Intensas negociaciones políticas en la Asamblea Nacional no logran de momento los 92 votos para una eventual censura y destitución de tres vocales del Consejo de la Judicatura

Al interior de la Asamblea Nacional se intensifican las negociaciones políticas frente al juicio político a tres vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), y la ex presidenta de ese organismo, María del Carmen Maldonado, acusados por incumplimiento de funciones.

Tras el resultado obtenido en la Comisión de Fiscalización que no aprobó el informe que recomendaba el archivo de la solicitud de juicio planteada por la asambleísta, Viviana Veloz (UNES), se abren nuevos plazos para definir el inicio del juicio político.

La Comisión de Fiscalización tiene hasta este 24 de agosto para presentar el informe de posiciones de los integrantes de la mesa y los archivos correspondientes con las pruebas, para que con base a ello el pleno en la sesión que convocará el presidente del Parlamento, primero defina si archiva o continúa el juicio.

Pleno de la Asamblea Nacional definirá si archiva o inicia el juicio a tres vocales del Consejo de la Judicatura

Al momento sí existen los votos para que con mayoría simple (mitad más uno de los presentes en la sala) se defina que el proceso en contra de los vocales de la Judicatura continúe; con ello, el presidente Virgilio Saquicela, tendrá que llamar a una nueva sesión del pleno para el juicio político que concluirá con la aprobación de una moción de archivo o de censura y destitución de Fausto Murillo, presidente del CJ y los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno.

Pero de momento no habría, en cambio, los votos suficientes para alcanzar una censura y destitución de Murillo, Morillo y Barreno, así como la censura de Maldonado.

Las fuerzas políticas una a una se van definiendo frente al proceso que siguió la Comisión de Fiscalización. Para ello se necesitan 92 (o la mayoría calificada).

Los votos

El bloque Pachakutik, según su coordinador Salvador Quishpe, no votará por la censura y destitución de los acusados, y afirmó que son 18 los legisladores de ese sector los que se comprometieron a seguir la línea definida.

“Para nosotros está claro, más allá que los correístas lancen toda su artillería de los trolls, para tratar de descalificar lo que estamos diciendo. Nosotros no vamos a estar de acuerdo jamás que se quiera utilizar a la Asamblea Nacional y a Pachakutik para destituir un Consejo de la Judicatura, no para mejorar la justicia para los ecuatorianos, sino para nombrar un nuevo consejo y luego asegurarse los jueces al estilo del juez de Manglaralto, para la impunidad de los correístas”, afirmó Quishpe.

Ricardo Vanegas, también de Pachakutik, manifestó que la actuación de la prueba y de la demanda presentada por la asambleísta Viviana Veloz, es muy débil; pues el “alguacil terminó alguacilado”.

Que en el proceso se evidenció que los jueces nombrados en la época del correísmo fueron utilizados para perseguir a quienes eran contrarios a ese gobierno; y lo que se busca en este juicio es sostener equivocadamente que la sentencia de la Corte Constitucional ha señalado que se inicie un juicio político contra el Consejo de la Judicatura, lo cual la sentencia no dice; además, en la acusación se señala que en esa sentencia los vocales del CJ, han realizado una intromisión a la Función Judicial, lo cual tampoco se dice en la sentencia constitucional.

“Al país no se lo puede engañar, lo que se está buscando fundamentalmente, es que un nuevo Consejo de la Judicatura designe otros jueces temporales y se entre a revisar sentencias que tienen calidad de cosa juzgada contra Rafael Correa y sus amigos”, afirmó Vanegas, quien dijo que es injustificable que la Asamblea se convierta en otra instancia judicial para resolver los problemas de una persona que tiene que responder a la ley.

Fernando Cedeño, de UNES, ratificó que su bancada compuesta por 47 asambleístas votará por la censura y destitución de los tres vocales del CJ.

Dijo que no están por el archivo de la causa porque creen que los cuatro acusados deben ser enjuiciados porque han contravenido a los dictámenes y sentencias de la Corte Constitucional de las graves faltas en que incurrieron al destituir a los magistrados de la Corte Nacional de Justicia.

Comentó que el accionar del CJ, fue atentar contra la autonomía mientras estaban en funciones y además no observaron que la renovación era por tercios y procedieron a realizar una renovación casi total de la Corte a través de un proceso de evaluación.

Cedeño manifestó que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio se extralimitó en sus funciones al exhortar una evaluación de jueces de la Corte Nacional. Dijo que es ridículo que se sostenga la tesis de que la intención de este juicio es controlar la justicia.

El coordinador de la Izquierda Democrática (ID), Marlon Cadena, comentó que tras una reunión del bloque se resolvió esperar el informe de posiciones que saldrá de la Comisión de Fiscalización sobre el juicio.

Indicó que a pesar de que consideran que existen los elementos para una censura de los acusados, sin embargo, esperan tener todo el expediente completo para que esto sea sometido a criterio de los asambleístas.

“Estamos analizando este tema que ha concitado el interés nacional y demanda mucha seriedad, y nuestra postura siempre debe ser coherente en función del país”, reiteró Cadena, tras señalar que lastimosamente se ha visto que hay una lluvia de intereses.

El sector de asambleístas del oficialismo agrupado en la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) mantendrá una reunión este martes 23 de agosto para tomar una decisión respecto al proceso de juicio político.

Por el momento, los únicos votos que respaldan el proceso de juicio político provienen de UNES, PSC y los rebeldes de Pachakutik, que sumados alcanzan 68 voluntades, aún falta conocer la decisión de los asambleístas de la ID, aunque de ese grupo al menos siete han anunciado que votarán en contra del juicio. La posición de algunos independientes también es clave en el momento de reunir los votos. (I)