Aunque existió oposición de varias de las defensas de los procesados, el conjuez Bayardo Espoinosa, de la Corte Nacional, definió que el 14 de julio próximo se cerrarán los 120 días de instrucción fiscal dentro del caso Sinohydro, en el que por cohecho se investiga a 40 personas, entre ellas, el expresidente de la República, Lenín Moreno, su esposa, su hija, dos de sus hermanos y varios amigos cercanos del exmandatario.

El 14 de junio pasado se dio la vinculación a esta causa de Beatriz Herdoíza, Priscila Burneo y Alexandra Álvarez y con ello no solo se pasó de 37 a 40 personas investigadas, sino también de 90 días de instrucción fiscal a 120 días. Además de vincular a las tres sospechosas, al conjuez nacional se le solicitó defina cuándo concluye formalmente la etapa de instrucción fiscal, tomando en cuenta los 30 días extras que la norma da con la vinculación.

El delito de cohecho que se analiza habría ocurrido en el proceso de contratación de la empresa que se encargó de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. Para la Fiscalía, Herdoíza y Burneo, esposa y nieta del empresario ya procesado en esta misma causa, Conto Patiño, y Álvarez, son parte de la red de corrupción que habría operado entre 2009 y 2018 para hacerse de $ 76 millones en coimas entregadas por acciones que facilitaron que la empresa china Sinohydro se quede con la construcción de Coca Codo.

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Caso Sinohydro: Conto Patiño, el empresario de 91 años al que se lo relaciona con empresas y cuentas que habrían sido ‘fundamentales’ para la red de corrupción

Inicialmente Espinosa determinó que la instrucción fiscal en este caso debía concluir el 3 de julio próximo. La decisión la adoptaba explicando que el tiempo de esta fase había continuado transcurriendo, pese al pedido de vinculación, y la norma determina que en ningún caso la instrucción fiscal podrá durar más de 120 días.

Sobre el tema, la fiscal general, Diana Salazar, le aclaró al conjuez que la Fiscalía a partir de la petición de vinculación la institución dejó de realizar cualquier actividad investigativa. Esto precisamente para no vulnerar el derecho a la defensa que tienen todas las personas que ya estaban siendo procesadas y las que iban a ser vinculadas. Pedía que se den los 30 días que determina la norma para que Herdoíza, Burneo y Álvarez puedan a partir del día 14 de junio ejercer su derecho a la defensa durante los 30 días.

Abogados como Pablo Lizarzaburo y Juan Pablo Merino, defensores de los procesados Conto Patiño y María Patiño, respectivamente, rechazaron la posición de Fiscalía y respaldaban lo dicho inicialmente por Espinosa. Explicaron que no existe norma que permita suspender la instrucción fiscal y que existen resoluciones de la propia Corte Nacional en el sentido de que deben computarse los días de la vinculación a la instrucción fiscal.

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“Esto no es responsabilidad de la CNJ o de los jueces, sino de la Fiscalía, institución que debe tomar los recaudos necesarios para solicitar las vinculaciones en el momento procesal oportuno y que en el caso de solicitar tan apretadamente antes de que se termine la instrucción fiscal es de responsabilidad de la Fiscalía”, sostenía Lizarzaburu.

La defensa de las tres personas vinculadas solicitaban se les conceda el tiempo que la norma define, es decir 30 días, para ejercer su legítimo derecho a la defensa en igualdad de armas que el resto de procesados.

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Finalmente, luego de analizar los argumentos entregados, la normativa y ponderando la situación de los ya procesados en la instrucción fiscal y de aquellos que están siendo vinculados en este momento, el conjuez Espinosa resolvió dar los 30 días que la norma determina una vez se vincula a una persona a un proceso penal.

Caso Sinohydro cuenta ya con 40 personas procesadas; la Fiscalía vinculó a tres personas que supuestamente habrían facilitado el delito de cohecho

Con esto, explicaba el conjuez, se evitaba afectar al derecho de contradicción y a tener un tiempo adecuado para la defensa de las tres vinculadas. Además, no se abría la posibilidad de que se planteen nulidades al no respetar el derecho a un plazo razonable que tiene toda persona que es investigada penalmente.

La teoría de la Fiscalía sostiene que para configurar el delito de cohecho a modo de coima Sinohydro habría entregado más de $ 76 millones, dineros que terminaron siendo repartidos entre los sospechosos a través de transferencias, el cobro de cheques y el uso de empresas de varios de los procesados. Para la vinculación Salazar presentó elementos de convicción que revelarían que Herdoíza, Burneo y Álvarez realizaron actos para facilitar y ayudar en el movimiento de esos dineros procedentes de las coimas entregadas por la china Sinohydro. (I)