Las medidas cautelares autónomas acogidas el viernes último por el juez de la Unidad Multicompetente del cantón San Jacinto de Yaguachi (Guayas) Jhon Erick Rodríguez Mindiola a favor de Jorge Glas y con las que se le restituye sus derechos políticos son al momento las últimas de una serie de fallos relacionados con acciones constitucionales adoptadas por Rodríguez en los últimos diez meses.

Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia del gobierno de Rafael Correa; Raúl Gonzalez, elegido y no posesionado como superintendente de Bancos; Alexander Ariel Quezada San Martín, alias Ariel, uno de los principales cabecillas de la banda criminal Los Lobos; John Gamboa, exdirector de la Delegación Electoral del Guayas; ... figuran también entre los nombres, que al igual que Glas, recibieron una resolución de Rodríguez ante un pedido de medidas cautelares.

El 22 de marzo pasado, se conocía que Romero, quien tiene una sentencia de nueve años, confirmada en dos instancias, por el plagio de Fernando Balda en Colombia, dejó la denominada Cárcel 4, ubicada en Quito. El hecho se dio gracias a que el juez Rodríguez aceptó un pedido de medida cautelar propuesto por el exfuncionario del correísmo ante problemas de salud y la falta de atención médica en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) en el que se encontraba. La liberación bajo presentación periódica se mantendría hasta que el centro entregue los servicios de salud que requiere.

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Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia, salió de prisión tras beneficiarse de una medida cautelar

Casi un mes después, en mayo de 2023, Rodríguez, también aceptando una medida cautelar, ordenó se reintegre a las funciones de director de la Delegación Electoral del Guayas a Jhon Gamboa. Tres meses antes él fue removido del cargo debido a una denuncia penal realizada por el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, quien lo acusó de ser el responsable de un centro de cómputo clandestino donde se habrían llenado actas de la consulta popular a favor del no.

Otro caso que captó la atención no solo de la ciudadanía, sino también de las autoridades de diversos organismos estatales fue el relacionado a alias Ariel, quien registra procesos penales por el delito de tráfico ilegal de droga y la Policía lo tenía relacionado como uno de los principales cabecillas de Los Lobos. A favor de Ariel Quezada, a inicios de diciembre de 2022, como juez constitucional Rodríguez declaró una ilegalidad en su detención y firmó una boleta de excarcelación para que salga del CPL de Cotopaxi, en Latacunga.

En ese mismo mes de diciembre del año pasado, pero a finales, Jhon Rodríguez como juez dispuso trasladar a dos presos de alta peligrosidad desde La Roca, en Guayaquil, al CPL de Bellavista en Santo Domingo de los Tsáchilas. La resolución se tomó pese a que los trasladados habían sido identificados por autoridades del gobierno de Guillermo Lasso como promotores de una masacre en la que fueron asesinados 44 reclusos.

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Esa acción fue rechazada por el entonces secretario de Seguridad del Estado, Diego Ordóñez, funcionario que solicitó al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) investiguen los patrimonios de Rodríguez y otros magistrados más que aparentemente podrían estar relacionados con fallos irregulares.

Este miércoles 14 de junio terminaría el permiso médico de tres días otorgado al servidor judicial ante la existencia de problemas de salud en la espalda, en su estómago, entre otras zonas del cuerpo. De oficio, el mismo 9 de junio pasado que resolvió la medida a favor de Jorge Glas, contra él se abrió una investigación previa por el delito de prevaricato.

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Ricardo Vanegas, abogado del juez de Yaguachi, sostiene que su cliente acudirá a rendir su versión de forma libre y voluntaria y está a la espera de que formalmente así se le requiera. Tanto él como Rodríguez han rechazado que la Fiscalía haya pedido y la Corte del Guayas haya dado paso a que se emita una orden de detención con fines investigativos, cuando al juez en ningún momento se le ha requerido acudir a versionar dentro de esta investigación previa.

En la delegación provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura en contra del juez Jhon Rodríguez existirían al menos catorce expedientes disciplinarios abiertos por supuestas infracciones disciplinarias leves y graves cometidas en el ejercicio de sus funciones

Ante críticas por la falta de acción o pronunciamiento de la Judicatura por el fallo que restituye los derechos políticos a Jorge Glas, pese a que en sentencia del caso Sobornos 2012-2016 por cohecho se le retiró esos derechos por el tiempo de la pena de cárcel, es decir, ocho años, la institución dijo que no ha recibido ninguna denuncia por las actuaciones del juez de Yaguachi Jhon Rodríguez, y por ende no puede iniciar un sumario administrativo contra el funcionario judicial.

John Gamboa recibió medidas cautelares para ser reintegrado como director del CNE Guayas

Mediante un comunicado, el CJ fundamenta su posición en que la ley determina que la Judicatura solo puede abrir un expediente administrativo por dolo, error inexcusable o manifiesta negligencia, faltas disciplinarias contempladas en el Código Orgánico de la Función Judicial, cuando exista una denuncia y se cuente con la respectiva declaratoria jurisdiccional previa de un organismo judicial superior de acuerdo con lo dispuesto mediante resolución emitida por la Corte Nacional y publicada en el Registro Oficial 299, de 27 de abril de 2023.

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Para agosto de 2022 el juez multicompetente de Yaguachi, transformado en juez constitucional, revocó unas medidas cautelares que poco antes él mismo había concedido al designado el 20 de julio de ese año como superintendente de Bancos Raúl González. Rodríguez dio marcha atrás en su inicial aprobación argumentando que no conocía una sentencia previa en ese caso definida el 1 de agosto de 2022.

Rodríguez primero benefició con medidas cautelares a González para que este pueda posesionarse en el cargo ante la Asamblea Nacional y prohibió que el Consejo de Participación Ciudadana, instancia que lo designó, iniciara un nuevo proceso de selección. Luego el mismo juez de Yaguachi inadmitió la acción planteada y explicó que el proponente le hizo “caer” a él como juzgador en “un error de mala fe”.

Vanegas piensa que durante el proceso judicial se verá si efectivamente el juez Rodríguez adecuó o no su conducta al tipo penal de prevaricato. Mientras tanto el abogado sostiene que la resolución dictada por Rodríguez no se refiere a ninguna sentencia dictada y ejecutoriada, sino que se refiere a actos administrativos dictados por la Contraloría y el Ministerio de Trabajo relativos a la destitución de Joreg Glas como vicepresidente de la República. (I)