Jorge Glas llega a los cinco años de cárcel con tres condenas por actos de corrupción; la unificación de penas para conseguir la prelibertad sigue en la mira

Faltaban pocos minutos para la medianoche del lunes 2 de octubre de 2017. Un carro todo terreno de color oscuro se estacionaba velozmente frente al ingreso de la denominada Cárcel 4, al norte de Quito.

Del automotor, en medio de escoltas presidenciales y agentes policiales, se bajaba un Jorge Glas que siendo vicepresidente de Lenín Moreno se entregaba voluntariamente a la justicia. Se le había definido una orden de prisión preventiva dentro de un proceso penal por el delito de asociación ilícita parte de la trama de corrupción que la empresa brasileña Odebrecht implementó en Ecuador, al igual que lo hizo en otros países de la región.

Desde ese momento para Glas han significado 1.785 días en dos Centros de Privación de la Libertad (CPL); dos sentencias en firme como autor de delitos como asociación ilícita y cohecho pasivo agravado; una sentencia de primera instancia por peculado dentro del caso Singue; la entrega de dos habeas corpus en primera instancia -uno de los cuales le permitió salir de la cárcel por 40 días-, aunque los mismos le fueron rechazados en apelación, dejando a uno de los jueces que le otorgaron el beneficio fuera de la Función Judicial y al otro en una situación que está aún por definirse en lo administrativo.

Recurrir al ‘habeas corpus’ fue una constante en la defensa jurídica de Jorge Glas desde el 2017

La primera sentencia para el exvicepresidente llegó el 13 de diciembre de 2017. A él como exministro de Sectores Estratégicos de Rafael Correa; a su tío Ricardo Rivera, del sector de las telecomunicaciones; al exfuncionario de Senagua, Carlos Villamarín; al empresario Édgar Arias y al exfuncionario de Petroecuador Ramiro Carrillo, se les sentenciaba a seis años de reclusión como autores directos de asociación ilícita.

Además, tres empresarios: Gustavo Massuh, Rubén Terán y Kepler Verduga recibían penas modificadas de 14 meses de cárcel por la cooperación eficaz entregada a la Fiscalía.

Dos años y cuatro meses después, se le sumó a Jorge Glas una nueva pena de ocho años de prisión dentro del denominado caso Sobornos 2012-2016. Él y su exbinomio Rafael Correa fueron condenados como autores mediatos por instigación. Otras 18 personas, entre exfuncionarios de ese régimen y empresarios privados, recibían en mayoría penas de ocho años de prisión.

Solo a las exasesoras de Presidencia Pamela Martínez y Laura Terán se les definió penas de nueve meses y 22 días y tres meses de arresto, respectivamente, por el delito de cohecho.

Para Fausto Jarrín, asambleísta de la Revolución Ciudadana que renunció a ese cargo para asumir nuevamente la defensas de sus “compañeros perseguidos”, entre ellos Glas y Correa, en estos cinco años al exvicepresidente se le ha violado sucesivamente sus derechos a un juicio justo y a un debido proceso. Uno de los ejemplos que el abogado expone para ejemplificar su teoría es el no cumplimiento de la boleta de excarcelación que se le otorgó en el habeas corpus que le concedió un juez de Manabí.

“Más allá de si les gusta o no como se haya procedido dentro de una garantía constitucional, las disposiciones se cumplen porque sino hay responsabilidades de por medio”, explicó Jarrín, quien señaló que avanza la denuncia por el secuestro de Glas contra el presidente Guillermo Lasso y otros, además de una acción de incumplimiento presentada ante la Corte Constitucional.

A inicios de 2020, a favor de Jorge Glas se aceptaron las medidas cautelares pedidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta instancia solicitó al Estado ecuatoriano que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad del ingeniero de profesión, quien ha señalado que no han sido atendidos sus graves problemas de salud que mantenía, ni otros que se le han presentado por el encierro y el haber presenciado amenazas y masacres en el interior de la cárcel de Latacunga.

Para el abogado de los líderes correístas está anunciado el futuro que le depara al Ecuador en relación a todos los “procesos de abuso” que se han dado desde hace cinco años utilizando la justicia, sobre todo a la Fiscalía, para atacar a opositores políticos, para tratar de negar un legado y de esa manera destruir honras y proyectos de vida. “Estoy absolutamente seguro de que ya no le quedan dudas a nadie a nivel de la función pública, sobre todo en la Procuraduría, la Fiscalía y la Función Judicial, de que al Ecuador se le vienen sanciones internacionales por el abuso de lo que hemos denominado Lawfare”.

Jarrín tiene claro que Jorge Glas está en la cárcel 22 meses más de los que debió haber estado por el “simple mecanismo del transcurso del tiempo y la ejecución de penas”. Independientemente de ello para el abogado no existe evidencia alguna que haya justificado su condena ni en el caso Odebrecht, ni en el caso Sobornos.

A lo que Jarrín se refiere con que Glas está 22 meses más de lo que debería estar en la cárcel, es que el exvicepresidente el 14 de diciembre de 2020 cumplió el 40 % de la pena que se requiere para acceder al beneficio penitenciario de prelibertad. Esa ha sido la teoría manejada por los abogados Harrison Salcedo, ya fallecido, y Edison Loaiza, quienes presentaron solicitudes para la acumulación de penas basándose en que debería la pena mayor de las dos sentencias -la de ocho años- absorber a la pena menor -la de seis años-, para que posteriormente se emita el beneficio de prelibertad.

Loaiza asegura que de haberse unificado las penas, el exbinomio de Rafael Correa debió haber salido de la cárcel bajo el régimen de prelibertad al cumplir el 40 % de la sentencia más alta de las dos que tiene en firme, es decir, 8 años. Tanto Salcedo como Loaiza han pedido la prelibertad y no el régimen semiabierto, porque se alega que Glas fue sentenciado con el Código Penal y no con el Código Orgánico Integral Penal.

En una de las últimas audiencias en la que intervino el exsegundo mandatario, él dijo que está preso por las fuerza de las circunstancias y aclaró que el trato que ha recibido tanto en las cárceles que ha estado como de parte de la justicia, responde a una persecución política contra quienes fueron parte del régimen de Rafael Correa.

Para Glas solo esa es la respuesta a no concederle los beneficios penitenciarios que le permitan cumplir el resto de la pena fuera de un centro carcelario, pese a que en su expediente constan los certificados de buena conducta o los certificados de sus estudios realizados en prisión: dos maestrías aprobadas en una universidad española, una maestría en curso, otra maestría en propedéutico, un Ph. D. y un año y medio de estudio de Biblia Hebrea en una institución israelí.

La situación legal del caso Singue, en la que Glas fue sancionado con ocho años de cárcel, se ha transformado en la mayor traba para que el exvicepresidente acceda al beneficio penitenciario de prelibertad. En dos ocasiones, jueces de Garantías Penitenciarias de Cotopaxi le han negado los pedidos de unificación de penas, argumentando que son improcedentes mientras él mantenga dos sentencias en firme y tenga pendiente una sentencia que no se encuentre ejecutoriada.

Desde el 29 de julio pasado, el exvicepresidente del correísmo y otras seis personas acusadas de delito de peculado dentro del caso Singue están a la espera de conocer si un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia confirma la sentencia de culpabilidad de primera instancia o da paso a la apelación planteada bajo el argumento de que no existe ni delito, ni afectación económica al Estado en esta causa.

Los jueces Luis Rivera, Daniella Camacho y Felipe Córdova convocaron la reinstalación de la diligencia para el 29 de agosto pasado, para así dar a conocer su decisión, pero la audiencia no se dio y aún no existe una nueva fecha para la realización. Respecto a esta causa, Jarrín espera que los jueces entiendan la urgencia que existe de esta decisión, ya que una vez la conozcan, afirmó, volverán como defensa a presentar la solicitudes correspondientes de unificación de penas y prelibertad.

Quien fue acusador particular de Jorge Glas en el caso Odebrecht, César Montúfar, plantea que se debería pensar en reformas para evitar que se den salidas como la acumulación de penas para alcanzar prelibertades o regímenes semiabiertos cuando se tratan de delitos tan graves como son los actos de corrupción en la función pública.

Jorge Glas y otros seis sentenciados en el caso Singue conocerán este lunes resolución ante apelación presentada

El excandidato presidencial cree que es preocupante el que por un lado en casos como Odebrecht o Sobornos existe poca recuperación de dineros y bienes que se llevaron los corruptos; mientras que por otra hay una falta de resultados en investigaciones de otros actos de corrupción que ya han sido denunciados en la Fiscalía, pero que no avanzan.

Al menos $ 8,2 millones es lo que debe aún cancelar al Estado ecuatoriano el exvicepresidente Jorge Glas por los actos de corrupción sancionados por la justicia bajo los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo agravado. Las reparaciones integrales ordenadas de $ 7,5 millones en el caso Odebrecht y los $ 778.224 en el caso Sobornos son disposiciones parte de dos sentencias en firme que deben cumplirse independientemente de que Glas salga o no de la cárcel.

“No es que cumple ciertos requisitos y es beneficiario de un régimen semiabierto. Es el juez el que debe considerar todos estos elementos, entre ellos, que hablamos de un alto funcionario público, que tiene dos sentencia ejecutoriadas por delitos de corrupción, que ha perjudicado al Estado, que no ha devuelto ni un centavo. Son varios elementos los que deberían considerarse para no generar impunidad y la idea de no reparación por los delitos cometidos”, agregó Montúfar. (I)