Un encrespado debate se produjo en el seno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por una propuesta para formar una veeduría ciudadana que observe el cumplimiento de la separación y ubicación de las personas privadas de la libertad (PPL) de acuerdo con su nivel de peligrosidad.

Desde hace varios días estuvo pendiente la discusión de una propuesta del consejero Augusto Verduga para que se conforme una veeduría ciudadana que observe la aplicación del artículo 173 del reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social sobre la separación y ubicación física de las PPL según su nivel de peligrosidad.

Verduga proponía que esta observación ciudadana se haga al Centro de Rehabilitación del Litoral, en Guayas, desde noviembre del 2018 hasta noviembre del 2023, durante los periodos de gobierno de Lenín Moreno y Guillermo Lasso; además, que los veedores que participen lo hagan en un plazo de seis meses.

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Su planteamiento no se aprobó en una sesión que se realizó este 31 de enero en el CPCCS. Los consejeros Andrés Fantoni, Juan Esteban Guarderas, Jazmín Enríquez (suplente de Mishelle Calvache), Johanna Verdezoto y Nicole Bonifaz votaron en contra.

Solo Verduga y Yadira Saltos se pronunciaron a favor.

Previamente se produjo una puja de críticas entre los consejeros Verduga, Guarderas y Fantoni.

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Verduga explicó que lo que propone es que la ciudadanía solicite información al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) porque, en el caso de esta cárcel, los doce pabellones están tomados por grupos de delincuencia organizada (GDO), y que no se trataba de que lo hagan de forma presencial.

El objetivo es que “la sociedad civil pueda fiscalizar cómo los reos están siendo categorizados”, ya que los procedimientos actuales no estarían respondiendo a criterios técnicos, y se debería fiscalizar a los responsables de este desastre de violencia, sustentó el vocal, quien participó de forma virtual.

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Cuestionó a los consejeros Calvache y Guarderas, que en redes sociales lo acusaron de intentar “entorpecer” los operativos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el contexto del conflicto armado interno contra 22 GDO.

Dijo que los consejeros que no quieren integrar esta veeduría es porque “no quieren incomodar al Gobierno” de Daniel Noboa.

En respuesta, Andrés Fantoni opinó que no era el momento idóneo ni oportuno para dar paso a estos cuerpos ciudadanos porque podrían incidir en las acciones de la fuerza pública.

Enérgicos, Verduga le dijo que no leyó su moción, pues en ella “no constaba apoyar a los criminales”; y Fantoni reprochó que su preocupación (la de Verduga) sea si los “delincuentes se sienten bien o mal…”.

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El vocal Guarderas hizo referencia a que no se mencione ir más atrás en el tiempo, cuando en el gobierno de Rafael Correa se dio un proceso de regularización del GDO de los Latin Kings.

Verdezoto dijo que votaba en contra porque se podría entorpecer el trabajo de la fuerza pública y no es oportuna, y Verduga se dirigió a ella y lamentó que no lo apoye. (I)