Una de las etapas en el concurso público para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado es la prueba escrita o examen de conocimientos, que no ha estado exenta de las críticas por cómo se la ha ejecutado entre el 2011 y 2019.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) va retrasado en la preparación del concurso de méritos, oposición e impugnación para la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado que reemplace a Diana Salazar Méndez, cuyo periodo culmina el 9 de abril de 2025. Aunque no se descarta que pueda prorrogarse en funciones.
El 29 de mayo del año en curso, los siete consejeros resolvieron trabajar en mesas técnicas un proyecto de reglamento y se encargó a Augusto Verduga Sánchez preparar una propuesta general que recibiría aportes.
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Dos meses después, el borrador de articulado se filtró, pero el presidente Andrés Fantoni Baldeón no lo ha puesto en tratamiento del pleno, en una coyuntura de conflictos internos que se ahondaron tras la designación de Mario Godoy Naranjo como presidente del Consejo de la Judicatura (CJ).
En periodos anteriores, estos concursos se preparaban para unos siete u ocho meses. Pero debido a que los postulantes y terceros interesados suelen recurrir a acciones de protección, como ha ocurrido en otros procesos como de la Defensoría Pública y Contraloría General, no se descarta que la designación de un titular de la Fiscalía tome un año.
El consejero Augusto Verduga Sánchez reconoció que el organismo lleva retrasado y, a ese «ritmo», lo más probable es que Diana Salazar se prorrogue en funciones.
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En declaraciones de prensa, el consejero ha dicho que su texto de reglamento contiene esquemas similares a los aplicados en administraciones anteriores del Consejo, con algunos ajustes.
En esa línea, entre el 2011 y 2019, los concursos han fijado puntajes sobre los 100 puntos: 50 para méritos y 50 el examen escrito.
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Únicamente el CPCCS de transición, que gozaba de atribuciones extraordinarias, hizo el concurso sobre 50 en méritos; y los otros 50 los dividió en la prueba escrita sobre 20 y un examen práctico por 30 puntos.
La propuesta de Verduga es que no haya una prueba práctica porque «se presta para subjetividades» y con él han coincidido sus colegas Nicole Bonifaz López y Yadira Saltos Rivas.
A criterio de Mishelle Calvache Fernández y Andrés Fantoni, debería haber un examen práctico para observar el desenvolvimiento de los aspirantes ante un estrado.
La renovación de la máxima autoridad de la Fiscalía se considera de alta importancia para el país, en el marco de los altos índices de criminalidad por operaciones del crimen organizado, que se han infiltrado en las cortes de justicia.
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Es así como quien llegue al cargo para los próximos seis años heredará el seguimiento a casos como Metástasis, Purga, Plaga, Encuentro, entre otros, de narcotráfico, asesinato de políticos…
Ruth Hidalgo, catedrática y directora de la Corporación Participación Ciudadana (PC), exalta que la coyuntura nacional demanda un «fiscal independiente, técnico, con experticia en lo penal y que no tenga intereses políticos que pueda contaminar los casos que deba conocer».
Un primer paso es observar cómo construye el CPCCS el reglamento de designación, ya que este «marcará la hoja de ruta de quiénes podrán postular, sus perfiles, las características básicas y las puntuaciones».
Entre esas fases está el examen escrito y, en el caso actual, la propuesta de Verduga contiene un banco de 2.000 preguntas y respuestas de opción múltiple elaboradas por un equipo de diez catedráticos sobre el Código Orgánico Integral Penal (COIP), derecho constitucional, criminología y gestión pública.
Esta fórmula ha sido aplicada en concursos anteriores. Un ejemplo reciente fue el examen escrito que se aplicó a los postulantes a ser titular de la Contraloría General, para el que se hicieron 2.000 preguntas y de estas, algunas se repetían o tenían detalles erróneos.
Tiempo atrás, en el 2012, el CPCCS que operó en el gobierno de Rafael Correa seleccionó como contralor del Estado a Carlos Pólit Faggioni, quien obtuvo 50 en méritos y 50 en el examen escrito, por lo que hasta la actualidad es reconocido con el mote de ‘contralor del 100/100′.
En su reelección en marzo del 2017 bajó cinco puntos. Alcanzó 95/100, porque en méritos tuvo 48 y 47 en la prueba escrita.
Poco más de tres meses después renunció y huyó a Estados Unidos, cuando la Fiscalía General abrió una investigación por su vinculación al caso de corrupción internacional Odebrecht, por el que fue sentenciado por concusión en Ecuador.
En este 2024 fue sentenciado por la justicia norteamericana por seis cargos criminales, como lavar dinero de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
En cuanto a la Fiscalía, entre el 2011 y 2017 los fiscales electos fueron allegados de Correa. Uno era ministro y embajador de Ecuador en España: Galo Chiriboga Zambrano, quien en méritos obtuvo 49 y 36 en su prueba escrita. Se lo designó con 85/100.
En ese entonces, el cuestionario tenía también 2.000 preguntas centradas en materia penal y cultura general, como «¿en las provincias de la región Amazónica se considerará día feriado de descanso obligatorio el...?».
En mayo de 2017, Carlos Baca Mancheno lo reemplazó en la Fiscalía, con un puntaje de 50 en méritos y 44 en el examen escrito. Total: 94/100.
Baca era asesor de Rafael Correa y fue destituido y censurado en un juicio político casi al año de sus funciones como fiscal (en abril del 2018), inculpado de difundir un audio que estaba sujeto a reserva de ley en el que se escuchaba de un diálogo telefónico entre el excontralor Carlos Pólit y el entonces presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, también exministro de Correa.
Para el jurista Medardo Oleas, el eje del concurso no está en hacer un cuestionario de diez mil o más preguntas, sino en calificar la probidad y ética de un candidato, porque un «fiscal general no es el que sabe de memoria el COIP, tiene que ser una persona que tenga claros los principios, conceptos, la organización del sistema y cómo atender la necesidad de la población. Es más, puede ser un buen estudiante y conocer de memoria las leyes, pero si le falta carácter será un pésimo fiscal porque debe ser firme para manejar los casos en contra del sistema político o del narcotráfico».
Si no hay un mecanismo conceptual que verifique la probidad no se elegirá a un buen fiscal y «volveremos a la trampa, pues ¿quién garantiza que las preguntas no van a ser entregadas a alguno de los candidatos?», se preguntó.
Para el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña, además de un examen escrito, el CPCCS debería aplicar un examen práctico enfocado en la litigación oral.
«Hay muchos abogados que son dogmáticos o teóricos, hay otros que solo son litigantes. Pero la idea es que el fiscal del Estado sepa las dos cosas, la doctrina y la litigación oral. Esa persona va a tener que estar litigando todo el tiempo y más aún con los procesos que quedarán abiertos o se están abriendo», dijo.
Ocaña explicó que la esencia de la litigación son el interrogatorio, el contrainterrogatorio y las objeciones a las preguntas mal realizadas. «En eso se centra el éxito o no de un juicio. Una persona puede saber doctrina, pero si no sabe preguntar o no sabe objetar las preguntas mal hechas, no llegará a ningún lado».
Sugiere que el Consejo debería procurar que el equipo de catedráticos tenga una posición independiente, alejados de afinidades políticas para no generar desconfianza y se conduzca con transparencia.
En la opinión de Hidalgo, este concurso público tendrá que ser «celosamente cuidado» y contar con las características de publicidad y transparencia. La idoneidad y probidad serán otro eje del reglamento, porque exigirá una trayectoria limpia a los concursantes, afirmó.
Varias fases integran la selección de un nuevo fiscal del Estado
Para llevar adelante el concurso para elegir a fiscal general, el Consejo de Participación Ciudadana debe contemplar, al menos, nueve fases:
- Aprobar el reglamento de selección de la autoridad.
- Convocar a la conformación de una veeduría ciudadana.
- Convocar a la conformación de la comisión ciudadana, que es la encargada de organizar el concurso público. Está compuesto de diez personas, de las que cinco son electas por concurso de méritos e impugnación y las otras cinco provienen de delegaciones de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Electoral, Judicial y de Transparencia.
- Convocatoria al concurso para elegir a la autoridad, una vez que se integró la comisión ciudadana.
- Admisibilidad, en la que se revisa que los concursantes cumplan requisitos constitucionales, legales y no estén incursos en inhabilidades. La reconsideración de sentir afectados derechos.
- Calificación de méritos, en la que se puntúan la trayectoria académica, estudios, certificados y otros ítems, sobre 50 puntos. Contempla etapa de recalificación.
- Examen escrito o de conocimientos, que se basa en un banco de cientos de preguntas elaboradas por un grupo de catedráticos. Contempla etapa de recalificación.
- Impugnación o escrutinio público, en el que se analiza la probidad e idoneidad, ética de un postulante en su ejercicio laboral.
- Designación a cargo del pleno del CPCCS con base en el informe de calificaciones elaborado por la comisión ciudadana.
La resolución que salga del Consejo de Participación Ciudadana se enviará a la Asamblea Nacional para la posesión de la autoridad.
Verduga expone nuevas propuestas, como la presentación de un certificado de prueba psicológica de habilidades y/o aptitudes para desempeñarse con solvencia profesional en calidad de autoridad del Estado.
Que las impugnaciones a la probidad de los candidatos cumplirán con el requisito de la existencia de una resolución administrativa en firme o sentencias judiciales ejecutoriadas.
«No se podrá imputar falta de probidad notoria en el ejercicio de la profesión, judicatura o docencia universitaria, contra ningún postulante, por la simple presentación de denuncias que no posean una resolución administrativa en firme o sentencias judiciales ejecutoriadas», propone el texto borrador que está todavía sujeto a discusión en el pleno del CPCCS. (I)
