En el concurso público para la elección del titular de la Defensoría Pública la ciudadanía presentó 26 impugnaciones, aunque se desconoce en contra de cuáles de los nueve postulantes inscritos.

La impugnación o escrutinio público es la última etapa en el concurso para la elección de la primera autoridad de la Defensoría Pública antes de la designación, que la realiza el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El plazo para presentar estas objeciones venció el 3 de abril del 2024, y se trata de recursos planteados por los ciudadanos que consideren que alguno de los concursantes carece de probidad, idoneidad o que incumple requisitos para ejercer el cargo.

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Los miembros de la comisión ciudadana encargada de realizar el proceso conocieron este viernes, 5 de abril, el informe con el número de impugnaciones: 26 en total.

Durante la sesión de este día se adelantó el criterio de que aquellos escritos que incorporen cuestionamientos obtenidos de publicaciones en medios de comunicación o de redes sociales que no estén materializados o periciados “no son medios probatorios”.

Además, que aquellos postulantes que están siendo objeto de investigaciones en la Fiscalía General del Estado se trata solo investigaciones, lo que no quiere decir que están siendo procesados.

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“Los casos que tengan los postulantes en Fiscalía, como investigación previa, no quiere decir que el postulante esté siendo procesado. La ciudadanía, como conoce poco de derecho...”, se dijo como aclaración durante la reunión.

Se conoció que entre los impugnados están los candidatos Rodrigo Frías Toral y Byron Guillén Zambrano, que ocupan el primero y segundo puesto, respectivamente, al obtener altos puntajes en sus méritos y examen de conocimientos, efectuados por los comisionados.

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Sobre los dos participantes, la Fiscalía de la nación abrió una investigación previa por presunto delito de asociación ilícita, en el que también se menciona a Jorge Ballesteros Ballesteros, el tercero mejor puntuado.

Así también, al mismo CPCCS llegó una denuncia por presunto tráfico de influencias en la que dos personas piden que se investigue a la vocal del CPCCS Johanna Verdezoto del Salto y al postulante Rodrigo Frías porque, aparentemente, sus rostros aparecen en unas fotografías de una supuesta reunión que habrían mantenido con otros actores políticos.

El caso también se indaga en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

Una vez que la comisión ciudadana concluya con la revisión de las impugnaciones emitirá su informe, en el que determinará si las acepta o no.

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De no aceptarse ninguna de las impugnaciones, trasladarán el informe final al Consejo de Participación Ciudadana para que el pleno designe a la autoridad. (I)