Testigo en caso Plaga habla de falsificación de certificados médicos y creación de códigos QR para liberar a femicidas e integrantes de grupos delictivos

Desde la falsificación de certificados de salud de personas con VIH (sida) hasta crear códigos QR para boletas de excarcelación y el envío de sentencias mediante correos que simulaban ser de la Función Judicial eran los métodos utilizados para obtener de forma irregular medidas cautelares o acciones de protección que buscaban sacar de la cárcel a peligrosos delincuentes relacionados con grupos de delincuencia organizada (GDO), como Los Choneros y Los Lobos, o a femicidas sentenciados.

Así lo explicó en su testimonio anticipado el abogado en libre ejercicio y exfuncionario del Servicio Nacional de Atención de Personas Privadas de la Libertad (SNAI) Omar Israel J. B., uno de los 31 investigados por el delito de delincuencia organizada al que la Fiscalía le acusa de ser parte de una “empresa criminal” dedicada a conseguir, a cambio de sobornos, que jueces de diversas jurisdicciones del país den paso a medidas cautelares y acciones de protección para liberar a presos peligrosos.

El testimonio anticipado de Omar J. es el sexto que se entrega en el denominado caso Plaga. Antes ya dieron sus testimonios anticipados los abogados en libre ejercicio Hugo Alexander L. O. y Lenin Vimos, el exfuncionario penitenciario Xavier A. y los exjueces de Manabí Joffre R. y Simón G. T. Aún faltan por entregar su testimonio anticipado el exjuez de La Concordia Ángel Harry L. V. y el exfuncionario del Consejo de la Judicatura Michael Hernández.

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El exfuncionario del SNAI ratificó en su testimonio que Lenin Vimos fue quien manejaba desde Riobamba (Chimborazo) una “línea de trabajo” que incluía a jueces, abogados en libre ejercicio, funcionarios administrativos del SNAI y de diversos centros de privación de la libertad, para sacar de la cárcel a internos que podían pagar entre $ 30.000 y $ 40.000. La mayor parte de este dinero se entregaba en efectivo por parte de familiares de los reclusos o enviados por GDO y en depósitos de pequeñas cantidades que no generen alerta en el sistema bancario.

Recordó Omar J. que Vimos manejaba su “línea de trabajo” en Azuay en la cárcel de El Turi y que en algún momento de su profesión le colaboró a él para la entrega de escritos en Azuay, sin saber de lo que se trataba. Cuando entró al SNAI, dice el testigo protegido de Fiscalía, no tuvo relación con Vimos, pero conoció que su nuevo contacto en Cuenca fue Xavier A., abogado, exfuncionario penitenciario y ahora coprocesado en Plaga.

Xavier A. habría empezado a realizar trámites para Lenin Vimos hasta que quiso Xavier A. tener su propia “línea de trabajo”, es decir, sus propios clientes, sus propios jueces, para tramitar las medidas cautelares y acciones de protección que le pedían hacer privados de la libertad que ya le conocían. Básicamente Xavier A. deja a Vimos porque este último no se bajaba de los $ 30.000 o $ 40.000 de costo para cualquier recurso que solicite y le decía al abogado que de esa base suba el precio y consiga su ganancia.

Con el fin de conseguir mayores clientes, Xavier A. y Omar J., ya una vez que este último dejó el SNAI y volvió a ser abogado en libre ejercicio, viajaron a ciudades como Loja, donde había narcotraficantes que podían pagar hasta $ 40.000 por salir de la cárcel, y en 2023 se contactaron en Manabí con Banny Molina, coprocesado en Plaga, pero que al momento de la visita era un exjuez de Manabí que estaba siendo procesado por prevaricato y que, entre otras cosas, había ordenado la salida de la cárcel del expresidente Jorge Glas y Daniel Salcedo, al aprobar el efecto inter comunis en un habeas corpus.

Donde Molina habrían llegado por su cercanía a jueces de Manabí que ya habían concedido este tipo de medidas cautelares y acciones de protección, pero también porque solo cobraba $ 25.000, los que se repartían entre Molina y el juez que concedía la acción constitucional. De esa forma, la “línea de trabajo” de Xavier A. incluía casos de Loja, Azuay, Azogues y Archidona, en Tena.

“La mayoría de esas personas, como ya comenté, salían por enfermedades crónicas. La más conocida era por VIH. Yo escuché en esta investigación que muchos especulaban, que buscaban las personas, quién era el doctor que emitía esos certificados y tal doctor no existe, porque se tomaba un certificado médico cualquiera y se le editaba como un programa de diseño gráfico. Se le cambiaban los nombres, inclusive de doctor, se le ponía otra persona, se le ponían los datos de PPL, y prácticamente se le imprimía en el mismo papel y salía como original. Eso era lo que se adjuntaba a la solicitud de las medidas cautelares”, explicó el procesado Omar J.

Ese mismo proceso que se usaba para obtener certificados falsos se habría usado para crear códigos QR para las boletas de excarcelación e incluso mediante programas obtenidos en internet se podían sacar las cédulas de identidad de privados de la libertad de los que se necesitaba ese documento.

El procesado Omar J. contó que para las medidas cautelares y las acciones de protección se usaba un formato ya establecido y que fue entregado por el propio Lenin Vimos, quien les había contado que estos formatos fueron hechos por “abogados jóvenes” que trabajaban para él y entre ellos estaban los también procesados en Plaga Alexander L. y Jonathan A. “Lo único que se tenía que hacer era editar, sacar los nombres y ponerle los de las PPL, poner la nueva enfermedad, las nuevas fechas y así era como se realizaba prácticamente la documentación necesaria para que se den a cabo las medidas”, anotó.

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Según el testigo protegido, Lenin Vimos empezó a sacar mediante medidas cautelares y acciones de protección a personas “muy fuertes”, “mediáticas”, que pertenecían a “brazos armados de GDO muy conocidos y fuertes” e incluso a dos femicidas o violadores que salieron en libertad en Cuenca gracias a acciones del abogado Vimos y “abogados muy conocidos” de Cuenca. De lo que habría conocido Omar J., por la liberación de los homicidas o violadores habría cobrado Vimos $ 30.000 y $ 50.000.

Según el testigo de la Fiscalía, Vimos ya habría empezado a perder el control de las cosas, pues empezó a publicar fotos con grandes cantidades de dinero, junto con armas de fuego y en compañía de integrantes de peligrosos GDO que eran muy conocidos. También Vimos le habría comentado a Omar J. de que tenía amenazas de muerte debido a que no pudo sacar de la cárcel a ciertos “clientes” y porque colaboraba con grupos opuestos, es decir, trabajaba para Los Choneros y Los Lobos

Como parte de la “línea de trabajo” de Xavier A., explicó el testigo Omar J., ellos habrían trabajado en la entrega de medidas cautelares o acciones de protección “en combo”, es decir, incluir en la acción constitucional que se solicitaba a tres o cuatro procesados a quienes les cobraban valores de hasta $ 80.000.

“Quiero dejar constancia en este testimonio que de los hechos en los que yo tomé parte proporcionalmente en esta situación, de estos delitos fue en el año de enero del 2023, ya que dentro de las funciones del SNAI jamás tuve ningún tipo de negociación con el señor Lenin Vimos u otra persona con respecto a las medidas cautelares u otro tipo de situaciones”, concluyó Omar J. (I)