Entre los precandidatos para la Asamblea Nacional, el movimiento Revolución Ciudadana (RC) postuló a dos actores políticos que mantuvieron pendientes con la justicia, como Ricardo Patiño Aroca, sobre el que prescribió una investigación por presunta instigación, aunque tiene un impedimento registrado en el Ministerio del Trabajo.

El último sábado, 10 de agosto de 2024, la agrupación correísta, lista 5, hizo su convención nacional en Guayaquil para la selección de precandidatos para los comicios generales del 9 de febrero del 2025, en los que se escogió por proclamación de la militancia a Luisa González Alcívar y Diego Borja Cornejo como precandidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, respectivamente.

Además se reveló el listado de postulantes a asambleístas nacionales, provinciales, de los distritos y circunscripciones del exterior, y de aquellos que buscarán una curul en el Parlamento Andino.

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Para esta contienda, el correísmo apeló a varias figuras conocidas y que formaron parte de los inicios del proyecto del socialismo del siglo XXI que encabezó Rafael Correa entre el 2008 y 2017.

Entre ellos, Diego Borja, quien fue su ministro de la Política Económica y director del Banco Central del Ecuador, entre otros cargos, hasta que en el 2012 marcó distancia del régimen por problemas con el entonces movimiento oficialista y ahora extinto Alianza PAIS (AP).

Se marchó cuando fue acusado por el exsecretario de AP Fander Falconí de haber entregado, presuntamente, firmas falsas para la reinscripción de la agrupación.

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Doce años después, se reintegra a la militancia.

También está Xavier Lasso Mendoza, hermano del expresidente de la República Guillermo Lasso, presentador de televisión, quien fue parte del gabinete de Correa como viceministro de las Relaciones Exteriores y afín a la RC.

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Además de los actuales asambleístas Paola Cabezas, Franklin Samaniego y otros miembros de la base del movimiento.

A las filas retornaría uno de los componentes, Ricardo Patiño Aroca, pues es el tercero de la lista de precandidatos a la legislatura y actualmente reside en México al ser beneficiado del asilo, después de las protestas de octubre del 2019.

Ricardo Patiño fue la mano derecha de Rafael Correa en su administración, como ministro de Economía, canciller, ministro de la Política, de Defensa y, entre otras, en tareas de dirigencia política al frente de Alianza PAIS (AP).

Con la llegada de Lenín Moreno a reemplazar a Correa en el 2017, Patiño fue su consejero político. Pero al ver que se distanciaba, dejó el Gobierno.

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El 27 de octubre del 2018, en un Encuentro Nacional de la Revolución Ciudadana de la Jornada Progresista en Latacunga, Patiño dio un discurso político que, para las autoridades, fue una instigación. «Al pueblo, a la resistencia combativa y manifiesta, estamos claros, vamos a prepararnos para esa represión, no vamos a dar papaya tampoco. Vamos a prepararnos para la represión, tenemos que tomarnos las instituciones públicas, tenemos que cerrar los caminos, tenemos que acompañar a nuestro pueblo, y si escuchan especialmente los agentes de la Senain y de Inteligencia que están aquí, díganles a sus jefes que no les tengo miedo, vayan díganselos, que nos cojan presos, carajo, no les tengo miedo», había expresado.

Se le formularon cargos por presunto delito de instigación y se le dictó una medida de prisión preventiva en Latacunga. Para ese momento, el político se encontraba en México, en donde consiguió asilo.

Patiño solicitó la prescripción de la causa y el 24 de abril de 2024, el juez de Latacunga Flavio Palomo Guamaní se la concedió.

Observó que no existe otro proceso penal en curso en contra de Patiño y «atendiendo la solicitud se declaró la prescripción de la acción penal y, como consecuencia, se cancelaron las medidas personales y reales» y se solicitó a la Policía Judicial y a la Interpol que se abstengan de proceder con su captura y detención.

La Constitución y el Código de la Democracia establecen, al menos, diez requisitos e inhabilidades para ser candidato a una dignidad de elección popular, entre estas, a «quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo; así como lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción».

Para participar en este proceso electoral, Patiño tendría que volver a Ecuador, pues los precandidatos escogidos en la democracia interna de sus movimientos deben aceptar en «unidad de acto» la nominación en un plazo de diez días ante un delegado del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Adicionalmente, actualmente Patiño registra impedimento para ejercer cargo público, según el Ministerio del Trabajo, en donde se refleja que mantiene una deuda con la empresa pública CNEL EP.

Otro caso es el del candidato a asambleísta por Pichincha Christian Hernández Yunda, quien fue procesado por presunta asociación ilícita dentro del Municipio de Quito en la administración de Jorge Yunda, por presuntos actos de corrupción y negociados relacionados con obras y proyectos municipales.

No obstante, había sido sobreseído junto con otras tres personas, en el 2022, y negó en ese entonces ser familiar del exalcalde de Quito, por lo que pudo incluso ser su asesor, esgrimió. (I)