Consejo de Participación Ciudadana dejó abierta evaluación a comisionados que eligen vocales del Consejo Nacional Electoral

Una jornada de interpelaciones a las actuaciones de los miembros de dos comisiones ciudadanas de selección que organizan dos concursos de elección de autoridades realizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), debido a las quejas ciudadanas y acciones de protección que han obstaculizado los avances de estos procesos.

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Fue una extensa sesión extraordinaria con atrasos de dos horas de este jueves, 26 de octubre, en la que los vocales del Consejo de Participación Ciudadana dejaron abierta lo que sería una acción de evaluación a los diez comisionados que llevan a cabo el concurso para la renovación parcial de dos vocales -principales y suplentes- del Consejo Nacional Electoral (CNE), por las alertas de actuaciones “no transparentes”.

El concurso está detenido porque el CPCCS debe aprobar un nuevo reglamento para empezar desde la convocatoria a postularse, por efectos de una acción de protección que presentó un expostulante.

Los integrantes fueron convocados debido a que una de ellas, María Soledad Saltos, informó de la falta de acceso a la información por parte de la misma comisión, que preside el exjuez de la Corte Constitucional que funcionó en el gobierno de Rafael Correa, Pedro Bhrunis.

Ocho de los diez miembros de la comisión intervinieron ante el pleno del Consejo y detallaron cómo se realizaron las etapas del concurso.

Saltos, delegada de la Función Electoral, informó que se le negó información lo que impidió y restringió sus funciones y se le negó su derecho a la defensa.

Andrea Romo, delegada de la Función Ejecutiva, contó que durante la etapa de recalificación de las notas de méritos de 165 excandidatos, no existirían actas de las sesiones y confirmó a los consejeros que se habría incrementado hasta 20 puntos en una carpeta.

La consejera Mishell Calvache estaba molesta porque dijo que tuvo que interponer una acción de acceso a la información para conocer información del concurso y se lo reprochó a Bhrunis.

Él le contestó que el reglamento dispone que se guarde reserva de la información y no fue que no quiso atenderla.

Calvache pidió que se certifique que había actas de las sesiones de la comisión publicadas en la página web del CPCCS y Bhrunis dijo que sí había enviado los documentos para que se publiquen.

Sin embargo, el secretario del Consejo confirmó que no había actas publicadas, excepto una resolución e informes de calificación de méritos.

Se consultó al secretario y comisionado, Javier Velecela, delegado de la función de Transparencia en la comisión, por qué no se entregó información a su colega Saltos, y él se quejó de que el reglamento no le asigna responsabilidades y que había ambivalencia porque a la vez es secretario y comisionado.

Calvache lamentó que no le respondieron ninguna pregunta, pese a las insistencias. “¡Es una vergüenza para el país!”, expresó con indignación la vocal, en referencia al desarrollo del concurso.

El consejero y vicepresidente, Andrés Fantoni, preguntó a la comisionada Saltos por qué en la fase de recalificación subió 20 puntos al expediente número 274, que pertenecía al expostulante Eduardo Franco Loor, quien fue electo vocal del CPCCS en los recientes comicios de febrero.

La comisionada relató que los expedientes fueron asignados a cada uno a través de un programa informático del Consejo y que si bien ella tenía esa carpeta no la calificó y le dijeron que la iba a calificar el presidente Pedro Bhrunis. “No puedo dar fe quién calificó. Yo no estuve en el Consejo”, aclaró Saltos.

Fantoni exhortó a las autoridades de control a intervenir para conocer “quién puso las notas”.

El vocal Juan Esteban Guarderas mostró una carpeta con documentos “mutilados” y con firmas, supuestamente, incompletas para el registro de asistencia que usaban los comisionados para cobrar las dietas (pagos).

Bhrunis aseguró que ningún documento pudo haber sido adulterado para acceder a los pagos.

A Saltos también se le preguntó si conoció que en la etapa de recalificación se habrían puntuado documentos de postulantes ingresados de forma “extemporánea”. Ella confirmó que sí.

El comisionado manifestó que las cosas no son como se dicen y que se hace parecer como responsable solo a él, pese a que las decisiones se habrían tomado en consenso.

Además, indicó que ningún documento nuevo de los expostulantes fue ingresado en la fase de recalificación para ser puntuado.

Finalmente, la presidenta Nicole Bonifaz recordó que la comisión descalificó a dos postulantes de los que se observó que fueron candidatos a una dignidad de elección popular y que es una prohibición para participar del concurso.

En esa línea, preguntó a Bhrunis por qué no se descalificó a los postulantes de los expedientes 274 y 155, si fueron candidatos a una dignidad de elección popular.

El comisionado dijo que esa información no fue conocida en su cuerpo colegiado.

Esos dos expedientes correspondieron a los expostulantes Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga, que fueron los mejores puntuados en el concurso que fue anulado.

Ellos fueron electos vocales suplentes del CPCCS en los comicios de febrero del 2023, promovidos por el movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC).

El pleno no tomó una decisión, pero Bonifaz adelantó que trataría en una próxima sesión una moción para evaluar las actuaciones de los comisionados.

Comisión que elige al contralor se excusó de comparecer al pleno del CPCCS

Los miembros de la comisión ciudadana que lleva a cabo el concurso público para la elección del titular de la Contraloría General del Estado no asistieron ante el pleno del CPCCS para responder preguntas sobre el desarrollo del proceso.

El presidente de la instancia, Marco Chalco, envió una excusa para asistir porque se encuentra resolviendo los pedidos de recalificación de méritos de unos 75 aspirantes.

Quienes sí se presentaron fueron algunos integrantes de la veeduría ciudadana que se disputaron entre sí ser los coordinadores: o de ser parte de una mayoría o una minoría, o de que unos sí estuvieron acompañando el concurso y otros no.

Ante el pleno se presentó Jorge Criollo como coordinador de la veeduría, quien alertó de que el presidente de la comisión, Marco Chalco, se habría “arrogado funciones” al designar como coordinador de la veeduría a Luis Cuarán.

Uno de ellos dijo que en las últimas horas detectaron que el mejor puntuado del concurso, Xavier Torres Maldonado, no habría presentado su certificado de no tener caución que lo emite la Contraloría.

En un último espacio, se presentó el exsecretario de la comisión Francisco Toral, quien reclamó haber sido destituido de sus funciones de una manera ilegal y arbitraria por parte de la comisión ciudadana.

Los diez miembros de la comisión ciudadana serán llamados a comparecer en otra sesión, precisó Bonifaz. (I)