Para la fiscal general, Diana Salazar, el exasambleísta del Partido Social Cristiano por Guayas Pablo M., la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola G.; y el juez penal del Guayas, Johann M., ejercieron el mando de un grupo estructurado que tuvo injerencia en decisiones judiciales, en sumarios, en cambios administrativos, en la generación de la impunidad por intereses ilegales en una de las provincias más importantes del país.

A Pablo M. se lo ubica en la dirección de la estructura; mientras que a Fabiola G. y Johann M., en la planificación para la comisión de delitos graves, cuya finalidad perseguida, dijo la Fiscalía, era claramente el beneficio económico.

“Si bien el manejo de la justicia, de la mano de este seudopolítico, porque no se puede llamar político, porque no está al servicio de los ciudadanos, sino únicamente le cabe el calificativo de líder de una estructura criminal, era usarla para beneficiar al narcotráfico y que revela el actual estado de putrefacción a la que han conducido a la administración de justicia y, por supuesto, que le arrastra también al Legislativo de ese entonces por los malos elementos”, afirmaba Salazar.

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Estos son los seis hechos investigados en el caso Purga relatados por la fiscal general, Diana Salazar

Los restantes cinco jueces, una procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, un secretario judicial y el primo y la esposa del exasambleísta Pablo M. son ubicados dentro de la investigación como colaboradores de una estructura que habría operado directamente en al menos seis hechos de corrupción, desnaturalizando recursos constitucionales, torciendo la ley e incidiendo en procesos administrativos para ubicar a jueces en los casos que eran de interés.

La noche del lunes 4 de marzo último, la fiscal general arrancaba su argumentación en el caso Purga, contra doce personas acusadas del delito de delincuencia organizada, señalando que en los últimos meses el Ecuador ha entrado en un “tratamiento intensivo” por la “metástasis” que atraviesan sus instituciones, sobre todo las del sistema de justicia que, indicaba, necesitan a toda costa recuperarse.

Para Salazar esta intervención demanda la desarticulación de grupos de delincuencia organizada que han tomado el control de la justicia ecuatoriana y han trascendido a lo largo de la historia del país gracias al ambiente de impunidad dominante que les ha permitido fortalecerse y enquistarse en la sociedad, atentando, inclusive, contra intereses directos de todos los ecuatorianos.

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La titular de la Fiscalía refería que estas acciones, como nos ha enseñado el caso Metástasis, decía, surgen de la unión de dos armas letales para toda institución democrática: la corrupción judicial y la delincuencia organizada. Para ella en el caso Purga, la corruptela se genera desde las más altas esferas de la política legislativa, quienes han puesto a su servicio y a las del narcotráfico toda la administración judicial de una de las provincias más importantes del país: Guayas.

“Si nos damos se da cuenta desde hace muchos años la criminalidad vinculada a los seudopolíticos, porque no son políticos sino delincuentes, y al narcotráfico, han permitido que en distintos lugares del país persistan entornos favorables a economías criminales que han encontrado en la corrupción judicial un vehículo de operación muy rentable. Así, entre los años 2022 y 2023 los hitos más dramáticos, escandalosos y absurdos sobre decisiones judiciales, que mantenían en asombro a toda la sociedad, han tenido lugar en dicha provincia (Guayas). Ahora tenemos la oportunidad de evidenciar que no era una casualidad que esta provincia sea el epicentro de la desnaturalización del derecho”, apuntaba Salazar.

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Inmediatamente ataba esta reflexión a hechos concretos que sucedieron entre el 2021 y el 2023. Por ejemplo, la posesión del asambleísta de Pablo M. y un año después la llegada a la presidencia de la Corte del Guayas de Fabiola G. Según la Fiscalía, la funcionaria llegó al cargo con el apoyo del entonces legislador y con la colaboración de Mayra S., procesada en el caso Metástasis, quien, antes de llegar a ser la comunicadora institucional de la Corte, habría ayudado a mejorar la imagen de la candidata a la presidencia y además a crear toda una estrategia en diversas plataformas, que habría incluido un troll center, para desprestigiar a quienes hablaban en contra de casos de importancia para la estructura.

Por cuatro meses Mayra S. habría recibido un sueldo de $ 2.500 en efectivo de parte de la entonces jueza Fabiola G. y luego de cancelar esos dineros se habría hecho cargo el asambleísta socialcristiano. Para la Fiscalía, la estructura buscaba seguir manteniéndose en el control de la justicia en la provincia del Guayas, por lo que también aparentemente participó en la campaña para que llegue a la presidencia de la Corte de Justicia del Guayas, el juez Manuel González.

Los hechos investigados en el caso Purga tienen que ver con irregularidades en dos acciones de habeas data en los que fueron supuestamente beneficiados el exasambleísta Pablo M., su esposa Mónica A. con una reparación de casi $ 4 millones, dineros pagados por el Bando del Pacífico; y el primo de Pablo M., Fausto A., con la aparente entrega a su nombre de un predio ubicado en Durán (Guayas), valorado en $ 200.000, el cual legalmente pertenecía a otra persona.

“Se evidencia que no solo las famosas desnaturalizaciones de los habeas corpus han servido como herramienta para la delincuencia organizada, sino que también se valían de habeas data para apropiarse de bienes que legítimamente no les pertenecen. Para todo conocedor del derecho es sabido que a través de una acción constitucional de habeas data no es posible anular el derecho de propiedad, sin un juicio civil de por medio. Pero en Guayas todo era posible gracias al control del grupo criminal que se mantenía en la administración de justicia en la provincia”, aseguraba Salazar.

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Además se investigan posibles actos de corrupción en la entrega de una acción de protección con medidas cautelares planteada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en contra de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas del cantón Quito. Salazar cuestionaba por qué la acción protección fue presentada en Guayas cuando se está tratando de un contrato de repavimentación por $ 30 millones con una empresa metropolitana del cantón Quito, en Pichincha.

Los otros tres casos tienen que ver con acercamientos buscando beneficios de la jueza Fabiola G. al prófugo líder de la banda de Los Choneros, Adolfo Macías Villamar, alias Fito, respecto a un recurso de apelación que iba a conocer ella, quien era parte de un tribunal en Guayas. También se analizan posibles actos de corrupción en el archivo de causas administrativas existentes en la dirección del Consejo de la Judicatura en Guayas contra Fabiola G.y otros jueces, así como aparentes ilegalidades en el sorteo de causas judiciales en la provincia del Guayas. (I)