Este lunes, 10 de julio, se abrirá la fase de impugnación y escrutinio público para que la ciudadanía y organizaciones sociales objeten a 103 candidatos a ocupar el despacho de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, en la que casi la mitad de ellos incumplió un requisito reglamentario, como es la declaración juramentada.

El concurso público para designar a este alto funcionario del Estado lo lleva a cabo una comisión ciudadana de selección que recibió un total de 118 postulaciones, de las que 103 fueron admitidas para participar, pese a que incumplieron varios requisitos establecidos en el reglamento para el efecto.

Este proceso tiene distintos matices frente a otros dos que se llevan a cabo, como el de la selección del titular de la Defensoría Pública y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Ello, porque mediante una acción de protección un juez de Pichincha resolvió cambiar las reglas, poniendo en vigencia un reglamento distinto con el que se hizo la convocatoria a participar en noviembre del 2022.

Esa nueva normativa establece que, dentro de las etapas, los concursantes se enfrenten primero a la impugnación ciudadana; las mujeres tendrán un punto por acción afirmativa por ser mujeres.

Además, no rendirán una prueba oral y podrán conocer, 48 horas antes, un banco de 2.000 preguntas, que elaborará un equipo de catedráticos, antes de asistir a rendir el examen escrito.

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A través de esta acción se dispuso que el concurso se retrotraiga a la etapa de admisibilidad y se descalifique “a todos aquellos concursantes que no han cumplido con los requisitos establecidos en el momento de la presentación de su postulación, esto es, aquellos postulantes que no cumplían con los requisitos en el momento de la presentación de su carpeta”.

Sin embargo, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), para aprobar la codificación del reglamento que incluya los cambios desarrollados por ese juez, resolvió que el concurso avance con base en una resolución de la comisión ciudadana del 29 de diciembre de 2022.

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Con esa medida quedaron habilitadas 95 personas y se sumaron otras 8, que fueron habilitadas en la etapa de reconsideración de la admisibilidad. En total, suman 103 concursantes.

Pero este concurso tiene un factor común entre los participantes: por lo menos 51 de ellos no presentaron la declaración juramentada, que es uno de los requisitos establecidos por el reglamento para habilitarlos.

El literal n del artículo 21 del reglamento establece que integrarán parte del expediente de un postulante la “declaración juramentada ante notario público que acredite haber ejercido con idoneidad y probidad su ejercicio laboral o profesional que incluirá lo dispuesto en el presente reglamento”.

Se considera que este es un requisito personal y que la comisión ciudadana no pudo subsanar solicitándolo a otra institución, según explicó una de las autoridades del CPCCS que pidió la reserva.

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Sin embargo, en diciembre del 2022, por decisión de nueve de los comisionados y un voto en contra de la comisionada Maribel Baldeón, se decidió “subsanar” este incumplimiento apelando a la ‘proparticipación’.

Es por ello que en la revisión de los expedientes elaborados por cada uno de los miembros de este cuerpo colegiado se observa que sobre este ítem aparece “foja 0″, que significa que no presentó la declaración juramentada, pero se acompaña la palabra “cumple” y un justificativo en el que se detalla: “Con el fin de precautelar el derecho a la participación reconocido en la Constitución de la República, se subsana la falta de este documento para los postulantes que omitieron el cumplimiento de este requisito, de conformidad al numeral 7 del artículo 61 de la Constitución y el artículo 22 del Código Orgánico Administrativo».

Entre aquellos aspirantes a ser contralor y que no presentaron este documento están Alejandra Vivanco Carrión, quien fue funcionaria de la Contraloría desde 1997 hasta 2017, año en el cual Carlos Pólit Faggioni renunció a su función y fue censurado por la Asamblea Nacional en un juicio político tras revelarse el caso Odebrecht.

Según su hoja de vida, además de otros cargos, entre el 2015 y 2016 fue designada subcontralora administrativa; en el 2016 fue directora de predeterminación de responsabilidades; y su última función fue como especialista provincial jurídico hasta septiembre del 2017.

Otro candidato que no presentó dicho requisito es Alberto Jhayya, quien hasta hace poco se desempeñó como subcontralor del Estado, en la gestión del actual contralor subrogante, Carlos Riofrío González.

Según los documentos presentados ante el CPCCS, ingresó a la Contraloría en el 2018 como especialista nacional de patrocinio.

La concursante Gloria Gavilánez tampoco cumplió con ese requisito. Ella fue parte de la comisión ciudadana que en el 2012 eligió a Carlos Pólit como contralor y que es considerado prófugo de la justicia por el caso Odebrecht.

Otros requisitos que la comisión ciudadana subsanó a decenas de postulantes están relacionados con aquellos que emite el Consejo Nacional Electoral de no haber sido parte de organizaciones políticas en los últimos cinco años; o si gozan de los derechos políticos emitidos por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

También se incumplieron la presentación de certificados de no ser deudores del seguro social o del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), aunque la comisión los enmendó.

Hizo lo mismo con requisitos relacionados con aquellos que emite la misma Contraloría General. Por ejemplo, en el caso del aspirante Juan Falconí Puig, sobre el que, según los documentos constantes, presentaba un “tipo de responsabilidad de indicio de responsabilidad penal” que lo informó la Contraloría. Pero los comisionados decidieron “subsanar” porque no estaba ejecutoriada.

Falconí, entre varias funciones, fue superintendente de Bancos en el 2000; entre el 2013 y 2015 fue embajador de Ecuador ante el Reino Unido, y entre el 2015 y 2017, embajador de Ecuador ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el gobierno de Rafael Correa.

Al postulante Luis Arcentales Astudillo, también exfuncionario de la Contraloría entre el 2010 y 2014, se le había reportado un certificado de ese organismo en el que constan “indicios de responsabilidad penal”, pero que la comisión “subsanó” por no estar ejecutoriado.

Está el caso de Franklin Zambrano, que registró una responsabilidad administrativa de la Contraloría con un ”pago al capital cuyos intereses están pendientes”. Según los comisionados, “no está ejecutoriada”, y subsanaron el requisito.

Otras candidatas, como Mercedes Betancourt y Jennifer Erazo, no presentaron certificados de experiencia laboral, pero la comisión los subsanó contrastando con el historial del IESS. En un caso incluso se subsanó el certificado del SRI de uno de los participantes con una “captura de pantalla” que hizo uno de los comisionados tras consultar en el portal web de esa institución.

En el informe de cumplimiento de requisitos de 530 páginas, algunos de los comisionados mencionan los nombres de aquellos concursantes que cumplieron todos los requisitos y no se requirió corregir la falta de requisitos, entre los que constan unas quince personas.

El 4 de julio de 2023, el CPCCS aprobó el texto de la convocatoria para llamar a impugnación ciudadana y está previsto que esta se haga pública este lunes, 10 de julio de 2023, en tres medios de comunicación de alcance nacional.

Según el reglamento, habrá un término de cinco días, contados a partir de la convocatoria, para que la ciudadanía y organizaciones sociales presenten sus objeciones relacionadas con la “falta de probidad, idoneidad, incumplimiento de requisitos o existencia de las prohibiciones e inhabilidades establecidas en la Constitución, la ley y este reglamento”.

Estas deberán estar formuladas por escrito y con firma de responsabilidad, adjuntando copia de la cédula de ciudadanía del impugnante y la documentación de cargo.

Aquellas que sean calificadas por la comisión ciudadana de selección serán sustanciadas en audiencias públicas, en las que los impugnados y los impugnantes presentarán sus pruebas de cargo y descargo.

La Fundación Ciudadana y Desarrollo (FCD) está dando seguimiento al desarrollo del concurso público, y su director, Mauricio Alarcón, recordó que el reglamento establece que las impugnaciones pueden presentarse por falta de probidad, idoneidad y por incumplimiento de requisitos o por estar incurso en prohibiciones o inhabilidades, y “si bien están admitidos aquellos que incumplieron con la presentación de requisitos, cualquier ciudadano puede impugnar al candidato siguiendo las normas, por lo que es perfectamente posible impugnar”.

Precisó que la norma es “clara en determinar que sí se requiere que los postulantes hagan una declaración juramentada ante notario que acredite haber ejercido con probidad e idoneidad la profesión, y esa declaración es un documento obligatorio a la luz del reglamento vigente”.

A su criterio, “el problema de que la comisión haya admitido a un paquete de postulantes que no presentaron su declaración juramentada trae problemas, porque quiere decir que se está midiendo con una vara distinta y se está permitiendo que aquellos que ni siquiera respetan el reglamento puedan seguir en carrera por este cargo”. (I)