La designación del nuevo titular de la Contraloría General del Estado pasa a la etapa de impugnación ciudadana con 103 postulantes que fueron considerados como admitidos y se espera tener electa a la nueva autoridad en octubre próximo si se llega a cumplir el cronograma que aprobó la comisión ciudadana de selección el último 28 de junio.

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El miércoles 28 de junio de 2023, la comisión ciudadana resolvió dar continuidad al concurso público para la elección del nuevo contralor del Estado, luego que el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó la codificación del reglamento para cumplir el fallo de un juez de primer nivel que ordenó que el proceso se retrotraiga a la fase de admisibilidad y se haga con una normativa anterior.

«Se retorna o retrotrae a la etapa de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los postulantes, conforme reglamento para el concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado» del 18 de julio de 2021; y, sobre la codificación del reglamento para la integración de las comisiones ciudadanas de selección que se emitieron en agosto del 2021, cita la sentencia.

Con ello, se dejó sin efecto el cuerpo legal que aprobó el CPCCS en la gestión del exconsejero Hernán Ulloa, que incluía un examen práctico y disminuía las preguntas para el examen escrito a 60. Además, eliminaba la posibilidad de que los concursantes conozcan las preguntas horas antes de cumplir este requisito.

En adelante, con el reglamento que regirá al proceso y que se aprobó en la presidencia de la exconsejera Sofía Almeida, no habrá un examen práctico y el cuestionario para la prueba escrita será de 2.000 preguntas de opción múltiple que se divulgarán 48 horas antes de la convocatoria a rendirla.

El pleno del CPCCS decidió que la comisión ciudadana avance con el concurso, pero tomando en cuenta la resolución del 29 de diciembre del 2022, en la cual se notificó a 118 postulantes sobre el informe de verificación de requisitos legales y la fase de reconsideración.

Según la comisión, en esa fecha se notificó a 118 postulantes con el informe de admisibilidad; y, durante la etapa de reconsideración, 15 personas no habrían sido admitidas y ocho personas fueron admitidas, con lo que, finalmente, quedaron 103 personas que fueron habilitadas a mantenerse en el concurso.

El nuevo cronograma reseña que los 103 postulantes enfrentarán la fase de impugnación ciudadana, en la que pueden ser cuestionados por la ciudadanía u organizaciones sociales por falta de probidad o incumplimiento de requisitos.

El reglamento en su artículo 26 señala que «una vez concluida la fase de admisibilidad de los postulantes, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convocará dentro del término de tres días, contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución de admisibilidad o de las resoluciones de reconsideración de requisitos, aprobará la convocatoria a escrutinio público».

La comisión dio a conocer su resolución del 28 de junio y está previsto que el CPCCS apruebe la convocatoria en las próximas horas, aunque se desconoce en qué fecha abrirá la fase.

Pero una vez que se publique la convocatoria oficialmente, la ciudadanía tendrá cinco días término para presentar sus impugnaciones, que estarán relacionadas «con la falta de probidad, idoneidad, incumplimiento de requisitos o existencia de las prohibiciones e inhabilidades establecidas en la Constitución, la ley y el reglamento. Las impugnaciones se formularán por escrito, debidamente fundamentadas y con firma de responsabilidad, adjuntando copia de la cédula de ciudadanía del impugnante y la documentación de cargo debidamente certificada», señala el reglamento.

Para sustanciar aquellas impugnaciones que sean aceptadas por la comisión se convocará a audiencias públicas, para que tanto los impugnados como los impugnantes expongan sus pruebas de cargo y descargo.

El cronograma vigente prevé concluir con esta fase a mediados de agosto; y, con ello, empezaría la etapa de calificación de los méritos sobre 50 puntos y la rendición del examen escrito sobre otros 50 puntos, que sumarán un total de 100.

Esta última fase concluiría en septiembre y en octubre se podría designar a la nueva autoridad, de acuerdo con el cronograma vigente. Aunque esos pronósticos podrían extenderse debido a actos administrativos de contratación que deben ejecutarse dentro del Consejo.

Aquel postulante que obtenga el más alto puntaje y haya superado la impugnación ciudadana será designado por el Consejo de Participación Ciudadana como contralor del Estado que sucederá las funciones de Carlos Riofrío, que actualmente se encuentra prorrogado.

Esto es debido a que el concurso público no se hizo con anticipación a marzo del 2021, cuando concluyó el periodo para el que fue electo Carlos Pólit Faggioni en el 2017.

Bajo estos escenarios, el proceso avanza con problemas internos entre los comisionados de la ciudadanía y aquellos que representan a las funciones del Estado: Ejecutiva, Electoral, Judicial, Legislativa y de Transparencia y Control Social.

En ellos hay preocupación por las actuaciones de la comisionada Nary Galarza, que fue electa por el pleno de la Asamblea Nacional que fue disuelto el 17 de mayo de 2023 por el presidente de la República, Guillermo Lasso, atribuyendo una grave crisis y conmoción interna.

Su decisión incluyó la terminación anticipada de los contratos del personal legislativo ocasional, entre ellos los de Galarza, quien tenía cargo de asesora.

En la sesión del 28 de junio, la comisionada que representa a la Función Judicial, Eugenia García, planteó una moción para que se consulte al CPCCS una salida jurídica a este hecho.

«La comisionada Nary Galarza está actuando sin competencia. Esa situación debe ser analizada porque puede acarrear problemas legales. Hay que elevar una consulta al pleno del CPCCS para que se pronuncie sobre la actuación de la comisionada de la Asamblea Nacional», recalcó García.

La comisionada de la Función Electoral, Maribel Baldeón, respaldó el pedido y argumentó la necesidad de aclarar el tema para evitar «nulidades» de los actos que emita la comisión.

Pero una mayoría integrada por los comisionados de la ciudadanía respaldaron a Galarza y votaron en contra de la propuesta de García.

En contra votaron el presidente de la comisión, Marco Chalco, Carmen Atupaña, Janeth Ojeda, Melissa Cabrera, Lenín Uquillas y la misma Nary Galarza.

A favor de la moción estuvieron Baldeón, García, Raúl Guaña y Jossueth Almeida, los dos últimos representantes de las funciones de Transparencia y Ejecutiva, en su orden.

Al consultarle a Galarza sobre lo acontecido, explicó: «Es obvio que soy representante de la Asamblea como poder político, solo que los opositores quieren aprovecharse porque los representantes de los otros concursos renunciaron, pero renunciaron porque están mal informados. En el tema legal estoy asesorada por los mejores abogados del país y me dijeron que ni siquiera entraría en duda, porque somos representantes del poder como tal. La Asamblea se disolvió para una nueva elección, pero no se disolvió la Asamblea, no entramos en dictadura; si entraríamos en dictadura y no existiría más Congreso ahí sí, que si no hay Asamblea no puedo... pero no se ha disuelto como poder político, se disolvió para llamar a una muerte cruzada. Sino que las malas interpretaciones y los que no quieren que siga ahí hacen esta mala lectura», subrayó.

Pidió que se «averigüe bien y dejen de inventarse cosas, averigüen con abogados serios», expresó y ratificó que seguirá actuando, pero mencionó que es la primera interesada en que esto se aclare.

«Yo tengo propuestas laborales en otros países y me quedé por este tema, pero por mí dejaría esto», expresó al ser consultada por este Diario.

De acuerdo con el artículo 56 de la ley del CPCCS, los delegados de las funciones del Estado ante estas comisiones ciudadanas «deberán pertenecer a las funciones del Estado que les delega y serán designados por el máximo organismo de decisión de cada una de ellas».

En este caso, Galarza fue designada por el pleno de la Asamblea Nacional en noviembre del 2021, que en la actualidad fue disuelto, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a elecciones anticipadas para el 20 de marzo.

De todas formas, el pleno del Consejo de Participación decidió el 2 de junio aprobar una resolución en cuyo numeral 2 indicó que los «delegados de las cinco funciones del Estado sigan formando parte de las comisiones ciudadanas de selección de los concursos públicos», cuya respuesta se dio a una consulta de la comisión ciudadana que lleva a cabo el concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral.

En este cuerpo colegiado renunció a su delegación como comisionado de la Asamblea Nacional Diego Lucero y el CPCCS determinó que su renuncia «NO afecta la conformación de la comisión ciudadana». (sic)

Sobre este caso, se pidió al representante legal de la legislatura que, en un plazo de 30 días, remita los nombres de dos delegados de la nómina para designar a los dos comisionados faltantes: principal y suplente.

La ley del CPCCS establece que los comisionados percibirán dietas diarias equivalentes al 3,3 % de la remuneración mensual unificada que percibiere un consejero y en el caso de aquellos comisionados que son «servidores públicos estarán obligados a solicitar previamente comisión de servicios sin sueldo por el periodo que duren sus funciones».

En el reglamento para la conformación de las comisiones se precisa que los comisionados que provienen de las funciones del Estado «percibirán la remuneración de la entidad a la que pertenecen».

Comisión ciudadana cuenta con nuevo secretario

En otra actividad que realizó la comisión ciudadana de selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, este 3 de julio, con seis votos a favor y tres abstenciones se designó al secretario de una terna propuesta por el presidente del CPCCS, Alembert Vera.

Este cambio se debe a que con la vigencia de un nuevo reglamento para la elección del contralor, el secretario de la comisión ciudadana debe provenir de una terna enviada por quien ejerza la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana.

Este lunes, la comisión designó a Francisco Toral Zevallos de una nómina que también la integraron Kevin Alvarado, egresado de abogacía de la Universidad de los Hemisferios; y, Kathy Coque Veloz, abogada y exjueza de los tribunales.

Toral fue asesor del CPCCS entre noviembre del 2020 y noviembre del 2022; exfuncionario del Instituto de la Democracia y también exfuncionario de la Cancillería entre el 2012 y 2014; de los extintos ministerios de la Política de agosto del 2008 a diciembre del 2010 y de la Producción, Empleo y Competitividad en el 2011, entre otros.

Por su designación votaron los cinco comisionados de la ciudadanía: Marco Chalco, Janeth Ojeda, Melissa Cabrera, Janeth Ojeda y Lenín Uquillas, al que se sumó Nary Galarza.

Se abstuvieron Maribel Baldeón (Electoral), Jossueth Almeida (Ejecutiva) y Raúl Guaña (Transparencia); la comisionada Eugenia García no estuvo presente en la plenaria. (I)