Al concurso público para la elección de la autoridad de la Defensoría Pública le falta un paso para concluir, pero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha extendido su decisión mientras uno de sus participantes anunció que daría un paso al costado.

En la selección de esta autoridad hay nueve postulantes, de los que cuatro fueron impugnados por presunta falta de probidad notoria, pero la comisión ciudadana –encargada de llevar a cabo el concurso público– no aprobó ninguna.

Entre los candidatos con los más altos puntajes están Rodrigo Frías Toral, 96,46/100; Byron Guillén, 83,46/100; y, Jorge Ballesteros, 80,07/100. La aspirante Inés Romero es la cuarta en la lista con 77,86/100.

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De las objeciones ciudadanas dos se presentaron en contra de Rodrigo Frías Toral y una en los casos de Byron Guillén Zambrano, de Inés Romero Estévez y de Jorge Ballesteros Ballesteros.

La comisión ciudadana negó las impugnaciones en contra de los concursantes en un informe emitido el 15 de abril y tenía un término de dos días para notificar a los impugnantes.

Luego corría un término de tres días para que los accionantes presenten sus apelaciones ante el pleno del CPCCS en contra de la decisión de la comisión.

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Otros siete días corrían para que entre notificaciones y la elaboración de informes jurídicos conozcan los recursos de apelación los siete vocales del CPCCS.

En medio de ese trámite, terceros interesados recusaron a cinco consejeros para evitar que participen en la designación de la nueva autoridad, con lo que suspendieron los plazos para resolver sobre las impugnaciones hasta resolver.

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Estas recusaciones se presentaron en contra de Andrés Fantoni, Mishelle Calvache, Johanna Verdezoto, Nicole Bonifaz y Juan Guarderas.

El 8 de mayo, el pleno negó las cinco solicitudes y dispuso continuar con los plazos establecidos en el reglamento de selección para resolver sobre las apelaciones a las impugnaciones ciudadanas.

Pero hasta este 20 de mayo los miembros del Consejo de Participación Ciudadana no han resuelto sobre el tema.

Una de esas recusaciones es en contra de la consejera Verdezoto, de quien se divulgaron fotos en redes sociales y se presentó una denuncia formal ante el mismo CPCCS, porque aparentemente estaría en una reunión con Frías y otros actores políticos.

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El 1 de mayo se instaló una sesión pública para tratar las recusaciones, en la que Juan Guarderas respaldó a su colega y alegó que no hay pericias que confirmen la veracidad de las fotos.

«Ni siquiera hay un peritaje o cualquier elemento que corrobore que las personas que están (en la reunión) son Johanna Verdezoto y el señor Frías. De ahí colegir que hubo una amistad íntima es imposible. No hay fechas, no se habla del contenido de las conversaciones, no hay un conflicto de interés, que es la esencia de la recusación», justificó el vocal.

La consejera y vicepresidenta del organismo, Mishelle Calvache, lamentó que tanto Frías como Byron Guillén y Jorge Ballesteros, los tres primeros candidatos mejor puntuados en la selección, estén siendo «bombardeados con un ataque mediático», pues, a su criterio, se los está juzgando «de manera pública y notoria, más allá de que tengamos una impugnación al respecto».

En tanto, este lunes, 20 de mayo de 2024, el postulante Rodrigo Frías Toral informó en sus redes sociales que daba un paso al costado del concurso. Sin embargo, si él no era el elegido, el CPCCS tenía la facultad de seleccionar a otro y que no plantearía acciones de protección.

«Hago formal anuncio de que doy un paso al costado, de que renuncio a toda acción legal a la que tendría derecho, es decir, renuncio a presentar acciones de protección, renuncio a enjuiciar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana o al Estado ecuatoriano, ya que no es mi intención llegar de esa manera pese a haber ganado legítimamente el concurso», expresó.

Y que si el Consejo «decide nombrar a otro ganador que no sea el del primer lugar (él), está en su potestad de hacerlo. Si el Consejo quiere tirar abajo el concurso y favorecer a los grupos políticos que demoraron el concurso y pusieron denuncias falsas y quieren valerse de eso para tirar abajo el concurso, háganlo», los desafió.

También adelantó de posibles investigaciones que se estarían armando en su contra. «Si producto de esto empieza –ya que hasta ayer no tenía acciones legales y ahora empiezan acciones legales en mi contra o lo que fuese– estoy tranquilo, ya que la fiscal (Diana Salazar) es una mujer honesta y hace investigaciones y no persecuciones».

Su mensaje se produjo en el marco de las indagaciones en el caso Metástasis que lleva a cabo la Fiscalía General y en las que se menciona de la existencia de un vehículo de alta gama blindado que tenía vinculaciones al narcotraficante Leandro Norero Tigua (+), de Xavier J. M., y que habría usado el exasambleísta del movimiento político Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga y que estaría a nombre de Daniel Frías.

Días atrás, Frías –en una entrevista con el programa de entrevistas Vis a Vis– reconoció que compró este vehículo en un patio de autos de «mucha trayectoria» al que reclamó sobre estos hechos.

El vendedor le había explicado que los carros pasan un filtro y que quien aparecía como propietario del carro no estaba involucrado en un ilícito; además, que el vehículo estaba a nombre de una persona natural que no tenía antecedentes penales ni juicios.

Pero además de Frías, el participante a ser defensor público Byron Guillén está siendo también observado debido a que ha sido mencionado en los casos Metástasis e Independencia Judicial que investiga la Fiscalía. (I)