Una orden de captura se girará a la Oficina Internacional de Policía Criminal (Interpol) en contra de Javier Córdova Unda, exministro en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, para que cumpla una orden de prisión preventiva por presunto enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación en contra de Javier Córdova, exministro en el periodo de Rafael Correa y Lenín Moreno, además de haber sido viceministro del Interior y exviceministro de Seguridad y ministro de Minería.

Este 10 de enero de 2024 se realizó la audiencia de formulación de cargos en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que la presidió el juez de Garantías Penales Marco Rodríguez Ruiz, quien acogió los elementos de convicción expuestos por la Fiscalía y dispuso como medidas cautelares orden de prisión preventiva y la detención de varias cuentas bancarias para garantizar el pago de una multa y reparación integral hasta por $ 1′141.669.

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Córdova no reside en Ecuador, ya que estaría trabajando en una minera extranjera y viaja entre Colombia y Estados Unidos, indicó en la audiencia virtual. Según la información que registró en el proceso, que indicó Fiscalía, su residencia estaría en Miami.

En la gráfica, el exministro de Gobierno José Serrano (c), el ex comandante general de la Policía Patricio Franco (i) y el exviceministro Javier Córdova.

En la diligencia estuvo presente la ministra fiscal Diana Salazar Méndez, que solicitó las medidas cautelares de prisión tras formularle cargos por enriquecimiento ilícito y presentar 65 elementos de convicción que demostrarían en el proceso que, en los «años en los que se desempeñó en cargos públicos, encargos de jerarquía en su calidad de ministro, ha obtenido valores que sobrepasan los montos que por concepto de sus remuneraciones y demás beneficios legales, pago de viáticos de beneficios ha recibido dentro de la administración pública».

Los hallazgos fueron determinados con base en un informe de responsabilidad penal (IRP) de la Contraloría General del Estado, que tiene la atribución constitucional de revisar el patrimonio de los servidores de la función pública.

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En detalle se habrían observado depósitos y acreditaciones adicionales a las remuneraciones en sus cuentas bancarias, cuyo origen no habría sido justificado.

Como exfuncionario de los ministerios habría percibido por concepto de remuneraciones $ 436.603. Pero se desprenden otros ingresos recibidos en sus cuentas por terceras personas que ascienden a $1′141.669, según la investigación fiscal. «Es que es facilito (hacer la suma). Hay que ver cuánto recibió por ingresos en relación de dependencia, $ 436.000; sin embargo, usted (Javier Córdova) paga más de $ 1′000.000 por concepto de tarjetas de crédito», explicaba Salazar.

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En su defensa, Javier Córdova indicó que presentará las pruebas de descargo necesarias y que él tiene la «conciencia tranquila».

Contó que vive en Miami desde finales del 2018 y que trabaja para una compañía minera en los Estados Unidos que tiene sede en Canadá y que, a su vez, tiene operaciones en Colombia. Es por eso, explicó, que viaja constantemente a Medellín (Colombia), «por temas netamente de trabajo; no es un tema de engañar absolutamente a nadie».

Alegó que al dictarle prisión preventiva y obligarlo a regresar a Ecuador perdería su trabajo y sus ingresos, y que en el proceso «Fiscalía tendrá que probar documentadamente todo lo que está formulando cargos, y nosotros demostraremos documentadamente que no existe ese cometimiento del delito», enfatizó Córdova.

De acuerdo con el informe de Contraloría, en un periodo del 2012 al 2018 se reportaron depósitos y acreditaciones adicionales a sus salarios en el sector público por $ 253.323.

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Por ejemplo, según las indagaciones, se habría comprado un departamento en un barrio de Quito por $ 125.500 que habría sido cancelado con el dinero de la venta de otro departamento, «pese a que esta venta fue posterior, es decir, primero paga y luego vende», narraba la fiscal.

Los análisis a sus cuentas darían cuenta de que no se justificaron valores de compras de vehículos de alta gama; dineros para pagar a una entidad financiera por $ 75.000.

«Otro hallazgo es el pago por consumo efectuado en once tarjetas de crédito por un valor total de $1′308.527, y no justificó el origen de los recursos ni la forma de pago de esas obligaciones. Envió divisas al exterior por $ 673.388, incluidos consumos con tarjetas de crédito, de los cuales $ 650.362 corresponden al examinado sin que haya justificado documentadamente el origen de los fondos para la salida de divisas, ya que el valor es superior al total de sus remuneraciones y más beneficios sociales», informó la fiscal al magistrado.

Así también, durante la investigación se había convocado a terceras personas a rendir versión por depósitos hechos a las cuentas de Córdova, y algunos de ellos señalaron que se debía a pagos por traer artículos del exterior.

El abogado defensor de Córdova, Édgar Molina, esgrimió que la fiscal quiere aparecer en los medios de comunicación y decir que «procesó a un correísta y que está con prisión preventiva».

Pidió al juez que no disponga las medidas de prisión preventiva, sino presentaciones periódicas en Miami y ante un agente consular. «Mi cliente se presentará y no va a dejar que mancillen su nombre», dijo, pero pidió que no se dicte prisión preventiva porque su vida correría peligro.

Reprochó que el informe de Contraloría es de hace cinco años y desde entonces no se ha hecho nada.

Además de la medida de prisión y detención de cuentas, el juez Rodríguez notificará a las instituciones públicas respectivas para que se prohíba la enajenación de bienes. Ordenó 90 días para la instrucción fiscal. (I)