Caso Metástasis: delincuencia organizada se infiltró en al menos media docena de instituciones públicas y servidores de alto nivel

Con la detención del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, de jueces, exjueces, policías, guías penitenciarios, abogados y la vinculación de alcaldes y hasta exasambleístas en el marco del caso Metástasis ha quedado en evidencia que en Ecuador la delincuencia organizada ha penetrado en instituciones públicas de todo nivel.Además de que la justicia sancione a los responsables, Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, y el jurista Hernán Ulloa, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), coinciden en que esta investigación debe sentar un precedente para limpiar todo tipo de corrupción en las instituciones y la justicia y que esto requerirá de un trabajo integral. Según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), la delincuencia organizada ha penetrado en al menos media docena de instituciones estatales: la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el Consejo de la Judicatura (CJ), el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), la Policía Nacional, la Asamblea Nacional y los gobiernos locales.En el denominado caso Metástasis, la Fiscalía detuvo a 31 personas y asegura que todas ellas habrían formado una estructura criminal cuyo objetivo era evadir a la justicia, conseguir impunidad y libertad para personas procesadas o sentenciadas.El accionar de la fiscal general, Diana Salazar, en el caso Metástasis, ha recibido el respaldo de gran parte de la ciudadanía y hasta de la Asamblea Nacional que el 18 de diciembre aprobó una resolución de apoyo.La investigación se inició tras la muerte del narcotraficante Leandro Norero Tigua, quien fue asesinado en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, en octubre de 2022. Las diligencias para determinar las causas de su muerte llevaron a la Fiscalía y Policía a analizar el contenido de sus teléfonos celulares , en los que se encontraron chats que daban cuenta de las relaciones, negociaciones, entrega de sobornos y manipulación del sistema de justicia y de algunos de sus operadores.“No hablamos de corrupción en las instituciones es muy diferente la vinculación del crimen organizado, del narcotráfico directamente con servidores públicos de más alto nivel... aquí lo más importante es hacer un reconocimiento del problema, dar el respaldo a las autoridades judiciales y operadores de justicia y también a otras instituciones del Estado que son relevantes y que también deberían trabajar de la mano”, opina Ulloa.Hidalgo comenta que como Participación Ciudadana, hace más de dos años, empezaron a advertir que el crimen organizado empezaba a permear en varios sectores del país, especialmente la política, amenazando la institucionalidad del Ecuador y que amenazaba con entrar a otros espacios como la justicia y dice que así terminó siendo.“La Fiscalía ha hecho un excelente trabajo de investigación que demuestra que los tentáculos de la mafia están presentes en espacios que son fundamentales para el estado de derecho como la justicia. Un país que tenga la justicia corrompida es un país que no ofrece garantías de vivir en democracia y eso es grave”, subraya. El informe del caso contiene miles de hojas con los mensajes de Norero que demostrarían sus vínculos con los ahora procesados.La infiltración del crimen organizado en la justicia es lo que más se ha cuestionado y Ulloa dice que es urgente que se refuerce el sistema judicial y todos los organismos involucrados: Fiscalía, Defensoría Pública, jueces, Consejo de la Judicatura no solo pensando en su formación si no en dotarlos de los recursos necesarios para garantizar que los procesos que llevan se resuelven correctamente.Pone como ejemplo que se empiece a contar con herramientas de denuncia anónima y protección para víctimas y testigos porque en una sociedad como la actual nadie va a arriesgar su vida.Por su parte, Hidalgo dice que el caso Metástasis representa un desafío importante también para el presidente de la República y que de la mano se debe fortalecer a la Fiscalía y Policía Nacional.Subraya que la ciudadanía debe tener en claro que el crimen organizado no es nunca solo una persona o un grupo por lo que esta investigación de la Fiscalía “solo es el comienzo para conocer todo lo que está detrás” y que será clave el respaldo para que pueda continuar y en caso de que desate una ola nueva de violencia, el país debe estar alerta y preparado, pero que eso no debe ser motivo para dejar de lado las investigaciones.Ulloa menciona que para lograr un cambio de verdad a raíz de este caso es fundamental que tanto la sociedad como el Gobierno y las demás instituciones del Estado reconozcan abiertamente la existencia y la gravedad de la infiltración de estas organizaciones criminales en las instituciones públicas. Este reconocimiento lo considera clave para desarrollar estrategias específicas.“Debe fomentarse la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instituciones públicas con el apoyo de la Contraloría General del Estado y otros organismos de control, las auditorías regulares, investigaciones independientes y mecanismos para que los ciudadanos denuncien conductas sospechosas sin temor a represalias”, explica.La investigación de la Fiscalía ha revelado también supuestos vínculos entre Norero con gobernantes locales como el exalcalde de Manta, Agustín Intriago, que recibió seis tiros mientras visitaba una obra el 23 de julio de este año. La fiscal Salazar indicó que Intriago habría tenido vínculos con alias ‘Estimado’, uno de los nexos de Norero por lo que manifestó que su asesinato podría estar vinculado a que “ya no contaba con la protección de Norero”.Hidalgo dice que los gobiernos seccionales son claves para el crimen organizado y que en caso de que se determinen responsabilidades se debe proceder conforme la ley y hasta el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.Mientras Ulloa considera que esto debe ser un llamado a la ciudadanía para seleccionar de una manera prudente y exhaustiva a quienes los van a gobernar o van a ejercer algún cargo relevante.La instrucción fiscal durará 90 días. La lista inicial de involucrados era de 38 personas, pero solo 31 fueron detenidos y lo siete restantes y que se habrían fugado serán vinculados también. El juez nacional Felipe Córdova en su resolución dictó arresto domiciliario para Ronald G. (juez), por ser adulto mayor y prisión preventiva para 16 procesados:Córdova dictó también medidas alternativas como prohibición de salida del país y presentaciones periódicas cada quince días para los otros 14 involucrados:La Fiscalía vinculará a siete personas más con las que completa su listado inicial de 38 personas:

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