Jueza da cinco días más a Jorge Glas para presentar informe avalado por el Ministerio de Salud; defensa cree que el próximo año se resolverá la pena única

Nuevamente la jueza de Garantías Penitenciarias de Pichincha, Melissa Muñoz, vuelve a dar cinco días para que el exvicepresidente Jorge Glas presente debidamente avalado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) el certificado médico emitido por un neurocirujano, el cual sirvió de base para solicitar el diferimiento de la audiencia de pena única que estuvo dispuesta para el 12 de diciembre pasado.

El jueves 22 de diciembre pasado vencieron los primeros cinco días dados por la jueza para este mismo fin. En esta oportunidad, la defensa del exvicepresidente solicita otros cinco días para entregar el certificada avalado, pues se sostiene desde el lado de Glas, hasta la fecha y pese a los constantes requerimientos el MSP no habría dado respuesta a la “solicitud de aval de certificados médicos”.

Jueza por segunda vez pide a Jorge Glas presentar certificado médico avalado por el Ministerio de Salud; no existe aún fecha para la audiencia de pena única

El término de cinco días, es decir, los cinco días laborables, arrancaron desde el 22 de diciembre pasado que se emitió la providencia y se completarán el viernes 30 de diciembre próximo. Hasta ese día tienen los abogados de Jorge Gas para entregar el documento avalado que ha sido solicitado por la jueza de garantías penitenciarias antes de decidir convocar a una audiencia en la que pueda participar vía telemática el exsegundo mandatario.

“Por cuanto se han justificado las gestiones necesarias para avalar el certificado médico privado ante el máximo órgano rector en materia sanitaria (MSP), con el objeto de garantizar el derecho básico y fundamental de la defensa establecido en la Constitución, se concede por esta última ocasión el término de 5 días para que se consigne a esta Unidad Judicial el certificado médico emitido por el doctor Paúl Mejía Andrade, neurocirujano, de fecha 7 de diciembre de 2022, debidamente avalado”, señala la providencia de la jueza Muñoz.

El 12 de diciembre último, un cambio de última hora de abogado defensor del líder correísta obligó a que Muñoz ordene el diferimiento de la audiencia dispuesta para la tarde de ese día y en la que se iba a tratar el pedido para que se unifiquen las dos penas en firme que mantiene el líder correísta por hechos de corrupción ocurridos en su paso por la función pública.

Glas en un escrito solicitó el diferimiento de la audiencia por el cambio de abogado defensor y porque mantiene un reposo médico por su estado de salud, situación que, dijo, le imposibilita asistir de manera presencial. En ese momento, para justificar el tema médico se adjuntó un documento simple, situación por la que la jueza Muñoz ya le dio 48 horas para que presente documentos originales o copias debidamente certificadas.

Edison Loaiza, abogado que fue relevado en esta causa de la defensa de Glas, pero que no deja de manejar la estrategia legal de defensa del exvicepresidente, cree que por el corto tiempo que existe para que se acabe el año y la cantidad de actividades de la jueza dentro de la sala que lidera, esta diligencia sería definida para los primeros días del 2023.

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“El cambio de defensa técnica como estrategia fue precisamente para pedir el diferimiento de la audiencia del 12 de diciembre último. Nosotros no teníamos como más hacer hasta que se resuelva el tema del caso Singue -la emisión del fallo por escrito del Tribunal en el que deja en firme la resolución de nulidad-, porque de pronto íbamos a la audiencia y la jueza de garantías penitenciarias nos decía que la sentencia del caso Singue no está ejecutoriada. Pero ya que en este momento está emitida esta sentencia vamos a pedir que se defina fecha y hora para que se de la diligencia”, explicó.

La pena única que se busca desde la defensa de Glas debe definirse respecto a las dos sentencias en firme que tiene el exbinomio presidencial de Rafael Correa: una de seis años por el delito de asociación ilícita relacionada al tema Odebrecht y otra de ocho años por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. (I)