¿Cuánto demoraría y de qué depende la reestructuración de las cárceles que plantea Daniel Noboa?

Instaurar en Ecuador un sistema carcelario similar a los de países como El Salvador, Tailandia, Singapur y México está en los planes del presidente Daniel Noboa. Expertos en seguridad coinciden en que esto es viable en su totalidad siempre y cuando el Gobierno cuente con los recursos y actúe de inmediato ante el corto tiempo que estará en funciones e impulse también una reestructuración institucional.

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Noboa ha dicho que, como parte de su plan, traerá al país tres cárceles barcazas que podrían llegar al país en unos ocho meses, como una medida complementaria para ubicar a presos que son amenazas reales y aislarlos hasta que se termine la reconstrucción y remodelación de los centros carcelarios.

Centros de rehabilitación “reales y sin facilidades” para que los líderes de las bandas criminales puedan seguir operando desde su interior ha sido la promesa del mandatario.

Daniel Pontón, experto en seguridad y decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), comenta que las ideas del mandatario son viables, pero que se debe tener en cuenta que son costosas.

“Se necesita una buena cantidad de recursos invertidos y ahorita el país tiene que ver dónde se saca plata para muchas cosas, entonces, eso es el primer punto”, menciona y subraya que el problema en Ecuador va más allá de la infraestructura y termina siendo un tema de modelo de gestión.

Para Pontón, un cambio en el sistema carcelario ecuatoriano implica también dinámicas de gestión penitenciaria, basadas en la lógica de la máxima seguridad y de mínima, lo que se conoce como clasificación por riesgo.

John Garaycoa, experto en seguridad, dice también que las ideas de Noboa son realizables, pero sobre todo urgentes para el país y que dependen en su totalidad del factor económico y que aún no se ha hablado de si se construirá un complejo carcelario nuevo, ya que de ser así se deben tomar varios puntos en consideración.

“Los principales conflictos en el país son por la Penitenciaría, una cárcel que tiene 60 años, aproximadamente, y el modelo de prisión es ser un centro de rehabilitación social, pero nunca ha cumplido su función. Antes se hacía la rehabilitación por pabellones y actualmente por el nivel de conflictividad el modelo pasó a ser otro”, menciona.

Garaycoa menciona que la situación en el país sería aún más grave si no se hubieran construido en su momento las tres grandes regionales con las que cuenta y donde la conflictividad es menor y las infraestructuras son aún relativamente nuevas.

“Para garantizar la seguridad no es el hombre de seguridad, no es el policía, no es el guía. Para garantizar la seguridad de los privados de libertad, primero de ellos y quienes cuidan de ellos, hay que tener una infraestructura física y un sistema que den garantías”, menciona para evitar así corrupción en los guías penitenciarios y en funcionarios.

Reestructuración institucional sería necesaria

Más allá de que Noboa tenga como referencia ciertos modelos carcelarios, Pontón dice que el modelo realmente que se termina replicando es el estadounidense, que es donde se crearon estas lógicas de cárceles de máxima seguridad, complejos penitenciarios, cárceles ultraseguras y se han ido replicando alrededor del mundo y dice que la tecnología israelita se especializa en ella también.

La institucionalidad es otro factor clave para sacar adelante este proyecto, dice Pontón para quien el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) es una institución deficiente sin las suficientes capacidades técnicas y operativas para realizarlo.

A nivel de profesionalización del sistema penitenciario comenta que también hay mucho que desear, ya que se ha convertido “en un cuerpo manoseado por el poder político”.

“No duran los directores, sus secretarios, hay una alta rotación de personal, que obviamente dibuja lo que es la gestión directiva y técnica del asunto… se necesita también peso político, porque obviamente las cárceles tienen que ser manejadas con una voluntad política importante y el SNAI no favorece a ello porque está subsumido a la burocracia del Estado, bajo dos ministerios rectores, como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, que son los que manejan la dinámica de la seguridad, y no es ningún contrapeso”, subraya.

En cuanto a las cárceles barcazas, Pontón menciona que son viables siempre y cuando no trasgredan ninguna normativa local ni internacional en materia de derechos humanos.

“Hablamos que llegarían para ya más o menos mes de julio o agosto y ahí los tiempos le juegan en contra al presidente porque su periodo de gobierno es muy corto”, apunta.

Al uso de cárceles barcaza para Garaycoa debe sumarse una verdadera política carcelaria.

“Ya hemos visto que no solo es el hecho de cambiar a los presos de cárcel, porque vienen y hacen explotar la que está al lado”, dice.

Para el experto en seguridad otra opción que debe contemplar el mandatario es hacer que las cárceles sean autosustentables y los reos paguen por su estadía o también con trabajos que contribuya a la sociedad y apunten a la rehabilitación y reinserción y los gastos que generan los PPL no salgan desde el Estado. (I)