Mediante una acción de protección se busca dejar sin efecto el reglamento para la selección del titular de la Contraloría General del Estado, que aprobó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El martes último, el ciudadano Emiliano Donoso Vinueza planteó una acción de protección en contra de la normativa, y la audiencia está convocada para este viernes a las 10:00, en la Unidad Judicial Civil del Complejo Judicial Norte de Quito. El juez que presidirá la diligencia es Óscar Calero Sánchez.

Donoso alega que ha habido una “vulneración al debido proceso” y al derecho de participación ciudadana en el procedimiento para elaborar y aprobar el reglamento con el que se desarrollará el concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana para la designación del próximo contralor del Estado.

702 personas admitidas como veedoras del concurso de méritos para elegir al contralor del Estado

Sustenta en su escrito que esta vulneración al debido proceso surgió desde el trabajo de un equipo o comisión técnica, quienes debían elaborar el proyecto borrador de reglamento y que estaba integrado por asesores de los siete consejeros.

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Para la elaboración de este reglamento, el Consejo resolvió publicar el proyecto borrador y que la ciudadanía haga sus recomendaciones o aportes para, según se dijo, designar a un nuevo contralor probo y que cumpla con las exigencias legales.

Sin embargo, esos aportes ciudadanos no se dieron a conocer; pero se desechó, por ejemplo, que los postulantes rindan un examen oral.

En ese entonces, el vicepresidente David Rosero dijo que un ciudadano propuso que eso sea eliminado y se acogió. Pero no se dieron a conocer las demás propuestas o críticas ciudadanas.

Es así que Donoso señala que dicha comisión técnica “jamás” se reunió para tratar esas propuestas.

La institucionalidad que dejó el Consejo de Participación Ciudadana transitorio va concluyendo con la renovación de autoridades

El proponente de este recurso consideró que se vulneró el debido proceso en el procedimiento que llevó a cabo la comisión técnica, por lo que pide a la justicia que se “deje sin efecto” la decisión en la cual el CPCCS aprobó la normativa y se disponga la “garantía de no repetición” para que se respete el debido proceso y la participación ciudadana.

Actualmente, el concurso se encuentra en la etapa de capacitación a la veeduría ciudadana, antes de convocar a la ciudadanía para postular a ser parte de la comisión ciudadana de selección, que se encargará de desarrollar el concurso público.

El Consejo de Participación Ciudadana admitió a 702 veedores, pero finalmente se acreditó a 395, quienes asistieron a un proceso de inducción y acreditación individual que se realizó el martes último.

Hasta el momento, el CPCCS no se ha pronunciado sobre esta acción de protección. (I)