Un año después de ocurrido el paro nacional de junio de 2022, varios de los rostros de aquellos que estuvieron al frente de las movilizaciones que paralizaron al país por 18 días incursionan en el terreno electoral o arrancan una carrera política.

El 13 de junio de 2022, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) inició un paro nacional en contra del gobierno de Guillermo Lasso exigiendo el cumplimiento de una agenda que albergaba diez puntos y el principal consistía en que se congelen los precios en $ 1,90 el diésel y la gasolina extra en $ 2,10.

A esta paralización contragubernamental se unieron el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montuvias (Fenocin) y tuvieron al país y a Guillermo Lasso al acecho por 18 días a la espera de que se cumplan sus demandas.

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En medio de la violencia y el caos que produjeron las protestas, con pérdidas económicas que ascendieron a los $ 1.000 millones, Lasso cedió a congelar los costos de las gasolinas extra y ecopaís a $ 2,40 y del diésel a $ 1,75; además, condonó deudas de la banca pública por hasta $ 3.000, aunque no aprobó que ese valor alcance los $ 10.000 como exigían los manifestantes.

QUITO (13-06-2022).- La carretera cerrada en el sector de San Miguel de Calderón, en el norte de Quito, durante el paro nacional organizado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas

Finalmente, el 30 de junio de 2022, con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) se firmó la denominada Acta por la paz que puso fin a esa paralización, pero se abrió paso a un diálogo nacional entre las autoridades del Gobierno y los representantes de las tres agrupaciones que dejaron 218 acuerdos que aún están en proceso de ejecución.

El viernes se cumplió un año de este hecho que sirvió de plataforma para que los líderes sociales y políticos pasen de las calles a buscar una curul en la Asamblea Nacional o espacios en la arena política.

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Entre estos están el presidente de la Feine, Eustaquio Tuala, que estuvo al frente de las protestas y de los diálogos con el régimen.

También Margarita Arotingo, dirigente de la Mujer y la Familia de la Fenocin, que junto con Tuala son candidatos inscritos a asambleístas por el movimiento Revolución Ciudadana (RC), que lidera el político Rafael Correa, en las elecciones generales anticipadas que se realizarán este 20 de agosto.

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Por la Fenocin están Carlos Morla, aspirante a legislador de Sucumbíos con la alianza Claro que se Puede, de Yaku Pérez; Nelson Velázquez, en Imbabura, que va con Avanza; y Leandro Ayón, en Los Ríos, con el Partido Sociedad Patriótica.

Virgilio Saquicela, expresidente del último pleno de la Asamblea Nacional, disuelto por Guillermo Lasso por grave crisis y conmoción interna, busca la reelección como asambleísta del Cañar, pero esta vez por el Partido Socialista Ecuatoriana (PSE).

En medio de la crisis del paro, Virgilio Saquicela se ofreció a propiciar un diálogo entre el Gobierno y dirigentes indígenas, que no prosperó.

La mañana del 28 de junio, mientras Saquicela esperaba la llegada de la delegación gubernamental a las instalaciones de la iglesia La Basílica en Quito, se registró un militar fallecido y doce uniformados heridos por un incidente reportado en Shushufindi en la madrugada, que congeló los diálogos.

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Sin embargo, esa misma noche, en el Legislativo se discutía la aplicación del artículo 130 de la Constitución para destituir a Guillermo Lasso por grave crisis política y conmoción interna, con base en un pedido que hizo la antigua bancada del correísmo Unión por la Esperanza (UNES).

Hubo 80 votos a favor y la moción de destitución no se aprobó. Entre los votos afirmativos por esa destitución estuvo el de Virgilio Saquicela.

Los exasambleístas del correísmo Patricia Núñez, quien impulsó el pedido de destitución, y Fernando Cedeño, que planteó la moción para la votación, son actualmente candidatos a la reelección como asambleístas por la Revolución Ciudadana.

Otros líderes sociales que estuvieron en primera fila en el paro fueron Gary Espinoza, que no es candidato para los comicios venideros y se mantiene como presidente de la Fenocin, al igual que el principal de los dirigentes de ese evento, Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

Leonidas Iza sigue al frente del colectivo y su brazo político, Pachakutik (PK), lo consideró como su candidato a la Presidencia de la República para las elecciones del 20 de agosto.

Su postulación pareció tener el respaldo de la dirigencia de PK e Iza la aceptó, pero días antes de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) arranque con la inscripción de los candidatos, declinó de la propuesta debido a los conflictos internos entre los dirigentes, que se sustancian en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Iza no fue considerado para un espacio legislativo, pero anunció que hará campaña electoral por la consulta popular para evitar la explotación petrolera en el bloque 43 del Yasuní ITT, que también se votará el 20 de agosto.

Junto con él la vicepresidenta de la Conaie, Zenayda Yasacama, y Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae), filial de esta organización, tampoco fueron considerados como candidatos.

Yasacama es lideresa del pueblo kichwa de Pakayaku en Pastaza, en la que ha sido presidenta por tres ocasiones. Vargas pertenece al pueblo achuar, fue vicepresidente de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE) y es conocido como el ‘comandante de las nacionalidades amazónicas’.

El presidente Guillermo Lasso nombró a Patricio Carrillo ministro del Interior y a Francisco Jiménez ministro de Gobierno en marzo del 2022. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas

Desde las esferas gubernamentales, Patricio Carrillo y Francisco Jiménez, exministros del Interior y de Gobierno, respectivamente, fueron quienes hicieron frente a las protestas de junio.

Carrillo lideró las estrategias de seguridad y control para contener las manifestaciones que se extendieron en el país; y Jiménez representó a Lasso en los diferentes diálogos con los miembros de los movimientos sociales para terminar con las medidas de hecho y luego, en las mesas de trabajo de las que quedaron 218 acuerdos.

El primero es precandidato a asambleísta por el movimiento Construye y pelea por su inscripción. La agrupación Revolución Ciudadana lo impugnó por haber sido censurado en febrero del 2023 por la disuelta Asamblea, acusándolo de represión en las manifestaciones del paro de junio y por el asesinato de la abogada María Belén Bernal.

Previamente, el presidente Guillermo Lasso lo removió de sus funciones en septiembre del 2022, por su responsabilidad política en el femicidio de Bernal que se produjo en un complejo académico de la Policía.

Jiménez fue asambleísta del movimiento oficialista Creando Oportunidades (CREO) y de ahí pasó a ser ministro de Gobierno, cargo del que salió en febrero pasado, luego que la propuesta de referéndum que propuso Guillermo Lasso perdió en los comicios seccionales del 5 de febrero.

El político participó en los tres meses de diálogo que se instalaron con la Conaie, Feine y Fenocin, y con su salida del gabinete se dio también su desafiliación de CREO.

En la actualidad, Jiménez se concentra en armar su propia organización política, que se llamará Acción (Movimiento Acción Ciudadana Organizada Nacional), con la aspiración de que cobije su posible candidatura en los comicios presidenciales y legislativos de 2025.

Este viernes, al cumplirse un año del paro, presentó su libro De la calle a las mesas, un nuevo camino para el Ecuador, en el que hace un «recuento de lo que vivió el país en junio del 2022».

El analista político Oswaldo Moreno atribuye este fenómeno a que los hechos de connotación política suelen tener efectos en quienes fueron sus protagonistas. «Las convulsiones sociales son hechos políticos y como tales generan acciones políticas. Estos hechos políticos terminan generando que, en el futuro, quienes fueron sus protagonistas puedan participar en elecciones de orden popular».

Para el constitucionalista José Chalco, la actuación de estos actores debe ser tomada como «símbolo y mensaje para los electores de que aquellas luchas que se revisten de legítimas o muestran una apariencia de ser justas normalmente no es cierto».

«Detrás de estas manifestaciones, en las que se violaron los derechos de los ecuatorianos al impedir la libre movilidad por los bloqueos viales, actuaciones violentas, están aquellas personas que lesionaron los derechos de otros, y la pregunta es, si esas personas podrán representar los derechos de otros, podrán pensar en la lógica de un Estado para respetar a los ciudadanos, ese es el primer mensaje que queda un año después de las protestas de junio», comentó.

Mientras se daban las manifestaciones, la Asamblea Nacional debatía mociones para destituir a Lasso, por lo que «se puede mirar que esos grupos y organizaciones políticas no estaban en sintonía con las demandas, sino que estaban buscando una desestabilización del Estado y del Ejecutivo», dijo. “Y si ahora tenemos estos candidatos de aquellas organizaciones políticas que iniciaron la muerte cruzada, se entiende que el paro no fue otra cosa que el inicio de un plan y una hoja de ruta política antes que jurídica o social». (I)