David De la Torre: Hay que reflexionar cómo operativizar la focalización de los subsidios, evitando la corrupción, el engaño y que el remedio sea peor que la enfermedad

El secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) y arzobispo auxiliar de Quito, monseñor David De la Torre, hace una breve evaluación de lo que fueron los 90 días de diálogo, de los que la institución fue la ‘garante’, y por qué han decidido concluir su tarea de acompañamiento. En medio de una apretada agenda de reuniones con las autoridades de la Iglesia católica, a propósito de estas reuniones y la preparación del Congreso Eucarístico del 2024 en el que se prevé la visita del papa Francisco a Quito, abrió un espacio para explicar por qué no acompañarán el trabajo de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los 218 acuerdos a los que llegaron la administración del presidente Guillermo Lasso y los líderes del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Estas tres agrupaciones protagonizaron en junio pasado violentas manifestaciones que se extendieron por 18 días. Con la firma del Acta de la paz, De la Torre se convirtió en ese ‘nexo’ entre las partes para avanzar en las conversaciones en las denominadas diez mesas técnicas. Él cree que un nuevo llamado a protestar (como lo hizo el líder de la Fenocin, Gary Espinoza, hace pocos días) parecería no tener eco en la Conaie y la Feine. En ese sentido, espera que el presidente Lasso cumpla con los compromisos y los colectivos asuman también su responsabilidad de mantener la paz.

¿Qué motiva esta decisión de no continuar acompañando esta última fase de los diálogos?

La Conferencia Episcopal contrajo un compromiso con el Gobierno nacional y la dirigencia indígena de acompañar esta primera fase del diálogo que implicaba la reunión de las mesas técnicas a lo largo de 90 días. Durante esos 90 días el centro de estos diálogos fue esta casa, nosotros pusimos al servicio de los diálogos nuestras instalaciones, nuestro personal y también, durante estos casi cuatro meses, hemos vivido para hacer que este diálogo sea con resultados. Al finalizar, el balance es exitoso. No para nosotros, es un balance exitoso para el país, pues son 218 acuerdos que se sellaron en las mesas de diálogo y ahora pasamos a una nueva fase que es la de implementación, ejecución y seguimiento. Pero como Conferencia episcopal no tenemos la capacidad logística, técnica, material de poder verificar que estos acuerdos se lleven a cabo, porque son acuerdos que abarcan todos los campos de la vida del país y que tienen que verificarse en el territorio. Entonces, nosotros hemos prestado toda nuestra contingencia para esto, pero en este momento es importante que el Estado asuma su papel, porque quienes deben ejecutar las decisiones es el Estado, quienes deben hacer el seguimiento es el Estado, para eso está, esa es su función. La función de la Iglesia no es verificar si los acuerdos 18 o 20 se han llevado a cabo. Esa no es nuestra función, nosotros fuimos garantes morales de un diálogo que se realizó con altura, con resultados, y desde ese punto de vista creemos que hemos cumplido con las partes y con el país. En este momento estamos en una fase distinta que es técnica y operacional, en la que el Estado tiene que cumplir con sus obligaciones y creo que así va a ser. En ese sentido, no creo que sea necesario que sigamos acompañando. ¿Qué acompañamos? Ya no podemos acompañar un diálogo porque ya no estamos en la fase del diálogo, estamos en la fase de la ejecución. Esa es nuestra realidad, es nuestra posición que la hemos manifestado al Gobierno y a la dirigencia indígena.

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¿Las partes han aceptado esta posición?, porque hay preocupación en los dirigentes sociales que quieren que ustedes mantengan esta coordinación.

Evidentemente pueden tener una preocupación. Pero lo que nos interesa a todos es que el Estado funcione y que haga su trabajo. La Iglesia no puede ocupar el papel del Ejecutivo, no puede ocupar el papel del Legislativo, no puede ocupar el papel de los organismos de control. Hemos prestado nuestro contingente en un momento de crisis, que la hemos solucionado con el diálogo. Ahora es necesario que cada uno de los poderes del Estado asuma su responsabilidad. Siempre podrán contar con la Iglesia, porque es lo que hacemos cada día, pero no podemos comprometernos con algo que sobrepasa nuestras competencias y nuestras fuerzas.

Los movimientos indígenas demandan cumplimiento de los acuerdos y ya anuncian movilizaciones, como por ejemplo la Fenocin. Esto vuelve a tensar los ánimos y parecería que con el Gobierno no fluye ese acercamiento.

Al contrario, creo que sí fluye el diálogo. Porque la Fenocin anuncia movilizaciones, pero la Conaie y Feine no lo han hecho. Es que cada uno debe asumir su responsabilidad, las organizaciones indígenas, el Gobierno y la sociedad, la opinión pública, la sociedad civil. Porque no es solo cuestión de que escuchemos lo que algún gremio o asociación dice, sino que podamos manifestar nuestro compromiso con el país. Estamos en una situación que debemos entender que el futuro del país no depende únicamente de los gremios o asociaciones, o del Gobierno, sino del compromiso de todos y la búsqueda de la paz, del consenso que no es propiedad de nadie. Es el deber de todos y cada uno, así como lo ha hecho la Iglesia, debe contribuir al diálogo, a la paz y también a la razón. Las cosas no se solucionan de la noche a la mañana, las cosas no se solucionan llegando a un acuerdo. El acuerdo es un primer paso, ahora dejemos, démosle al Estado, al Gobierno también, el tiempo necesario para que pueda hacer que cada uno de estos acuerdos se operativice en lo concreto y en todas sus implicaciones. Estamos hablando de 218 acuerdos que abarcan varias instancias del Estado, presupuesto que hay que encontrar e implica una preparación. Estamos al final de un año y hay políticas públicas que tienen por ley un proceso. Creo y confío, de lo que he visto, que de parte del Gobierno hay un compromiso real de cumplir los acuerdos y de parte de la dirigencia indígena la razón de seguir manifestando su descontento, pero también de contribuir a la paz y al desarrollo.

Hubo una crítica a este proceso de por qué no se sumó a otros grupos sociales que tienen sus propias demandas y se cerró a tratar las propuestas de estos tres grupos sociales.

Primero hay que leer los acuerdos y se va a entender que cada uno beneficia al pueblo ecuatoriano. ¿Que se abra un hospital es imponer un plan de gobierno o es poner de manifiesto una necesidad a la que el Estado debe responder? Creo que la mejor política es la que responde a las necesidades de la gente, no a la idea que me he hecho de una realidad que, cuando llego al poder, entiendo que es de otra manera. ¿Cuál es la mejor manera de hacer que calce la política pública con la realidad? Escuchando a la gente. En este caso, el Gobierno ha escuchado a un sector marginado históricamente, un sector que lo hemos ignorado. Entonces, la actitud democrática debe ser ‘qué bueno que haya un gobierno que escucha’, que es capaz de corregir para responder a las necesidades concretas de la gente, y qué bueno que estos 90 días hayan sido una escuela de diálogo y democracia que permita que el Gobierno reproduzca lo que hemos vivido con toda la sociedad, con todos los grupos, los gremios. Ahora, ¿por qué el diálogo fue solo entre el Gobierno y las organizaciones indígenas? Primero, porque fue un acuerdo que concluyó el paro de 18 días. Segundo, porque es tan difícil un diálogo de a dos que si aumentamos los interlocutores, quizás no hubiéramos podido llegar a los 218 acuerdos. Quizás se hubiera podido extender por más tiempo, porque hay que armonizar muchas cosas y eso es porque no tenemos una cultura de diálogo.

¿Debería transformarse este proceso en una política pública?

La política pública tiene que ser el diálogo. Creo que eso es lo importante, más allá del descontento que puede haber o de la desconfianza que puede haber en un sector u otro. Lo que hemos vivido debe ser la mejor lección de cómo debemos construir un país: con el diálogo, con la palabra franca, sincera, respetuosa.

Las demandas sociales no son nuevas, se han hecho en otros gobiernos y también con movilizaciones. Pero es en esta administración gubernamental que hay este tipo de paralizaciones que lo obligaron a dialogar. ¿Cree que este es un gobierno débil? Por ejemplo, en la gestión de Rafael Correa se dividió a los grupos sociales y hasta se crearon otros, y ahora vemos que la Conaie, Feine y Fenocin se unieron, cuando antes iban en sendas distintas.

Los procesos históricos tienen su ritmo, entonces es muy difícil especular sobre qué hubiese pasado si… Lo importante es que hemos vivido un momento histórico en este país, porque durante 90 días, día tras día, los movimientos sociales se han sentado a dialogar con el Poder Ejecutivo y este envió a las mesas de negociación a sus ministros, no vino un subsecretario, un asesor. Vinieron personas que tuvieron el poder de decisión. Entonces no es lo mismo que habíamos vivido anteriormente, cuando se hacía una mesa de diálogo que duraba tres horas y se terminaba todo. Después quedaba como competencia de alguna subsecretaría, de algún asesor hacer el seguimiento. Pero claro, nada de eso se plasmaba en un acuerdo, estrategia, escuchar el clamor de la necesidad. Creo que eso es lo que hemos vivido en estos 90 días. Ha sido un momento en el que la dirigencia indígena ha podido expresar el clamor del dolor y sufrimiento del mundo indígena, campesino, rural y el Estado, con los oídos abiertos para escuchar ese clamor y construir con ellos respuestas. También hay que entender que en las mesas de diálogo, las respuestas se fueron construyendo mutuamente, porque por una parte tienes el poder de ejecutar una política pública y por otra parte teníamos la realidad traída sobre la mesa. Ese es el proceso histórico que hemos vivido y que ojalá esto se pueda seguir reproduciendo a lo largo de la historia. Que los próximos diez o quince años no tengamos necesidad de salir a las calles para pedir soluciones a nuestros problemas, sino que el Estado, los poderes Ejecutivo, Legislativo puedan estar a la escucha del pueblo.

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¿Qué sigue? ¿Qué pasará si vuelvan a activarse las movilizaciones porque el Gobierno no cumple? ¿Habrá servido este diálogo?

Bueno, confío en que el Gobierno cumplirá con los acuerdos y confío en la razón de las organizaciones sociales. Se gana más en una mesa de diálogo que en las calles. Entonces, me parece que cada actor tiene un papel en la sociedad y cada uno debe cumplirlo con responsabilidad y buscando el bien de todos. Creo que es la senda por la que debemos andar.

¿Por qué fue tan difícil llegar a acuerdos? ¿La relación entre las dos partes era fluida o conflictiva?

No, no… En una familia, en donde papá y mamá aman a sus hijos, hay tensiones. Eso significa que la tensión forma parte del encuentro de los seres humanos. Hubo momentos de tensión, sí, pero también hubo momentos de encuentro, de relaciones fluidas en el almuerzo, los diálogos en el café. Eso también ha sido una bonita escuela. Si tenemos roles distintos en la sociedad, finalmente somos hermanos e hijos de esta patria, por lo que la suerte de unos es la suerte de todos.

¿Qué le permitió conocer de la política este hecho? En muchas ocasiones, el Gobierno hablaba de un diálogo fructífero, pero los líderes sociales salían de la reunión y decían que nada avanzó, que no había predisposición, que estaban perdiendo el tiempo…

Fue un proceso enriquecedor. No entendemos en este país la validez y la justicia de ese reclamo, de ese grito del mundo indígena. El estar con ellos, el compartir el día a día permite entender eso. Por otro lado, ver que cada uno de los representantes del Gobierno hacía un franco esfuerzo de conversar, de entenderlos. Cada uno habla desde un lugar distinto, pero lo importante es que nos encontremos en algún lugar y, físicamente, el lugar fue la Conferencia, pero humanamente el lugar fue el sufrimiento de los más pobres. Lo que dio sentido y unió a las mesas, tanto al Poder Ejecutivo, los movimientos y la Iglesia es que nos encontramos en un terreno común que era la vida de los más pobres y marginados. A ellos hay que responderles, a ellos nos debemos, no nos debemos ni a ideas, ni a política ni a ideologías, sino a los más pobres, porque son ellos los que necesitan de nosotros. Ellos son los que necesitan del Estado, de nuestra lucha, de nuestra acción.

El descontento social explotó en este paro por los subsidios a los combustibles. Pero lo acordado en las mesas de diálogo no satisfizo a muchos. ¿Qué pasó en esa mesa, es difícil llegar a cumplir los pedidos que se hicieron?

Creo que todos estamos de acuerdo en un principio: los que más tienen, tienen que pagar más, y los que menos tienen y los que dependen de ese combustible para su vida, su trabajo, deben tener la solidaridad de todos. Ese principio es al que debemos llegar todos. El problema es la operatividad del subsidio, porque técnicamente cómo hacemos eso. Eso es lo que hay que reflexionar y por qué. Hay que evitar la corrupción, el engaño, que el remedio sea peor que la enfermedad. Se necesita pasar a un sistema de focalización que sea técnicamente ajustado a lo que se busca y favorezca la justicia la honestidad, la solidaridad, esa es la tarea pendiente. Ahora estamos de acuerdo con el marco de la focalización. Ahora, el Gobierno debe buscar los mecanismos técnicos, prácticos, concretos de que eso se haga realizad. Eso forma parte de los acuerdos.

¿Es posible concretarlo?

Es posible cuando hay la voluntad y cuando hay ideas. En este caso, hay la voluntad, las ideas, y ahora tenemos que buscar los mecanismos técnicos que permitan que eso se haga realidad. No soy experto en el campo petrolero, pero de lo que he escuchado incluso al presidente Guillermo Lasso es algo en lo que se está trabajando. Los que tienen la autoridad deberán definir y ver lo mejor.

Aunque la Iglesia ha dicho que termina el trabajo, ¿se mantendrán cerca de esta última etapa de seguimiento y evaluación?

Lo que hemos pedido es que se delimite claramente cuál es el papel de una facilitación; y, una vez que eso se haga, se podrá pedir la facilitación de la Pontificia Universidad Católica. Estamos abiertos a seguir colaborando, pero a no tener el papel que tuvimos en esta primera fase. En la primera fase fuimos los gestores de este diálogo, de los que convocábamos a las partes, de los que estábamos ahí de cabeza en que esto salga adelante. En esta segunda fase no podemos seguir de esta manera porque es más técnica. Los que deben hacer este seguimiento son quienes tienen experticia. Seguiremos dando nuestro aporte moral. En este momento, lo importante es que se clarifique el papel de la facilitación, se le pediría a la Universidad y también que de manera concreta se pueda establecer cuál puede ser nuestro papel en este segundo momento. Pero no puede ser como la primera fase, pues esta es la segunda y aquellos que tienen la responsabilidad de cumplir los acuerdos no somos nosotros, sino el Gobierno. (I)