Los jueces especializados para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, más conocidos como jueces anticorrupción, tienen la atribución para procesar a aquellas personas detenidas en el contexto de la declaratoria de estado de excepción y conflicto armado, que dispuso el Gobierno por los actos delictivos registrados en los últimos tres días en cárceles y ciudades del país. A la actualidad, se ha reportado la detención de 329 personas.

El Decreto Ejecutivo 111 suscrito por el presidente de la República, Daniel Noboa, el 9 de enero, reconoce la existencia de un conflicto armado interno y dio la orden de movilización a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para actuar con operaciones militares.

Como parte del decreto se identificó a 22 Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) como terroristas y, por tanto, quienes sean capturados serán procesados bajo la figura de terrorismo.

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Quito 10 de enero 2024. Rueda de prensa de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional a cargo del jefe del comando conjunto Almirate Jaime Vela Erazo API / DANIEL MOLINEROS Foto: API

En las últimas 72 horas, desde la vigencia de los decretos 110 de estado de excepción y 111, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado han informado de varias detenciones y el inicio de procesos judiciales.

Con información preliminar al 10 de enero, 329 personas habían sido aprehendidas para investigaciones en catorce de las 24 provincias, de acuerdo con información de la fuerza pública.

Entre los capturados están la docena de sujetos encapuchados que ingresaron a las instalaciones del medio de comunicación TC Televisión durante una programación en vivo del 9 de enero y amenazaron a sus trabajadores con fusiles, armas pequeñas, cuchillos y tacos de dinamita.

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En el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se tipifica al terrorismo como «la persona que individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años».

Guayaquil, martes 09 de enero del 2024 Policías toman procedimiento en TC Televisión donde varios encapuchados ingresaron y tomaron rehenes al personal Fotos: César Muñoz/API Foto: API

La norma establece nueve grados de identificación de los actos que cometan los implicados y si efecto de ello hay una o más personas muertes, se sancionará con pena privativa de libertad de 22 a 26 años.

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Estos casos serían tramitados por los 16 jueces anticorrupción, quienes están a cargo del juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Su designación se dio después de un concurso público de méritos, oposición e impugnación que organizó el Consejo de la Judicatura (CJ) y que culminó en diciembre del 2022.

La existencia de estos jueces se contempló en un paquete de reformas que aprobó la Asamblea Nacional en el 2020 al Código Orgánico de la Función Judicial, en la que se determina que tienen jurisdicción nacional, con sede en Quito y se encargan del juzgamiento de 44 tipos penales: 7 delitos relacionados con corrupción y 37 con el crimen organizado. Entre ellos, el terrorismo y su financiamiento.

Según informes de la Policía Nacional, en Ecuador entre el 2014 y 2023 se ha consolidado el crimen organizado y ha sido el detonante de la actual crisis de inseguridad. Se identifica a 22 GDO que moverían alrededor de $ 120 millones anuales en operaciones ilícitas.

Para garantizar el trabajo de los jueces, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) solicitó a la Función Ejecutiva proporcionar el suficiente resguardo policial y militar a su edificio y a los complejos judiciales del país.

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En un comunicado oficial difundido el martes, la Corte respaldó las acciones del Gobierno e hizo un llamado a los jueces del Ecuador a que de manera imparcial apliquen la Constitución y la ley y con sus acciones coadyuven a la lucha contra el actuar de los grupos criminales y se evite la impunidad.

El abogado Felipe Rodríguez recordó -en un mensaje publicado en X- que los casos de terrorismo y delincuencia organizada son competencia de los jueces anticorrupción y exhortó al régimen a que se refuerce su seguridad y la de su perímetro.

La de sus familias, pues es «ahí donde los criminales van a intentar golpear para intimidarlos».

«Se dispuso por decreto reforzar la seguridad del Gabinete Estratégico de Seguridad, pero no de quienes más seguridad requieren, los que van a ver cara a cara a los terroristas. Y lo mismo con los fiscales a cargo de procesar todos estos casos y los jueces de flagrancia. ¡Seguridad para todos ellos ya! Que quede claro: los que se van a jugar la vida por el país y sin armas, son los que más protección necesitan hoy, más protección que cualquier ministro. Este no es un tema menor. Esto es tan importante como el trabajo del Ejército y las unidades de élite de la Policía», escribió Rodríguez.

Justamente, el jefe del Gobierno, Daniel Noboa, emitió el Decreto Ejecutivo 112, el 9 de enero, en el que dispuso al Ministerio del Interior, de Gobierno y a la Policía proporcionar seguridad al Gabinete Estratégico de Seguridad, a sus hijos y cónyuges que residan en el país.

En el documento no se menciona a otras autoridades del Estado. (I)