Desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se denuncia la existencia de un plan de la Asamblea Nacional para inmovilizar a la institución, por lo que activará el mecanismo de revisión de incumplimiento de la sentencia que emitió el juez de La Concordia Ángel Lindao. Esto mientras la Corte Constitucional (CC) analiza la actuación de los siete vocales del CPCCS que no designaron al presidente del Consejo de la Judicatura (CJ).

El presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, anunció este 16 de enero que pedirá al juez de esa jurisdicción, Ángel Lindao, que revise el cumplimiento de la sentencia emitida a finales del 2022 en el tratamiento de una acción de protección que dispuso varias medidas de reparación integral a cuatro de los siete vocales, quienes fueron restituidos en sus cargos tras la censura y destitución resuelta por la Asamblea Nacional.

Lindao, además de restituir a Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, ordenó al Legislativo que emita disculpas públicas por haber vulnerado sus derechos y la seguridad jurídica; que coloque una placa en su edificio con la frase “Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional’; y que posesione a las autoridades electas por el organismo, en referencia a Roberto Romero von Buchwald como titular de la Superintendencia de Bancos.

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El Parlamento emitió las disculpas públicas; colocó la placa de vidrio en una de sus paredes; y, días después, por una resolución del pleno, la retiró.

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, tampoco ha convocado a una sesión para posesionar a Romero; y, añadido a ello, no ha posesionado a vocales suplentes del CPCCS para que se principalicen.

Con ese fundamento, Ulloa informó que pedirá al juez Lindao que analice si el Poder Legislativo cumplió con su sentencia y emita un informe para que lo remita a la Corte Constitucional y se dispongan las medidas reparatorias, entre ellas la posibilidad de destituir a los legisladores que habrían incumplido el fallo.

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El consejero explicó que Lindao tendría un término de cinco días para enviar este informe a la CC; si no lo hace, él presentará directamente un recurso de revisión de incumplimiento de sentencia.

Criticó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) por no pronunciarse ante el incumplimiento de las disposiciones judiciales. “(Como CPCCS) no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, advirtió.

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“Es importante que acabe esto de una vez, así demande estos sacrificios por el bien de la patria. No es posible que estemos atados a una Asamblea Nacional de demagogos. Aspiro a que van a tomar acciones rápidas. Ya es hora de ponerle un punto final a todo este abuso. No estamos para aguantar contradicciones, la falta de respeto”, refutó Ulloa en una declaración a periodistas este lunes, acompañado de la consejera Gina Aguilar.

Acusó a los legisladores de “llevar a la anarquía a todas las instituciones” del Estado, porque “muy alegremente están diciendo que no se cumplan” los fallos.

Quito, 16 de enero de 2023.- El presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, y la consejera Gina Aguilar, durante una declaración de prensa para anunciar la activación del mecanismo de cumplimiento de sentencia a la Asamblea Nacional. Foto: Cortesía del CPCCS Foto: El Universo

No obstante, a criterio de Ulloa, detrás de estos hechos habría un interés de inmovilizar al Consejo de Participación Ciudadana.

“Existe una programación o planificación para afectar al Consejo. La Asamblea, en un acto planificado, no posesiona a los demás suplentes. Son quienes están boicoteando la labor del Consejo, y para ello existe una planificación interna y externa”, reprochó.

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Ello se debe a que en las últimas semanas el CPCCS no ha podido sesionar por la falta de vocales, ya que cinco de ellos gozan de una licencia sin remuneración para hacer campaña electoral para los comicios del 5 de febrero próximo, en los que buscan la reelección.

Actualmente están en funciones Ulloa y Sofía Almeida, además de los consejeros suplentes que se principalizaron, Olindo Nastacuaz y Gina Aguilar.

El último fin de semana, el presidente convocó a una plenaria para debatir sobre el Plan Anual de Contratación, pero solo Aguilar se conectó.

De forma paralela a esta intención de denunciar a la Asamblea Nacional, Hernán Ulloa, junto con los otros seis vocales del CPCCS, también son observados por la Corte Constitucional, que activó de oficio la revisión de cumplimiento de una sentencia en la que les ordenó designar de forma “célere” al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura, de la terna propuesta por la Corte Nacional de Justicia.

El 10 de enero, este alto tribunal escuchó en audiencia sus alegatos de descargo, luego de que cuatro vocales no llegaron a un “acuerdo” por elegir a ninguno de los tres candidatos, pese a que cumplieron con las etapas del proceso. Al contrario, se concluyó que la CNJ deberá enviar una nueva terna.

Hasta el momento, la CC no ha emitido su fallo, en cuyo auto de activación del mecanismo menciona que el objetivo es “evaluar el impacto y efectividad de las medidas de reparación y recabar los elementos que sirvan como cargo o descargo de responsabilidad, ante la eventual determinación del incumplimiento de una o varias medidas a cargo de las autoridades obligadas, en los términos del artículo 86 numeral 4 de la Constitución”.

Esa disposición determina la destitución de los funcionarios sobre los que se configure el incumplimiento de una sentencia.

Ulloa dijo que acatará la resolución de los jueces constitucionales, aunque confía en que serán prudentes en tomar una decisión.

“Nosotros vamos a someternos a las decisiones de la Corte Constitucional, pues somos respetuosos del derecho. Es un organismo prestigioso, y tenemos muy claro que ellos son muy prudentes en torno a la institucionalidad. Hemos visto estos actos de prudencia”, reflexionó el consejero.

Quito, 16 de enero de 2023. Presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, en rueda de prensa sobre la activación del mecanismo de incumplimiento de sentencia constitucional. API / DANIEL MOLINEROS Foto: API

Aseguró que el Consejo no ha incumplido con la sentencia de la CC, porque ello sería “poner zancadillas” para que no avance el proceso. Empero, responsabilizó a los tres consejeros de minoría: Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos, de no participar en la sesión del 2 de enero, pues hubiera permitido dar paso a la designación del presidente del Consejo de la Judicatura.

Esto pese a que ese día se encontraban cuatro consejeros: Ulloa, Rivadeneira, Estupiñán y Bravo, que integran la mayoría, pero que no llegaron a un consenso para designar a esta autoridad. (I)