Xavier Torres Maldonado, con 91/100 puntos, sería el nuevo contralor del Estado, según informe final de la comisión ciudadana

Tras un año de desarrollo del concurso público para la designación del titular de la Contraloría General del Estado, la comisión ciudadana de selección cerró la fase de recalificación de méritos y del examen escrito de 103 candidatos a ocupar el cargo y aprobó el informe final en el que Xavier Torres Maldonado se impuso con 91/100 puntos, siendo el mejor calificado y próximo contralor.

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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) fue el escenario de varias sesiones este 1 de noviembre, relacionadas con la selección del nuevo contralor del Estado, quien estará en funciones por los próximos cinco años y reemplazará a Carlos Riofrío González, que se encuentra en funciones prorrogadas y cumplió el periodo para el que fue electo, en el 2017, Carlos Pólit Faggioni, procesado por hechos de corrupción.

El concurso para elegir a esta autoridad inició con la convocatoria a postularse del 14 al 25 de noviembre del 2022 y, un año después concluirá con la designación que estará en manos del pleno del Consejo de Participación Ciudadana, basándose en el informe final que aprobó la comisión ciudadana la tarde de este 1 de noviembre de 2023, ya que es vinculante.

En ese documento consta el listado de los aspirantes con sus notas de méritos y examen escrito, cada una calificada sobre 50 puntos.

El lunes, 30 de octubre, la comisión aprobó el informe de recalificación de los méritos que solicitaron 56 personas.

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Luego, en la jornada de este miércoles, en una primera sesión de las 14:00, se aprobó el informe de recalificación de los puntajes de la prueba escrita que presentaron quince postulantes, pero se aceptaron solo tres: José Benítez, a quien se le subió un punto y pasó a 39; de Santiago Ochoa, de 39 a 40; y, Alejandra Vivanco, de 33 a 34 puntos.

Dos horas más tarde, a las 16:00, se aprobó el informe final de méritos y prueba escrita. Los votos afirmativos fueron de los comisionados en representación de la ciudadanía: Marco Chalco, Carmen Atupaña, Lenin Uquillas, Janeth Ojeda y, de los delegados de las funciones del Estado, Maribel Baldeón (Electoral), Eugenia García (Judicial) y Jhossueth Almeida (Ejecutiva) y Raúl Guaña (de Transparencia y Control Social).

Los comisionados Melisa Cabrera (ciudadanía) y Nary Galarza (que actúa en delegación de la Asamblea Nacional pese a que fue disuelta), no asistieron ni de forma presencial ni virtual.

Antes de la aprobación, el presidente de la comisión, Marco Chalco rechazó las presiones políticas que habrían enfrentado en la organización del concurso público, pero dijo: «nos hemos puesto mucha vaselina» para que ‘resbalen’ las críticas y resaltó el acompañamiento de actores sociales que asistieron al Consejo para respaldarlos con aplausos y vivas.

En el proceso fueron admitidas 103 personas que superaron las fases de impugnación ciudadana y calificación de méritos; aunque, al examen escrito asistieron únicamente 48 personas por lo que 55 fueron automáticamente descalificadas, según lo establece el reglamento por ser un requisito de obligatorio cumplimiento.

De los 48 examenes, 42 fueron validados con sus notas respectivas, ya que las seis restantes habían sido tachadas o dejadas en blanco, explicó Chalco.

De los 42 candidatos, los diez mejor puntuados son:

De esta nómina se desprende que Xavier Torres Maldonado obtuvo el más alto puntaje: 91/100.

Una vez que la comisión ciudadana aprobó este informe final vinculante lo enviará al pleno del Consejo de Participación Ciudadana para que designe a la nueva autoridad en un término de dos días.

Está previsto que entre el lunes, martes o miércoles, los siete vocales del CPCCS se reúnan y designen al contralor, que deberá esperar la instalación del nuevo pleno de la Asamblea Nacional para que sea posesionado en el cargo y asuma funciones hasta el 2028.

La comisionada Maribel Baldeón indicó que hasta este día no hubo resultados de acciones de protección que están en trámite en las unidades judiciales, que dispongan la suspensión del concurso o reiniciarlo en alguna de las fases anterior.

Chalco aclaró que la comisión ciudadana aún no cerrará sus actividades, pues debe aprobar actas de sesiones anteriores.

Denuncias de intimidación expuso la comisión ciudadana al pleno del CPCCS

Previamente a tomar esta resolución, en horas de la mañana y con una hora y media de retraso, se retomó una sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que los diez miembros de la comisión ciudadana que eligen al contralor del Estado expliquen las incidencias y reclamos de postulantes que se presentaron en las diferentes fases del concurso público.

De los diez comisionados, cuatro asistieron de forma presencial, cinco virtual y la ausente fue Nary Galarza, quien actúa como delegada de la Asamblea Nacional, pese a que esta fue cesada.

El presidente, Marco Chalco explicó cómo avanzaron las fases del concurso y denunció que en los últimos días ha sido intimidado, al igual que sus compañeros, de lo que denominó «fuerzas oscuras», aunque no mencionó nombres.

Defendió la «transparencia» de sus actuaciones en la revisión de los méritos, la prueba escrita y las recalificaicones.

Los consejeros de mayoría hicieron preguntas de los procedimientos y concentraron sus dudas en por qué se suspendió al exsecretario de la comisión, Fernando Toral.

Chalco detalló que Toral perdió la confianza de los comisionados luego que les pidió que anulen el informe de las notas de la prueba escrita que se aprobó el 1 de octubre y no había cumplido con la notificación a los concursantes.

Su colega, Maribel Baldeón, alertó que, además de no haber acatado las decisiones de la comisión, el exsecretario no ha entregado las actas de las sesiones desde que asumió funciones.

Los consejeros de minoría Augusto Verduga, Yadira Saltos y Johanna Verdezoto, increparon a la comisión por lo que consideraron como falta de transparencia en la última fase de recalificación de los puntajes y por la suspensión de Toral, quien fue exfuncionario del despacho del expresidente del CPCCS, Alembert Vera, destituido por la Corte Constitucional (CC).

Verduga, por ejemplo, los criticó por no tener las actas de las sesiones y por no haber recalificado en sesiones públicas.

Chalco y Baldeón aclararon que fue Toral quien no dejó las actas al salir del Consejo y que las reuniones de trabajo en las que se recalificó los méritos de 56 personas, están grabadas en una computadora, pero no fueron transmitidas porque eran reuniones de trabajo.

La plenaria que se extendió hasta pasadas las 14:00, terminó con altercados.

La consejera Verdezoto, quien lee sus preguntas y textos, consultó a Chalco en qué norma estaba reglada la recalificación de méritos, a lo que el comisionado le respondió que en el reglamento y en el instructivo que aprobó el CPCCS.

Luego, Verdezoto lo interpeló de si conocía que el primer fiscalizador es el pueblo y Chalco se mostró indignado porque después de un año en el que se ha organizado el concurso, es recién en estos últimos días que «se han preocupado».

Los simpatizantes de algunos de los consejeros y de los comisionados, alteraron el salón con gritos y agravios a los vocales de minoría, por lo que Verdezoto exigió respeto.

La presidenta, Nicole Bonifaz decidió clausurar la sesión y Verduga y Verdezoto reclamaron que no les dejó preguntar, pero Bonifaz insistió en cerrar la plenaria para evitar las discrepancias. (I)