El oficialismo, representado por la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), espera que aquellos legisladores que en su momento votaron por el informe de mayoría del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) apoyen el veto “parcial mixto” que anunció el Ejecutivo y que llegará a la Asamblea Nacional la tarde de este 24 de agosto.

Las reformas que se aprobaron con 75 votos fueron las que recogía el informe de minoría que fue impulsado por Unión por la Esperanza (UNES), los rebeldes de Pachakutik y de la Izquierda Democrática, y otras minorías.

El veto es por inconstitucionalidad y por inconveniencia, es decir, parcial. De las 69 disposiciones del proyecto, se objetaron 17 por lo primero y 34 por lo segundo.

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Al tener estas características, explicó el legislador oficialista Juan Fernando Flores, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales que trató la norma, la Corte Constitucional (CC) debe pronunciarse primero sobre la parte que le atañe y luego de que esto ocurra el Parlamento tratará la suya.

Sin embargo, “el diálogo con las bancadas lo empezará desde ahora para conseguir los votos necesarios antes de su tratamiento en el pleno de la Asamblea”, indicó Flores.

Su colega Nathalie Arias, quien es integrante del Consejo de Administración Legislativa (CAL), señaló que el veto elaborado por el Ejecutivo “asegura el cumplimiento del derecho de los ecuatorianos a opinar y expresarse, y de la misma forma respalda el periodismo de investigación. Y deja atrás algunas prácticas que querían reactivarse de la ley Mordaza y las atribuciones que tenía ese ente de censura que fue el Cordicom (Consejo de Regulación de la Información y Comunicación, que fue reformado en el 2019).

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Los socialcristianos, sin embargo, no están conformes con el veto parcial mixto. En un comunicado suscrito por su presidente vitalicio, Jaime Nebot; su presidente nacional, Alfredo Serrano, y su jefe de bancada, Esteban Torres, señalaron que debió ser total.

“No estamos de acuerdo con el veto parcial y mixto firmado por el Ejecutivo. Siempre hemos sostenido que, en materia de comunicación, la mejor Ley es la que no existe”, indicaron los dirigentes.

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Torres señaló que al PSC ha manifestado su preocupación por algunos temas de la norma aprobada; por ejemplo, que respecto a la responsabilidad ulterior quede abierta la puerta a una responsabilidad en el ámbito penal, lo cual es “peligroso”; y que se hayan dado “facultades extraordinarias” a la Defensoría del Pueblo. “Si estos temas se corrigen en un veto, los vamos a evaluar”, comentó.

Desde el bloque correísta de UNES, Paola Cabezas indicó que se le ha mentido al país al decir que el proyecto que se aprobó es “una ley Mordaza”. “Que nos expliquen cuáles son los artículos que impiden que los periodistas puedan ejercer su profesión y, sobre todo, su opinión”, indicó.

Cabezas señaló que en el proyecto de mayoría se pedía reformar una serie de artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP), como la calumnia, lo cual no era viable.

“Una persona que calumnia, sea que lo haga en un medio o en un espacio público, tiene que responder a lo que dice el COIP, eso no tiene nada que ver con el ejercicio de la comunicación. Por eso se ha dejado por fuera a la opinión como ejercicio de la comunicación”, dijo.

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Además, indicó que es necesario establecer los espacios de mediación entre los medios y las audiencias, por ello se le dieron ciertas facultades a la Defensoría del Pueblo. (I)