Con el arranque de las votaciones de 4.756 personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada se inició este 17 de agosto el proceso electoral para elegir binomio presidencial, 137 asambleístas nacionales y provinciales y pronunciarse sobre la consulta popular sobre el Yasuní, y en el caso de Quito sobre el Chocó Andino.

En la inauguración del evento realizado en Quito, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, refutó a quienes cuestionan la tarea emprendida por ese organismo electoral frente al asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio, ocurrido doce días antes de las elecciones, pues dijo que no hay condiciones para aplazar o cambiar la fecha y menos para anular las elecciones convocadas para este domingo 20 de agosto.

En Guayas 459 personas privadas de libertad votarán este 17 de agosto

Dijo que fue un desafío para el CNE llevar adelante un proceso electoral en un tiempo en que la ley pone límites, y que lamentablemente en esas circunstancias ya complicadas para la Función Electoral sucedieron hechos que enlutan a la democracia del país; y cuando suceden situaciones imprevistas y dolorosas no queda otra opción que sacar la fortaleza para hacerle frente a las circunstancias. Que la Constitución y la ley no están escritas para tomar decisiones en esas circunstancias, justificó.

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Añadió que es muy fácil detrás del escritorio escribir en redes sociales o ponerse frente al micrófono y decir que las autoridades son insensibles y no toman decisiones que corresponden al sentimiento de la gente.

Señaló que la autoridad electoral en medio del dolor tomó la fortaleza y lo que hizo es cumplir con la ley, y en los espacios y decisiones administrativas que eran posibles se acortaron los tiempos y se buscaron mecanismos de apoyo, asistencia y acompañamiento a quienes estaban al frente de la organización política de asumir esa responsabilidad dolorosa de reemplazar al candidato presidencial Fernando Villavicencio, vilmente asesinado en los últimos días.

Destacó que el CNE calificó su candidatura el 16 de agosto, pero que los procesos y los recursos que se deben seguir están escritos en la ley, y se los debe respetar. Y “aunque hagamos los mayores esfuerzos no hay condiciones de poder pensar en aplazar la ley, en cambiar fechas, y que este podría ser el motivo de declarar la nulidad de las elecciones y eso nosotros no lo vamos a permitir”, subrayó.

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Reiteró que el Consejo Nacional Electoral estará junto a la ciudadanía que cuenta los votos y que son los garantes de la transparencia y respeto absoluto de la voluntad popular que se expresará en las urnas el próximo domingo 20 de agosto.

Votación PPL

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, comentó que con el sufragio de las PPL se avanza con un hito más del calendario electoral garantizando el derecho de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, con lo cual se cumple con la Constitución y la democracia.

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Tras el proceso de sufragio de las miembros de la fuerza pública ya se desplegaron hacia los recintos en todo el territorio nacional, y que este 17 de agosto, unos 1.300 efectivos de las Fuerzas Armadas, así como 6.510 policías contribuirán a la seguridad del material electoral para que se realice el evento cívico y democrático del sufragio de las PPL; pero además se incrementaron los protocolos de seguridad de los funcionarios para la jornada electoral.

Tras el proceso de sufragio de las PPL, las urnas se sellan y serán trasladadas hacia los centros de procesamiento electoral con el resguardo y custodia de las Fuerzas Armadas. El conteo de los votos consignados este 17 de agosto se realizará una vez que concluya la jornada electoral el domingo 20 de agosto.

El director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), Luis Ordóñez, destacó que el voto de las PPL se convierte en una prueba tangible de la democracia inclusiva y con ello se demuestra el compromiso del Estado con el respeto y la garantía de los derechos políticos de las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada.

En todo el país votarán 4.756 personas privadas de la libertad en 39 centros carcelarios localizados en 20 provincias del país, previamente se realizó una campaña de cedulación de la población penitenciaria en coordinación con el Registro Civil. (I)

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