Preparación del calendario electoral, de los sistemas tecnológicos e informáticos, la impresión de papeletas y el financiamiento son algunos de los aspectos que están en debate en el Consejo Nacional Electoral (CNE), al conocer que el Gobierno inició el trámite de su consulta popular en medio de la crisis económica que atraviesa el país.

A las 17:07 de este 2 de enero del 2024, el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, envió a la Corte Constitucional (CC) un paquete de once preguntas para una consulta popular enfocada en reformas legales en materia de seguridad ciudadana que deberá debatir y aprobar la Asamblea Nacional; y, para reactivar los casinos y juegos de azar, cuyo objetivo sería generar empleo y nuevas contrataciones, según el mandatario.

Llevar a cabo esta iniciativa fue parte de sus propuestas de campaña electoral para llegar a Carondelet en las últimas elecciones presidenciales anticipadas de 2023. Las remitió a los 40 días de administración, después de mantenerlas bajo un halo de reserva.

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El texto de consulta recayó por sorteo en el despacho de la jueza constitucional Teresa Nuques Martínez, quien elaborará el proyecto de dictamen previo de constitucionalidad para el conocimiento y resolución de sus ocho colegas, que deberá aprobarse por mayoría o unanimidad.

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dispone que el control de la constitucionalidad se hará al cumplimiento de las reglas procesales para la realización de la convocatoria; la competencia en el ejercicio del poder de reforma a la Constitución; y, la garantía plena de la libertad del elector y en particular, el cumplimiento de las cargas de claridad y lealtad.

La norma da un plazo de 20 días para que la Corte se pronuncie respecto de la viabilidad del plebiscito, de lo contrario, si no resuelve sobre «la convocatoria, los considerandos y el cuestionario (…), se entenderá que ha emitido dictamen favorable».

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Nueve jueces integran la Corte Constitucional, que debe pronunciarse sobre la constitucionalidad del proyecto de consulta popular de Daniel Noboa. Fotos:Rolando Enríquez/API Foto: API

En el caso de que los jueces resuelvan de forma afirmativa en su dictamen previo, se lo devolverá al presidente de la República para que emita el decreto ejecutivo en el que ordenará al Consejo Nacional Electoral convocar a elecciones.

La Constitución y el Código de la Democracia determinan que la consulta deberá convocarse en el plazo de quince días y efectuarse en un plazo de 60 días.

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Tomando en cuenta esos plazos, en el CNE las áreas operativas empezaron a prepararse.

No obstante, hay preocupación por el presupuesto que requerirán para ejecutarla, pues el Ministerio de Economía y Finanzas mantiene una serie de deudas con la institución de las elecciones seccionales de febrero del 2023 y de las anticipadas presidenciales de agosto y octubre.

Se conoce que el monto pendiente asciende a $ 13 millones, que corresponderían a pagos que no se han hecho al personal contratado, a los proveedores de servicios, a los medios de comunicación que transmitieron las franjas publicitarias de los candidatos; e incluso, no se han pagado alrededor de $ 7 millones al Instituto Geográfico Militar (IGM), que se encarga de la impresión de papeletas.

Esto, en tanto llevar a cabo esta iniciativa de democracia directa requeriría un presupuesto estimado de entre 50 y 55 millones de dólares, explicó el consejero electoral José Cabrera, conforme los primeros análisis.

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Según Cabrera, una vez que se hayan superado los procedimientos en la Corte Constitucional, el pedido de consulta popular se publicará en el Registro Oficial y de inmediato empezarán a correr los 15 días para convocar a elecciones y 60 días para desarrollarlo.

Las proyecciones, dependiendo del pronunciamiento de la CC, es que el sufragio se convoque para finales de marzo o inicios de abril del año en curso.

El CNE requerirá de contratar a unas 40.000 personas y que el Ejecutivo comprometa las certificaciones presupuestarias para iniciar con la contratación de servicios, añadió Cabrera.

Una de las áreas que estarían operativas son los sistemas tecnológicos e informáticos que se encargan de procesar las actas de escrutinio y los resultados de la elección, pues las últimas votaciones se hicieron hace tres meses. (I)