El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó el reglamento codificado para la organización del concurso público para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que incorpora las reformas realizadas a finales de septiembre pasado.

La decisión se tomó la noche del 25 de octubre, con el voto de los cuatro consejeros de mayoría: Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán, Sofía Almeida y David Rosero; y la abstención de Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira y Hernán Ulloa.

Esta codificación incorporó las últimas reformas que aprobaron los mismos cuatro consejeros el 29 de septiembre, como una disposición en la que se dispone que los actuales cinco vocales del Consejo Nacional Electoral se quedarán en sus funciones hasta que el CPCCS resuelva designar por concurso de méritos a dos vocales principales y dos suplentes, como parte del proceso de renovación parcial que debía cumplirse a finales de este año.

En un inicio, el Consejo resolvió que, después del sorteo público que se realizará el 20 de noviembre, los consejeros principales y suplentes que sean sorteados para terminar su periodo de funciones sean remplazados por los suplentes que queden. Ello dejaba al CNE sin miembros suplentes.

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Sin embargo, a finales de septiembre se modificó esa disposición para que los consejeros principales y suplentes que sean sorteados para terminar su periodo se mantengan en funciones hasta que se elija a sus remplazos.

CPCCS enmienda reglamento y resuelve que los vocales electorales sorteados para terminar sus funciones permanecerán hasta que se elijan a sus remplazos

Con esta codificación también se instituyó que los concursantes para ser vocales del CNE presenten el certificado de la Unidad de Análisis Financiera (UAFE) que acredite que no constan en la base de datos de personas con sentencia ejecutoriada por delitos tipificados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Este requisito no se verificará para los candidatos que se postulen en los concursos de selección de los titulares de la Contraloría General del Estado y de la Defensoría Pública.

Los consejeros Bravo, Ulloa y Rivadeneira rechazaron en el pleno del lunes último que se realicen cambios constantes a esta normativa, lo que genera “inseguridad jurídica” y falta de transparencia.

Ulloa advirtió que lo que estarían haciendo es un “traje a la medida” para ciertos concursantes y reclamó que la determinación de requisitos como el certificado de la UAFE solo se solicite para este concurso, por lo que no existe “congruencia” frente a otros reglamentos.

La presidenta Sofía Almeida rechazó estos comentarios y dijo que el objetivo de los consejeros de minoría es “desinformar”.

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En el caso del concurso público que se realiza para designar a los miembros de la comisión ciudadana de selección del titular de la Defensoría Pública, el presidente de la República, Guillermo Lasso, remitió como su delegado a Diego Monsalve Tamariz, quien se desempeña como viceministro de Inclusión Económica del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

También se remitió la carpeta de Isabel Noboa Nowak, que labora como coordinadora jurídica de la Presidencia.

La Función Electoral, que integra al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral, delegó a Xavier Vera Barros y a Katherine Quezada López.

Por la Función de Transparencia (que agrupa a nueve entidades del Estado) se escogió a un hermano del político Fernando Balda, Manuel Balda, funcionario del CPCCS.

La otra candidata es Ana Hernández, quien labora como directora nacional de Atención y Educación al Ciudadano en la Superintendencia de Bancos.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) remitió como sus candidatos a Paúl Astudillo Valdivieso y Jessica Burbano Piedra.

Astudillo es asistente de Fiscalía con nombramiento provisional de secretario de Fiscalía, en la provincia del Azuay.

Burbano ha laborado como ayudante judicial en el Consejo de la Judicatura, en la Corte Provincial de Pichincha y la Corte Nacional de Justicia.

Mayoría del Consejo de Participación Ciudadana admitió a 61 candidatos que aspiran integrar comisión que designará al defensor público

Solo resta que la Asamblea Nacional escoja en su pleno a sus delegados para integrar esta comisión ciudadana de selección.

En tanto, el CPCCS debe realizar el concurso de méritos para escoger a los diez delegados (cinco principales y cinco suplentes) en representación de la ciudadanía.

Finalmente, los escogidos, tanto de las funciones del Estado como de la ciudadanía, enfrentarán la etapa de impugnación ciudadana, antes de que el Consejo de Participación Ciudadana conforme la comisión. (I)