De 166 concursantes, apenas diez personas obtuvieron puntajes que sobrepasaron los 40/50 puntos en la etapa de calificación de méritos dentro del concurso público para la renovación parcial de dos vocales principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El miércoles 7 de junio culmina el plazo para que los 166 participantes en este concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana presenten sus solicitudes de reconsideración al informe de calificación de méritos aprobado por la comisión ciudadana de selección para la renovación parcial del CNE, que se lleva a cabo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El informe de calificación de méritos se aprobó el 30 de mayo pasado con ocho votos de los comisionados y la ausencia de dos de sus vocales, dado que Diego Lucero (delegado de la función Legislativa) y Roberto Bravo (de la Función Electoral) renunciaron a esas funciones.

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En el concurso de selección, los postulantes deben alcanzar hasta 100 puntos en sus notas. De los resultados de la calificación de méritos, solo diez obtuvieron puntajes que sobrepasaron los 40, sobre 50 puntos.

Los otros 50 provendrán de la aplicación de un examen de conocimientos que se calificará sobre 30 puntos y un examen práctico sobre 20.

Entre los mejor puntuados están:

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Héctor Tapia Ramírez con 48,5/50. Según su hoja de vida, ha sido funcionario en el Consejo Nacional Electoral; también asesor del movimiento CREO, excapacitador en el partido SUMA; exasesor legislativo y tiene título universitario, una maestría y un doctorado en universidades extranjeras.

Le sigue Fausto Camacho Zambrano, que tiene 47/50. Fue funcionario del extinto Tribunal Supremo Electoral y exvocal del Consejo Nacional Electoral de Transición entre el 2008 y 2011. Reconocido por liderar colectivos de la sociedad civil, no registra título universitario en la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senescyt), pero la comisión ciudadana le otorgó 17/20 puntos por un título de magister artis en Gobernabilidad y Procesos Electorales del Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset de Madrid, fechado en el 2015.

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Luego está Roberto Pinargote Aveiga con 46,25/50. Es abogado y se le puntuó por ejemplo, 20 puntos por sus funciones como técnico electoral entre 1996 y 2006, en experiencia laboral. Fue director de la delegación CNE en Manabí entre el 2017 y 2018, además que se identificó como parte de los pueblos, nacionalidades y montubios, por lo que tuvo un punto por acción afirmativa.

Está la postulante Mónica Banegas Cedillo con 46 puntos, exvocal del primer Consejo de Participación Ciudadana que se instaló durante el gobierno de Rafael Correa y fue funcionaria del Instituto de la Democracia del CNE años atrás.

A ella le sigue Karla Pavón Villacrés con 45,5 puntos, quien es técnico electoral del CNE, según sus documentos.

Con 44,25 puntos está Stalin Cardona Vásquez, es ingeniero en Sistemas e Informática y ha sido asesor y funcionario del actual CNE; además que ejerció otros cargos como coordinador de Telecomunicaciones en la Presidencia de la República en el 2014 y jefe departamental en el Consejo de la Judicatura.

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En séptimo lugar está Daniel González Pérez, que también ha sido funcionario del Consejo Electoral en el periodo de Juan Pablo Pozo; del Consejo de Participación Ciudadana, asesor legislativo y teniente político en Loja.

Gastón Ríos Morante tiene 43,25 en su calificación de méritos y es oriundo de Los Ríos, por lo que se autoidentificó como montuvio. Es abogado por la Universidad de Los Andes en el 2002 y se desempeña en el libre ejercicio; fue asesor del Consejo de Participación Ciudadana en el 2012 y también exasesor de la exjueza de la Corte Constitucional Tatiana Ordeñana, entre el 2012 y 2014.

Alidio Díaz Ruales con 42,75 puntos es abogado y en el área electoral fue director técnico en la delegación del CNE en Manabí en el 2019 y técnico electoral.

Y, el décimo, con 40,75 puntos, es Edgar Poggi Cedeño, se identificó como montuvio y fue funcionario del Consejo de la Judicatura de Manabí; comisario en la Gobernación de Manabí entre el 2003 y 2008, entre otras funciones.

Las demás calificaciones van entre 39 puntos hasta 0. Entre los puntajes sobre 30 está el exjuez y presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Arturo Cabrera Peñaherrera, a quien la comisión ciudadana le dio un puntaje de 33,5/50. Por ejemplo, en su experiencia laboral le puntuaron un total de 10, sobre un acumulable de 20 puntos.

Cabrera, que culminó sus funciones en noviembre del 2022, adelantó que solicitará recalificación a la comisión por el puntaje que le fue acreditado.

Otro caso es el de la también exjueza y vicepresidenta del TCE, Patricia Guaicha, quien concluyó funciones junto a Cabrera y que obtuvo una calificación de 22,5 puntos.

A ellos dos los supera en puntaje Diego Zambrano Álvarez, que fue abogado defensor del exalcalde de Quito Santiago Guarderas y está involucrado en una denuncia planteada por el exalcalde Jorge Yunda que se tramita en el TCE sobre un presunto fraude procesal.

Ello, porque Yunda denunció que la sentencia del TCE emitida en el 2021 que le suspendió los derechos políticos (pero no está ejecutoriada) se habría elaborado desde una dirección de IP que provenía del servidor de Zambrano, que también fue funcionario municipal.

Zambrano tiene un puntaje de 38,5 puntos y ha desempeñado cargos en el mismo TCE en periodos que fueron entre el 2011 y 2020; fue coordinador de Control Disciplinario en el Consejo de la Judicatura de Transición entre el 2011 y 2012, que se instaló durante el gobierno de Rafael Correa.

El puntaje de 0 lo tiene Geovanny Yumaglla Yuquilema, que de acuerdo al registro de calificaciones de la comisión no tiene “soporte” de ninguna documentación, como títulos universitarios o de ejercicio laboral; sin embargo, fue admitido a continuar en el concurso, y aunque se identificó como indígena, tampoco le pusieron un punto como acción afirmativa.

La comisión ciudadana tendrá un término de cinco días para resolver sobre los pedidos de recalificación que lleguen a su seno y emitir su informe.

De forma paralela, se prepara la integración de un equipo de siete catedráticos que deberán elaborar un banco de 60 preguntas objetivas y de opción múltiple para que rindan los concursantes.

A propósito de la conformación de la comisión ciudadana, el pleno del CPCCS resolvió principalizar a María Soledad Saltos como comisionada, tras la renuncia de Roberto Bravo, en delegación de la Función Electoral.

Esto pese a que el Consejo Nacional Electoral aprobó la nominación de un nuevo delegado que fue remitido al Consejo de Participación Ciudadana para su posesión. Pero los consejeros resolvieron principalizar a Saltos y no al nuevo delegado del CNE.

También se espera que la Asamblea Nacional remita en un plazo de 30 días los nombres de funcionarios legislativos para integrarlos a la comisión ciudadana.

Quien sea designado reemplazará a Diego Lucero, que renunció luego de la disolución del Parlamento, por una decisión del presidente de la República, Guillermo Lasso. (I)