Caso Las Torres: empresario acusado de facilitar cuenta en Estados Unidos para mover dinero de sobornos podría enfrentar pena de siete años de cárcel

Luego de presentar en tres días de juzgamiento un testigo, ocho peritos, reproducir cuatro testimonios anticipados e incorporar doce pruebas documentales, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, pidió que el empresario Pedro Saona sea condenado como autor directo en calidad de colaborador del delito de delincuencia organizada, figura penal investigada en el caso Las Torres.

Noticias relacionadas

Caso Las Torres: Fiscalía busca que se condene a empresario que facilitó cuenta en Estados Unidos para mover dinero producto de sobornos

El juzgamiento en el caso Las Torres y un posible llamado a juicio en la causa China CAMC: escenarios que tiene pendientes el empresario Pedro Saona

Tribunal del caso Las Torres instala el día 29 de la audiencia de juzgamiento; el empresario Pedro Saona llegó al país extraditado y se le activa la etapa de juicio

Saona se transformaría en el décimo segundo procesado en esta causa que recibe una sentencia. Previamente ya han sido condenadas once personas: dos líderes y nueve colaboradores de una estructura que operó a través de instancias públicas, como la Contraloría General de Estado (CGE), la empresa pública Petroecuador y la secretaría de la Presidencia de la República, en el gobierno de Lenín Moreno, para cobrar sobornos a empresas contratistas a cambio de liberar pagos o desvanecer glosas en la Contraloría.

El 10 de febrero de 2023, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) condenó al excontralor Pablo Celi y al exgerente de Petroecuador Pablo Flores como líderes de la organización investigada; mientras que a otras nueve personas por su responsabilidad en los hechos ocurridos entre 2017 y 2020 se las ubicó como colaboradores. En esta segunda lista estuvo el hermano del excontralor Celi, el abogado Esteban Celi.

Pablo Celi y Pablo Flores, al ser considerados líderes de la estructura, recibieron una pena agravada de trece años y cuatro meses de cárcel. En cambio, los ubicados en el escenario de colaboración fueron condenados a penas distintas: Natalia Cárdenas, exasesora de la gerencia de Petroecuador; Mauricio Orellana, exgerente de Refinación de Petroecuador; Martha Barrezueta, Esteban Celi, Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque y Adolfo Agusto Briones.

Cárdenas y Orellana recibieron una sentencia de nueve años y cuatro meses de prisión al tener la agravante de haber sido funcionarios públicos; en tanto que que Esteban Celi, De Guzmán, López, Rodríguez, Luque y Briones se les definió una pena de siete años de cárcel para cada uno.

Pedro Saona podría estar en el rango de sentencia de siete años de privación de libertad, es decir, en la lista de los colaboradores que ya fueron condenados y que no se les tomó en cuenta algún agravante.

El fiscal general subrogante, Wilson Toajnga, durante la audiencia de juzgamiento, presentó pruebas que demostrarían que el empresario procesado fue persona de confianza de Esteban Celi y facilitó su cuenta personal del Banco West Fargo, en Estados Unidos, para transferir $ 110.000 el 16 de mayo de 2017 por parte de José Luis de la Paz, a través de la empresa Monay Industries.

Para la Fiscalía, estos montos transferidos evidentemente tenían como destino a los hermanos Esteban y Pablo Celi, pues como contraprestación a esos pagos se habrían desvanecido seis glosas de la empresa Nolimit por un monto superior a los $ 13 millones.

Según la Fiscalía, las pericias documentológica y grafotécnica confirmaron la existencia de documentos relacionados con los colaboradores ya sentenciados, así como una empresa relacionada con Pedro Saona, desde la cual se habría intentado gestionar sobornos. Por otra parte, la pericia de informática forense expuso comunicaciones que confirman que el procesado seguía instrucciones de Esteban Celi.

Finalmente, la pericia financiera analizó las contrataciones y los pagos efectuados por Petroecuador a la empresa Nolimit, las relaciones financieras del procesado con empresas implicadas y el detalle de las facturas emitidas por la estatal petrolera, y el agente investigador de la causa presentó el esquema de estructura delictiva que habría operado entre 2017 y 2020 para desvanecer glosas a cambio de beneficios económicos.

Toainga en su alegato de cierre solicitó al Tribunal de la CNJ, integrado por el juez Javier de la Cadena (ponente) y los conjueces Olavo Hernández y Marco Aguirre, que imponga la pena prevista en el segundo inciso del artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), así como también una multa de 20 salarios básicos unificados y el pago de $ 100.000 como reparación integral.

Para los once primeros condenados en el caso Las Torres, considerando su participación en el delito delincuencia organizada, el Tribunal de la Corte Nacional resolvió que entre diez de los once acusados, de forma diferenciada, deben completar el pago de una indemnización de $ 1,3 millones.

Por sentencia Flores y Celi deberían pagar cada uno una indemnización de $ 250.000, mientras que los restantes ocho procesados deberían cancelar $ 100.000 como indemnización al Estado. Únicamente a Barrezueta no se le definió un monto de indemnización, sino solo una multa de $ 788. Al igual que Celi y Flores, los nueve procesados también perdieron sus derechos políticos por el tiempo que duren sus condenas de prisión.

En el caso Las Torres específicamente se analizó que la organización delictiva buscaba obtener, a cambio de desvanecer una glosa y facilitar el pago de facturas, el 20 % de una factura de $ 20,3 millones que se debía pagar a la empresa contratista Nolimit C. A. El total exigido por la estructura habría alcanzado los $ 4,3 millones, es decir, el 20 % de la factura a cambio de gestionar el pago de $ 20′345.609,60 que Petroecuador adeudaba a Nolimit.

Desde la tarde de este miércoles, 14 de mayo, los integrantes de la Sala de Juzgamiento decidieron suspender la diligencia y entraron a analizar las pruebas presentadas para así deliberar la decisión que tomarían. Mediante providencia se informaría a las partes procesales de la reinstalación de la audiencia para escuchar la resolución oral. (I)