Al conocer que el presidente Daniel Noboa Azín trabaja en un nuevo pliego de preguntas para una consulta popular, grupos de la sociedad civil esperan que sus aportes sean tomados en cuenta; en tanto, persisten críticas de agrupaciones políticas.

La corporación Participación Ciudadana (PC) envió cinco planteamientos a la Presidencia de la República para que sean tomados en cuenta este 5 de enero, en los que propone la eliminación de la atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de elegir autoridades de control, que le otorga el artículo 208 de la Constitución.

Así también, delimitar la jurisdicción de los partidos y movimientos locales y nacionales para que en los procesos electorales participen con sus candidatos en sus zonas; eliminar la figura de adherentes de los movimientos políticos, porque “crea una suerte de militancia informal y ocasional”, y formalizar un sistema de militancia única con la afiliación formal de los empadronados en una organización política.

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Consolidar la representación en la Asamblea Nacional modificando el mecanismo para que los asambleístas no se elijan por distritos y que sea por provincia; y suspender el concurso de designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para organizar un nuevo concurso con veeduría internacional y ciudadana.

Antes lo hizo el colectivo Voces por la Democracia, que el 28 de diciembre ingresó a la Presidencia de la República una propuesta de diez preguntas, aunque no fueron tomadas en cuenta para la reciente iniciativa.

Se plantea cambiar los mecanismos de selección de autoridades del Estado mediante concursos públicos para que no sea el CPCCS quien lleve a cabo estos procesos; sustituir a los vocales del Consejo de la Judicatura haciendo un concurso de méritos y oposición.

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Evaluar de forma extraordinaria a jueces, fiscales y servidores de la Función Judicial; reformar el sistema de concursos para el ingreso al servicio judicial; designar jueces constitucionales en cada cantón; elecciones primarias para escoger candidatos y a los directivos de los partidos y movimientos políticos; investigar los patrimonios de los funcionarios públicos, entre otras propuestas.

El movimiento político Pachakutik (PK) manifestó su rechazo a la consulta de Noboa con la frase “Nadar tanto para morir en la orilla”, pues de ser sometidas al voto las once preguntas tendrían que pasar el debate de la Asamblea Nacional.

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“Tal cual como están planteadas las preguntas se puede sospechar que el interés del Gobierno no es resolver los graves problemas que enfrentamos, sino reafirmar su figura electoral y eliminar cualquier contrapeso o alternativa que venga de la sociedad”, señala un comunicado de PK.

Cuestionan que detrás de esta iniciativa hay una intención electoral de Noboa de reelegirse en las elecciones presidenciales del 2025 y no de armar un plan de seguridad responsable.

El partido Unidad Popular (UP) también expresó su rechazo y calificó de “inservible” la iniciativa.

“Las preguntas planteadas demuestran el carácter del régimen. Pretenden solucionar problemas de seguridad con populismo penal, endureciendo las penas, lo cual no resolverá nada; al contrario, provocará hacinamiento en las cárceles, hoy controladas por las bandas que actúan fuera de la ley”.

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En un comunicado, UP anticipó que estarán vigilantes de la resolución que tenga la Corte Constitucional sobre este cuestionario para que “no se engañe ni se burle la voluntad popular”. (I)