Dos papeletas electorales podrían recibir los ecuatorianos para pronunciarse por el referéndum y consulta popular que se avizora para fines de marzo o inicios de abril de este 2024.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) evalúa los aspectos operativos y logísticos para un nuevo proceso electoral, entre ellos la impresión de los documentos que se entregará a los votantes.

El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, impulsa una consulta popular que podría sumar más de las once preguntas que remitió a la Corte Constitucional (CC) el 2 de enero, para que emita su dictamen previo de constitucionalidad.

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En tanto, el CNE debe organizar obligatoriamente un referéndum, luego que la Asamblea Nacional aprobó la enmienda al artículo 158 de la Constitución, que propuso el expresidente de la República Guillermo Lasso Mendoza.

Dicha enmienda propone modificar la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan dar su apoyo complementario a las tareas de seguridad interna a la Policía Nacional en combate al crimen organizado.

El articulado tuvo un dictamen previo de constitucionalidad favorable de la Corte Constitucional, que lo envió a la Asamblea para su trámite. Esta, a su vez, lo aprobó en una sesión del 21 de diciembre de 2023 con 125 votos afirmativos de los asambleístas presentes.

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Una de las discusiones en el órgano electoral es definir si se encargará al Instituto Geográfico Militar (IGM) la impresión de dos papeletas: una para la consulta popular de iniciativa presidencial y una segunda para el referéndum.

Para esta consulta popular se proyecta una inversión estatal de entre $ 50 millones y $ 55 millones, en medio de una deuda que mantiene el Ministerio de Economía y Finanzas por unos $ 13 millones con el CNE para el pago de servidores, proveedores y medios de comunicación.

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Al IGM se le estarían debiendo $ 7 millones por la impresión de las papeletas de las últimas elecciones.

El cuestionario de Noboa consta de once preguntas: diez enfocadas en reformar leyes para el trabajo de la fuerza pública y una para generación de empleo a través de la reactivación de los casinos y juegos de azar en hoteles y zonas turísticas.

Este 4 de enero, el mandatario anunció que podrían enviarse otras adicionales, pues habría propuestas de otros actores políticos. Podrían ser cinco más.

No obstante, su ofrecimiento estará sujeto a la resolución de la Corte Constitucional, que deberá determinar si no se afecta a la estructura del Estado o a la misma Constitución; además, si son claras y no inducen a una respuesta al electorado.

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El pleno del Consejo Nacional Electoral debe resolver cuántas papeletas electorales se imprimirán, dependiendo del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

El consejero José Cabrera comunicó que deben esperar a que se superen los filtros en la Corte Constitucional y el Ejecutivo para empezar con el diseño de las papeletas.

“Cuando tengamos las preguntas, lo primero que se hace es diagramar cómo irían las papeletas. Generalmente, en la parte posterior deben ir los anexos; y, si son textos grandes, hay que hacer una papeleta más grande, y obviamente dependerá del número de preguntas”, aclaró.

Esto se articula con el área de tecnología, ya que se deben parametrizar los sistemas informáticos para establecer el orden de las preguntas y definir las actas de escrutinio para que sean escaneadas y el sistema tome los valores correctos de los votos contados por las juntas receptoras del voto.

El criterio de Cabrera es que sean dos papeletas distintas, porque la Corte Constitucional se pronuncia de manera expresa ante un pedido.

Además, las propuestas se dieron en momentos políticos diferentes: el referéndum en el régimen de Guillermo Lasso y la consulta popular del actual presidente Noboa.

“Ahí tendríamos que hacer un análisis jurídico. Pero, a mi criterio, es que haya una papeleta distinta. Es decir, podrían ser dos papeletas; sin embargo, todo dependerá de lo que digan los demás consejeros”, recalcó Cabrera.

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, tiene una perspectiva similar: “Tendría que ser en dos papeletas diferentes”, expresó. En una papeleta el referéndum y en otra la consulta popular.

A este hecho se suma que el CNE tendría que hacer coincidir los tiempos para ejecutar los dos procesos en un mismo acto.

El artículo 442 de la carta política ordena que, superados los dos debates y aprobada la enmienda por la Asamblea Nacional, se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes.

Desde la aprobación en el Legislativo hasta la fecha han transcurrido catorce días de los 45 mencionados.

Mientras, el artículo 106 de la Constitución y el Código de la Democracia en el 184 establecen que el CNE, “una vez que conozca la decisión del presidente de la República, convocará en el plazo de 15 días a referéndum, consulta popular que deberá efectuarse en los siguientes 60 días”.

El Consejo Electoral vivió esta diferencia de fechas en la organización de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas de agosto y octubre de 2023, producto de la disolución de la Asamblea Nacional o conocida como muerte cruzada.

Además de esa votación, debía llevar a cabo las consultas populares sobre la no explotación del bloque 43 en el Yasuní ITT y la no extracción minera en la Mancomunidad del Chocó Andino, a lo que se sumaba el referéndum propuesto por el expresidente Guillermo Lasso.

El organismo solicitó a la Corte Constitucional que le permita hacer los procesos en una misma fecha para reducir costos.

El presupuesto para las elecciones anticipadas bordeaba los $ 90 millones y se estimaba que, al hacer elecciones separadas para las consultas populares y el referéndum, implicaría una inversión de $ 51 millones adicionales.

La Corte aceptó el pedido y finalmente se unificaron los procesos para el 20 de agosto de 2023.

Bajo ese escenario, en el interior del Consejo podría volver a consultarse a los jueces constitucionales la posibilidad de unificar el referéndum y la consulta de Noboa. (I)