En manos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Vinicio Rodríguez (ponente), Manuel Cabrera y Carlos Pazos estará la audiencia de casación solicitada por Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo sentenciado en dos instancias a tres años de cárcel por el delito de abuso sexual. La diligencia reservada en la que el procesado busca que se anule la condena definida en octubre de 2021 se dará este miércoles, 17 de abril, a partir de las 14:45.

Hace más de un año, el 10 de marzo de 2023, por unanimidad los jueces nacionales Felipe Córdova, Luis Rivera y Byron Guillén acogieron los argumentos de la Fiscalía y rechazaron la apelación a la sentencia de primer nivel contra Carrión como autor directo del delito de abuso sexual. Desde el inicio del procesamiento penal, el exdefensor se ha mantenido en la denominada Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito.

Además de la condena a tres años de cárcel, a Carrión se le dispuso el pago de $ 21.560 como reparación integral a la víctima, la cancelación de una multa de diez salarios básicos unificados ($ 4.000) y la pérdida de los derechos políticos del condenado por el mismo tiempo que dure la pena privativa de libertad. El sentenciado deberá cancelar la reparación para el tratamiento psicológico de la víctima, se aclaró en el fallo, una vez que la condena se haya ejecutado, es decir, haya pasado por la sentencia de segunda instancia y la casación.

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El abuso sexual condenado se habría cometido contra la pareja del exministro de Salud Mauro Falconí, entre la noche del 15 y madrugada del 16 de mayo de 2021 en una reunión en la vivienda del exministro. Carrión recibió una pena de tres años de cárcel, pese a que la fiscal general, Diana Salazar, solicitó al Tribunal que lo condene con la pena máxima, más agravantes, es decir, cerca de siete años de privación de libertad.

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Los jueces Marco Rodríguez, Daniella Camacho y Walter Macías tomaron la decisión de primera instancia asegurando, según la sentencia por escrito, que ni Fiscalía ni la víctima aportaron prueba que justifique circunstancia agravante alguna. “Este Tribunal estima que la pena justa y proporcional para Freddy Carrión es de tres años, que está dentro del rango legal que prevé el tipo penal de abuso sexual en el artículo 170, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal”.

La esposa de Carrión, Priscila Schettini, asegura que el exdefensor del Pueblo cumple los tres años de sentencia el 16 de mayo próximo y debe salir de la cárcel. Para Schettini, su pareja ha pagado una pena anticipada y se ha mantenido preso con una orden de prisión preventiva caducada.

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Angélica Porras, parte del colectivo Acción Jurídica Popular, exvocal del Consejo de la Judicatura de transición y abogada de Freddy Carrión, critica que la audiencia de casación se haya definido a casi un año de que plantearon este recurso en la Corte Nacional, el 27 de abril de 2023, y dentro del procesamiento, afirma, siguen existiendo irregularidades.

“Se han sorteado al menos once jueces para que conozcan el recurso de casación. Unos han sido sorteados por el presidente de la CNJ, otros han sido sorteados por el presidente de la Sala Penal de la CNJ. Inclusive algunos de ellos han sido sorteados para que actúen por minutos, por horas y por días. Algunos se han inhibido, otros se han declarado incompetentes. Por último, han conformado este Tribunal con jueces temporales, figura totalmente inconstitucional e ilegal. Hemos solicitado en enero de 2024 que nos entreguen copias certificadas para ejercer la defensa y nos han contestado que no nos las van a entregar sino en el momento de la audiencia. Así garantiza la CNJ los derechos de los procesados”, señaló Porras.

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Schettini, quien defiende la inocencia de Carrión y afirma que él es un perseguido político, sostiene que los “conjueces temporales que conocerán la casación pretenden dejar en firme la “ilegal sentencia” dada en primera instancia y así “ganarse un puesto de juez titular”.

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Diana Salazar ha enfrentado denuncias del colectivo Acción Jurídica Popular, del que son parte Porras y Schettini, de un supuesto plagio en su tesis doctoral y en documentos entregados para el concurso en el que fue seleccionada y designada fiscal general del Estado en 2019, intentos por llevarla a una audiencia pública en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para explicar temas relacionados a su tesis de grado y la existencia de un informe jurídico de control disciplinario al interior del Consejo de la Judicatura, que se buscó, sin éxito, que se analice. El documento recomendaba la suspensión de la fiscal Salazar. (I)