El legislador José Cabascango, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional, indicó que la mesa que preside revisará, en el marco de sus competencias y en respeto de la independencia de funciones, el caso de Pablo Romero, extitular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), sentenciado a nueve años de cárcel tras ser declarado autor mediato del secuestro del activista Fernando Balda.

Este martes, 26 de julio, Julio Romero Quezada, hermano del detenido expuso en una sesión de la Comisión en Guayaquil los motivos por los que considera que la detención debe ser revisada. “Pido que revisen este caso de una manera justa... porque con una verdadera justicia mi hermano no estaría donde está”, apuntó.

Romero fue sentenciado en primera instancia en agosto de 2020 y su condena fue ratificada en febrero de este año. Los jueces penales determinaron que Romero participó en la planificación para el secuestro de Balda, en Colombia, en el 2012, y que entregó recursos públicos para el cometimiento del delito.

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Está recluido en la cárcel de El Inca, en el norte de Quito, desde febrero de 2020, cuando fue extraditado desde España. En el caso Balda, además, fueron sentenciados los exagentes Raúl Chicaiza y Jéssica Falcón. Ambos colaboraron con la Fiscalía y solo estuvieron detenidos 21 meses.

Ante la Comisión legislativa, Romero destacó que su hermano cuenta con una trayectoria de más de 40 años, la que calificó de intachable.

“Mi hermano ha trabajado como servidor público en algunos gobiernos, administró de decenas de millones de dólares de fondos públicos y todas las auditorías y exámenes de la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) siempre fueron favorables”, subrayó.

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Romero denunció que en el gobierno de Lenín Moreno su hermano recibió presiones en 2018 de parte del exconsejero Santiago Cuesta para culparse de un delito que no cometió por un “revanchismo político”.

“El Estado forjó un proceso penal para crear testimonios y pruebas... a tanto llegó que Santiago Cuesta que amenazó a mi hermano con hacerle llover juicios y así fue”, apuntó.

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Reiteró que el proceso que enfrentó su hermano no contó con las garantías constitucionales del debido proceso y manifestó que se debe tener en consideración que el presunto delito del que se lo acusa fue cometido en otro país, Colombia.

“Fue hace más de seis años, ya está prescrito y nunca hubo elementos de comisión reales”, subrayó y mencionó que a las presiones sí cedieron Chicaiza y Falcón, por lo que su tiempo en prisión fue menor.

En la exposición del caso, participaron las hijas de Romero, que manifestaron que lo que enfrentó y está enfrentando su padre ha sido duro para toda la familia y que también se han visto golpeados económicamente, por lo que piden que se haga justicia y su padre sea liberado.

Su hija menor, de 21 años actualmente, manifestó que estuvo junto a su padre al momento de la detención de Romero y denunció que se quedó sola en un país donde no conocía a nadie y que por más de dos meses permaneció sin energía eléctrica.

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Las hijas de Romero denunciaron que la comunicación con su padre en estos meses ha sido complicada y que ha sido víctima de malos tratos cuando lo han visitado en la cárcel en la capital. (I)