El patrimonio de Mayra Salazar Merchán, exfuncionaria judicial y procesada en los casos Metástasis y Purga, de los últimos cinco años será parte de un análisis de la Contraloría General del Estado.

La Contraloría General anunció, este 9 de abril de 2024, que se emitió una orden de trabajo para realizar un examen especial a las declaraciones patrimoniales de Mayra Salazar, exfuncionaria de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, de un periodo entre el 1 de enero de 2019 y el 15 de marzo del año en curso.

El organismo, en un mensaje oficial, explicó que el objetivo es determinar variaciones en los activos y pasivos registrados en las declaraciones juramentadas y si guardan relación con las fuentes de los ingresos de la examinada. Es decir, si lo que Salazar declaró ante la Contraloría se articula a los ingresos que percibía en la Función Judicial.

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Además, se observará si ha incluido los bienes de su propiedad y los de su conyugue o pareja en unión de hecho e hijos menores, por lo que la auditoría se extenderá a ellos; y, si, se cumplió con las disposiciones legales vigentes para presentar las declaraciones.

El tiempo que tomaría emitir este informe sería de 80 días, precisó la institución.

Mayra Salazar es una de las 52 personas procesadas en el caso Metástasis, en el que la Fiscalía General denunció el cometimiento de un delito de delincuencia organizada, en el que están vinculados exaltas autoridades del Estado, oficiales de la Policía Nacional, jueces, abogados en libre ejercicio, quienes actuaban, presuntamente, bajo las órdenes del narcotraficante Leandro Norero Tigua (+), quien buscaba fallos a su favor para obtener la libertad de él y sus familiares.

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La mujer de 35 años —que rindió su testimonio anticipado el 28 de marzo pasado y es testigo protegida de la Fiscalía—, es relacionista pública, organizadora de eventos o publicista y trabajó años atrás en el canal TC Televisión y luego se unió a la Corte Provincial de Justicia del Guayas, cercana a la exjueza y expresidenta, Fabiola María G. R., y al exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Bolívar M. A., quien pagaba los salarios a Salazar, según la teoría de la Fiscalía.

Es considerada como una pieza clave en los casos Metástasis y Purga, este último en el que también se investiga delincuencia organizada, con Pablo M. A. y Fabiola G. R., como autores del delito.

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Salazar guarda prisión en la cárcel de Mujeres de Chillogallo, al sur de Quito, desde el 14 de diciembre de 2023, cuando fue detenida en su casa en Guayaquil. (I)