El Consejo Nacional Electoral (CNE) cerró la inscripción de nuevas organizaciones políticas, antes de los comicios generales del 2025, y se abre una última fase de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El 14 de junio de 2024, el Consejo Nacional Electoral resolvió sobre las últimas organizaciones políticas que solicitaban su inscripción para participar en procesos electorales. En este caso, para cerrar el Registro Permanente de Organizaciones Políticas antes de las elecciones presidenciales, legislativas y de parlamentarios andinos del 9 de febrero de 2023.

El calendario electoral daba como plazo hasta el 19 de junio último para que los representantes de partidos y movimientos políticos en construcción presenten sus recursos administrativos de impugnación ante las resoluciones del CNE.

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Hasta este martes corre un plazo de tres días para que los representantes de estos grupos en construcción presenten recursos subjetivos contenciosos ante el Tribunal Contencioso Electoral apelando lo actuado por el Consejo Electoral.

La norma le da quince días para resolver. De lo contrario, lo resuelto por el pleno del CNE quedará en firme.

Mientras tanto, el viernes pasado, al final de una plenaria, la presidenta del Consejo, Diana Atamaint, informó que para las elecciones presidenciales están habilitadas para participar y proponer candidatos 78 agrupaciones de carácter nacional y provincial.

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Según dijo, 17 son de carácter nacional y 61 provinciales.

El organismo aún no actualiza el registro permanente publicado en su portal web, que hasta marzo pasado reportaba 238. De ellas, 16 eran nacionales y 69 provinciales.

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Para las elecciones venideras habrá entonces siete partidos políticos y diez movimientos nacionales que podrán proponer candidatos a asambleístas nacionales y binomio presidencial.

A este número se sumó Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7, que encabeza el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, y que fue inscrito por el CNE el 23 de mayo pasado.

Aún no se actualiza el detalle de los movimientos provinciales que fueron inscritos por la autoridad electoral y que podrán postular candidatos a asambleístas provinciales. (I)