Las polémicas en el interior de la Policía Nacional salpicaron los dos años de gobierno de Guillermo Lasso

En medio de una ola de violencia por la presencia del crimen organizado en el Ecuador, el desenvolvimiento del alto mando de la Policía Nacional ha marcado la gestión del presidente Guillermo Lasso, que está próximo a terminar su mandato.En los dos años y cinco meses del gobierno de Guillermo Lasso, este ha enfrentado momentos polémicos por actuaciones de la Policía Nacional, siendo el último las posibles omisiones en proteger al político ecuatoriano Fernando Villavicencio y la reciente muerte de siete reos en dos cárceles del país relacionados con su asesinato.Por este suceso, Lasso retornó de emergencia a Ecuador, cuando se preparaba para ir a Corea del Sur por asuntos bilaterales e instaló un gabinete de seguridad de emergencia, que terminó con la remoción del comandante de la Policía, Fausto Salinas, y otros funcionarios, este 7 de octubre.Para el analista político y exministro de Gobierno Mauricio Gándara, esto ocurre porque el Ejecutivo tiene poco conocimiento de lo sucede en el interior de la Policía Nacional y no hay estrategias de prevención, sino de reacción.«Hay un desconocimiento que ha llevado a no saber orientar a la Policía y lo que hacen es reaccionar a los eventos, pero no hay orientaciones y medidas de prevención. Solo actúan por reacción», opinó Gándara.Una debilidad sería también que el Ministerio del Interior ha sido presidido por actores vinculados a la Policía como Patricio Carrillo, que fue comandante, y ahora Juan Zapata, expolicía que alcanzó el rango de teniente coronel.Para el académico Fernando Carrión, si bien es positiva la existencia de este ministerio, lo negativo es que lo presidan expolicías.«No lo preside alguien político, porque el puesto de ministro es político y representante de un poder civil. Pero no se estableció un civil, sino un policía. Con ello, no se diferencia el tema técnico, que es lo que hace un comandante general, pero subordinado al ministro, que no es un ministro político, sino un ministro que está a la deriva», comentó. Gándara cree también que este es un «error fundamental» en la administración de Lasso porque «cómo puede un policía controlar a sus congéneres y peor el actual ministro, que es de inferior rango».Las crisis que han tiznado la gestión presidencial empezaron en diciembre del 2021, cuando se reveló el caso conocido como ‘narcogenerales’ cuando el embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, informó el retiro de visas a generales de la Policía por su posible relación con hechos ilícitos.En una entrevista con el medio Primicias , en diciembre del 2021, dijo que su país estaba preocupado por la penetración del narcotráfico en el Ecuador y en las fuerzas del orden y finalmente se retiraron las visas a Pablo Rodríguez, Édgar Correa, Paulo Terán y Víctor Araus, exoficiales.Meses después, se conoció del asesinato de la abogada María Belén Bernal , ocurrido el 11 de septiembre de 2022, que se habría producido en las instalaciones de la Escuela Superior de la Policía Nacional, por el que fue procesado su esposo, Germán Cáceres.El suceso sacudió al régimen y a las filas policiales por una serie de acciones, omisiones y contradicciones que denunció la madre de la víctima, Elizabeth Otavalo.Por la presión pública, Lasso tuvo que pedir disculpas públicas, removió de su cargo al exministro Patricio Carrillo y dio de baja a dos generales del alto mando.En enero del 2023, se filtró una investigación policial que involucraba al cuñado de Guillermo Lasso, Danilo Carrera, con presuntos hechos de corrupción relacionados con empresas públicas, denominado caso Encuentro, y también por presuntos vínculos con la mafia albanesa, en el caso llamado León de Troya, que investiga la Fiscalía General. Un equipo de la Unidad de Antinarcóticos investigaba un presunto delito de tráfico ilícito de sustancias en Manabí y elaboró un informe en el que se señalaron supuestos vínculos entre la mafia albanesa y el empresario Rubén Cherres (asesinado), quien era amigo de Danilo Carrera. La investigación se archivó en el 2022.No obstante, se filtró al medio digital La Posta , que difundió audios en los que, presuntamente, aparecían las voces de la excomandante de la Policía Tannya Varela y del oficial José Luis Erazo, que dialogaban sobre esta estructura.Otras conversaciones difundidas fueron entre Rubén Cherres y Danilo Carrera para recomendar cargos públicos y que se analice el ascenso de Víctor Araus.La Fiscalía reabrió la investigación León de Troya, aunque el 31 de marzo, Rubén Cherres fue hallado muerto junto a otras tres personas en una casa en Punta Blanca, en Santa Elena.El último acontecimiento se relaciona con el asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio, el 9 de agosto de 2023, cuando salía de un mitin político en Quito.Informes internos indicaban que Villavicencio corría un 98 % de riesgo por las constantes amenazas, por lo que en la actualidad se denuncian conductas omisivas de la Policía.El oficial Cristian Cevallos, quien era el jefe de seguridad del excandidato, enfrenta dos expedientes administrativos iniciados por la Dirección de Asuntos Internos, y su abogado, Edwin Romero, relató días atrás que ninguna de las autoridades policiales atendió decenas de requerimientos de dotación de armas largas, vehículos, equipos celulares que había hecho su defendido para asegurar la vida de Villavicencio.El ministro del Interior, Juan Zapata, ha ofrecido una evaluación de la hoja de servicio para analizar las actuaciones de servidores policiales que daban seguridad a Villavicencio. Dicho informe existiría y estaría listo, pero su contenido se desconoce y es considerado reservado. A esto se sumó que este 6 y 7 de octubre fueron hallados muertos siete procesados por el asesinato de Villavicencio, cuando la Fiscalía cerraba la instrucción fiscal.El viernes último, seis de ellos, de nacionalidad colombiana, fueron encontrados muertos, presuntamente ahorcados, en sus celdas de la Penitenciaría del Litoral del Guayas.El 7 de octubre, en horas de la mañana, se encontró muerto a José M., vinculado a la investigación, quien guardaba prisión en la cárcel de El Inca en Quito.La Fiscalía abrió una investigación al Servicio Nacional de Atención de Personas Privadas de la Libertad (SNAI) porque había una orden de que los procesados sean trasladados, pero no se cumplió.Efecto de ello, este 7 de octubre, Guillermo Lasso removió de sus funciones a Fausto Salinas como comandante de la Policía, cargo que lo venía ocupando desde mayo del 2022.En un primer decreto ejecutivo numerado 888 designó en su lugar al general de Distrito, Manuel Íñiguez Sotomayor. Luego suscribió el decreto 889, con el que agradeció los servicios de Íñiguez como comandante y nombró a César Zapata Correa.También removió a Luis Ordóñez Pinto como director general del SNAI y designó como director encargado a Fausto Cobo, quien preside el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).Separó a Alain Luna como director de Investigación de la Policía y dispuso su baja de las filas. En tanto, un juez dictó prisión preventiva contra José M. V., que era director subrogante de la Penitenciaría del Litoral, investigado por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.Para Carrión la institucionalidad del país está bajo el asedio de los mercados ilegales y operan con dos cosas: «plata que es corrupción o plomo que es la intimidación». «Este Gobierno no tiene tiempo para funcionar y lo que hará es más de lo mismo, más declaratorias de estados de excepción para meterse a las cárceles e incautar armas y drogas y a la siguiente semana lo mismo», recriminó. (I)

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