La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) analizará en la Amazonía las acciones que tomarán en respuesta al Gobierno nacional, a las demandas planteadas en el diálogo sostenido el pasado 10 de noviembre.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, convocó a las filiales de la Ecuarunari, la Conaice (Costa) y la Confeniae (Amazonía) a instalar un consejo ampliado el próximo sábado 27 de noviembre, en la comunidad de Unión Base, ubicada en Puyo (Pastaza).

El objetivo es analizar la coyuntura nacional y evaluar el diálogo que se realizó el 10 de noviembre último con el presidente de la República, Guillermo Lasso, en el Palacio de Gobierno.

Una de las últimas resoluciones del colectivo, tomadas justamente después de este encuentro, fue dar como plazo al régimen hasta el 25 de noviembre para que dé una “respuesta favorable” a las seis demandas que se plantearon.

Publicidad

Entre ellas -y la principal- que se reduzcan los precios de los combustibles de $ 1,90 a $ 1,50 el galón del diésel y de $ 2,55 a $ 2,10 la gasolina extra y extra con etanol.

Tres de las seis demandas planteadas por grupos sociales fueron acogidas por el Gobierno

Otras propuestas fueron la moratoria y renegociación de las deudas y reducción de las tasas de interés en el sistema financiero; controlar los precios de sustentación y compras públicas de los productos campesinos; políticas públicas concertadas con los movimientos sociales para la generación de empleo y frenar la precarización laboral.

Solicitaron también la moratoria a la ampliación de la frontera extractiva de petróleo y minería; y, garantizar el cumplimiento de los 21 derechos colectivos.

Respecto de los precios del diésel y la gasolina, el Gobierno se comprometió a revisar las propuestas planteadas por la Conaie, el Frente Popular, la Feine y Fenocin, que también participaron en el último diálogo.

El presidente Lasso accedió a la moratoria de deudas y ofreció incluso condonarlas a pequeños agricultores que tienen créditos con BanEcuador; y en enero prevé implementar una política para el acceso a créditos con tasas de interés del 1 %.

También se dispuso a las gobernaciones que se ejecuten controles para que los productos se comercialicen en los precios oficiales.

Publicidad

Pero, de no tener una respuesta favorable a su protesta sobre los derivados de petróleo, los movimientos sociales preparan acciones. La Conaie justamente resolverá en este consejo ampliado cómo reaccionarán.

El movimiento reconoció que hubo “avances” después de estas conversaciones, pero eso no constituye “acuerdos concretos”, se aclaró en un comunicado del 11 de noviembre.

A esto se suma que el movimiento indígena rechazó la proforma presupuestaria para el 2022 presentada por el Ejecutivo para su tratamiento a la Asamblea Nacional, y que se debatió este jueves.

Pidieron a los legisladores rechazar esta proforma, porque afecta los derechos sociales, el acceso a la educación y la salud, se argumentó.

Sindicalistas advierten al Gobierno que la ‘pelota está en su cancha’ frente a pedido de bajar precios de combustibles

Además, advirtieron que el Gobierno planifica la “privatización de empresas públicas” como el Banco del Pacífico, hidroeléctricas, la Refinería de Esmeraldas, Termogas Machala y la Terminal Marítima Monteverde.

“Es inaceptable que se argumente el menoscabo de recursos para financiar los servicios públicos que garantizan derechos, cuando al mismo tiempo el señor Guillermo Lasso y los grupos económicos están vinculados a paraísos fiscales que significan la evasión de impuestos”, se reseña en una misiva divulgada este 18 de noviembre.

Por su parte, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) debate internamente la fecha en la que realizará su convención nacional para definir las acciones de reclamo en contra de las políticas gubernamentales; no se descarta que se declare una huelga nacional.

Se conoció que los presidentes de los gremios sindicales que agrupa el FUT analizan realizar este encuentro a mediados de diciembre, y esperan que el régimen los convoque también a un diálogo para plantear sus exigencias. Entre estas, la aprobación de un Código del Trabajo que genere empleo y garantice los derechos laborales y que el Estado pague la deuda que mantiene con el Seguro Social. (I)