunos indicios de responsabilidad penal respecto de esas declaraciones, porque no justificaban el incremento del patrimonio que tenían… De los 33 jueces cinco están con informes con indicios de responsabilidad penal que ya están enviados a la Fiscalía. Y actualmente estamos realizando el examen especial a las Fuerzas Armadas, empezamos con 56 generales de las tres ramas. De esos, este año haremos 18 y continuaremos el siguiente. Depende de la disponibilidad de personal.

¿Están auditando a los funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso? Se ha mencionado que se está investigado al exsecretario de la Administración, Sebastián Corral.

Se hizo una verificación preliminar y el equipo de auditoría decidió de que sí ameritaba que se haga un examen especial. Se emitió la orden de trabajo en septiembre y está en ejecución. Entiendo que la comunicación de resultados va a salir máximo hasta la próxima semana (la semana anterior) y en función de eso se leerá el informe. El examen se hizo al impedimento que tenía de ejercer ese cargo por el hecho de ser dueño de un medio de comunicación, por lo tanto tenía un conflicto de intereses.

La ley los faculta para auditar hasta siete años atrás. ¿En qué gobierno están trabajando ahora?

Ya se terminó de auditar el periodo de Rafael Correa en su gran mayoría; ahora estamos con el periodo de Lenín Moreno, y concluyendo su periodo empezaremos con el de Guillemo Lasso, en el 2024 determinaremos qué acciones se van a seguir. En el caso del secretario de la Administración Pública, como le digo, se está haciendo el examen especial específico.

Si ya han auditado a Correa, están con Moreno y algunos temas de Lasso, ¿se puede determinar en qué gobierno ha habido más corrupción?

No podría pronunciarme si hubo un incremento o un decremento de actos de corrupción. Eso depende de las instituciones públicas y por los montos que se han manejado de contratación en cada una de ellas.

Cuando usted llegó a la Contraloría, en varias encuestas la institución tenía una baja calificación de su imagen porque los anteriores contralores estaban procesados por corrupción, e incluso algunos servidores estaban relacionados con estos casos. Usted comentó que realizaría una depuración interna. ¿Se hizo esto?

Nosotros hacemos evaluaciones todo el tiempo del cumplimiento de funciones de cada uno de los servidores. En los casos que hemos visto cualquier acto irregular en el desempeño de las funciones, el personal ha sido destituido en algunos casos. En otros han tenido que presentar la renuncia y en otros, cuando no se ha podido comprobar realmente del ilícito, lo hacemos movimientos internos y pedimos el seguimiento continuo de las actividades que realice este servidor.

¿Cuántos han sido destituidos?

Creo que no creo que lleguen más de cinco. Lamentablente la destitución no se puede dar así nomas porque son personal de carrera y si usted no lleva a cabo el debido proceso y no se comprueba el ilícito o la denuncia que se haya presentado, pues no se puede destituir a un servidor.

¿Sintió presiones políticas en su gestión?

Ninguna.

¿Nunca le llamaron a pedir investigaciones?

Los pedidos siempre han sido formalizados e ingresados a la Contraloría. Ha venido de los asambleístas, servidores o representantes de las mismas instituciones, y de la ciudadanía. Pero presiones de direcccionar los resultados no ha habido, de ninguna forma.

Hablando de las presiones, se dijo que usted entregó muy rápido el examen especial a la declaración patrimonial de Guillermo Lasso cuando saltó el caso de los Pandora Papers. ¿Cómo se manejó eso?

El proceso se cumplió en debida forma. El equipo de auditoría recabó toda la documentación con rapidez (porque) hubo la agilidad en la entrega de la información. La Presidencia de la República que entregaba inmediatamente, máximo a las 48 horas, todo lo que se le solicitaba en información, certificaciones e inclusive los documentos apostillados que se pedían de Panamá, que era el motivo de la denuncia... Eso dio la facilidad para que el equipo concluya antes del tiempo previsto.

El proceso de elección del contralor fue muy accidentado, duró un año entre cambios de reglamentos y autoridades, y acciones de protección, y hubo intereses políticos detrás. ¿Por qué cree usted que la Contraloría es tan apetecida por grupos políticos?

Bueno, el proceso siempre se llevó a cabo a través del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros no tuvimos ninguna injerencia, yo no participé para ser electo contralor general del Estado. En ese sentido hemos conocido a través de los medios de comunicación cómo se ha dado ese proceso. La Contraloría General del Estado es un organismo superior de control que maneja y verifica el uso de los recursos públicos y lógicamente a nadie le gusta que le controlen y saber cómo se usan esos recursos. Entonces, en algún momento también la Contraloría sirvió como un ente de persecución y por lo tanto entendería yo que esa es la motivación. Pero esa historia ya ha cambiado en estos dos años. Todo es técnico, todo es planificado, no hay direccionamiento a nadie, absolutamente a nadie.

Usted ya salió bien librado de un pedido de juicio político, ¿pero teme que la próxima Asamblea lo llame a rendir cuentas o lo interpele nuevamente?

Como servidores públicos estamos obligados a rendir cuentas. No, no creo que haya los elementos para otro (intento de) juicio, en el anterior nunca hubo los votos para que se inicie y por eso no progresó.

¿Ya tuvo reuniones con el contralor entrante?

Sí, nos reunimos la semana pasada, conversamos sobre cómo está la institución y ya se inició la transición entre los dos subcontralores entrantes y los dos salientes para que conozcan cómo está funcionando la Contraloría, qué es lo que se ha ejecutado, qué está en ejecución y vamos a absolver cualquier situación o duda que ellos tengan para hacer una transición ordenada. (I)