Nueve meses después de que entró en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación, el presidente Guillermo Lasso firmó el Decreto Ejecutivo 850 con el que emitió el reglamento de la norma. La normativa define las medidas de prevención, protección y urgentes sobre el mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico.
El reglamento fue expedido la tarde del miércoles 23 de agosto, en un evento en el Palacio de Carondelet, con la presencia de representantes de Fundamedios, medios de comunicación y gremios de periodistas.
La secretaria de Comunicación de la Presidencia, Wendy Reyes, explicó que la norma determina que la institución responsable de coordinar el mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico es el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom). El organismo estará integrado por los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores, Interior; las secretarías de Gestión de Riesgos y de Derechos Humanos; la Fiscalía General del Estado y un representante de los medios de comunicación (públicos, privados y comunitarios).
Publicidad
“El Estado y los medios de comunicación tenemos responsabilidades diferenciadas, pero estratégicas, en la protección de la vida e integridad de los periodistas”, precisó Reyes.
La funcionaria recordó a los tres periodistas asesinados de diario El Comercio. Dijo que “fue un aprendizaje muy doloroso” acerca de los riesgos que enfrentan los periodistas y trabajadores de medios de comunicación. Y que el actual Gobierno está empeñado en que no se repita un hecho así.
La labor de los periodistas es esencial para la salud de la democracia, señaló la funcionaria. En esa línea, aseveró que el Gobierno respeta el trabajo de los comunicadores y preserva la libertad de expresión de todos los ecuatorianos.
Publicidad
Reyes mencionó algunos de los elementos que constan en el reglamento como medidas del mecanismo de protección:
- Medidas de prevención: mapeo de tipos de riesgo de la profesión, elaboración de protocolos y manuales, creación de redes de apoyo y solidaridad entre periodistas, desarrollo de campañas de sensibilización, reconocimiento claro y constante de la legitimidad y el valor de la labor, instrucción a fuerzas de seguridad sobre respeto al trabajo periodístico y de comunicación.
- Medidas de protección: seguimiento a denuncias sobre amenazas y atentados, capacitación en seguridad a periodistas y trabajadores de la comunicación, protección digital de información y datos personales.
- Medidas urgentes: el Cordicom deberá articular a las instituciones competentes para adoptar acciones ante amenazas inminentes y graves que atenten contra la vida de un comunicador.
El reglamento también incorpora una perspectiva de género, para abordar los riesgos y vulneraciones que enfrentan las mujeres que trabajan en esta profesión.
Publicidad
Por su parte, el presidente Guillermo Lasso expresó que con la emisión del reglamento se ha dado un paso importante para “blindar la democracia, para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos en cuanto a la libertad de expresión”.
Según el mandatario, en su administración se viven “tiempos distintos”. Recordó que al inicio de su gestión derogó la Ley de Comunicación vigente desde el 2013 que incluía sanciones a los medios de comunicación. “El papel del Estado tiene que estar orientado a respetar el derecho a la libertad de expresión”, dijo Lasso.
En su discurso mencionó a Fernando Villavicencio, periodista y excandidato a la Presidencia de la República, asesinado por sicarios el 9 de agosto. Sobre él, Guillermo Lasso dijo que lo mataron por ser frontal contra la corrupción, contra mafias y el crimen organizado.
“Tenemos que proteger la voz de la prensa (...). Este ha sido mi compromiso, no solo como presidente de la República, sino también como político”, expresó el jefe de Estado.
Publicidad
No obstante, el presidente Lasso no dijo nada referente al ofrecimiento que hizo durante la campaña electoral acerca de desclasificar la información reservada del asesinato de los periodistas de El Comercio, denominado caso Nos Faltan Tres, que reposa en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe). Hasta ahora el Gobierno no ha desclasificado las actas del Cosepe. (I)
