Tanto en el ámbito político como en el jurídico en los últimos tres años ha sido recurrente escuchar que el correísmo y sus aliados intentan echar abajo la sentencia en firme y en proceso de ejecución dictada por jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) por el delito de cohecho pasivo agravado, dentro del caso que se inició siendo conocido como Arroz Verde, pero que finalmente fue rotulado por la Fiscalía como Sobornos 2012-2016.

Esta semana no fue diferente. El tema volvió a la palestra pública en medio de las denuncias del colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) por un supuesto plagio en la tesis doctoral de Diana Salazar y en documentos entregados para el concurso en el que fue seleccionada y designada la fiscal general del Estado, en 2019.

A raíz de estos hechos señalados por AJP se desprendieron intentos fallidos de llevarla a la fiscal a audiencias públicas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y también se generó la existencia de un informe jurídico de control disciplinario en el Consejo de la Judicatura (CJ), que buscaba ser analizado por el pleno del organismo, la noche del 29 de mayo último. La reunión no contó con el quorum requerido, por lo que no se trató ni el informe ni la recomendación de suspender en el cargo a Diana Salazar.

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La imbabureña que fue designada para ser la titular de la Fiscalía General hasta el 2025 cree que están conectados todos estos “intentos desesperados” por sacarla del cargo y generar impunidad. Que lo que buscan, ha dicho, es tomarse la Fiscalía y así alejarla del conocimiento de casos por actos de corrupción que están en curso o que ya tienen sentencia y han dejado personas detenidas o que se mantienen prófugas de la justicia.

Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de revisión planteado por Alexis Mera

Cuando dice que hay intentos desesperados por tomarse la Fiscalía, Salazar nombra siempre primero al expresidente Correa, de quien dice está a la cabeza de todo.

Correa es uno de los 20 sentenciados dentro del caso Sobornos. Recibió una pena de ocho años de cárcel como autor mediato por instigación, perdió sus derechos de participación o políticos por el tiempo de la sanción, debe pagar $ 778,000 como reparación integral al Estado y se le suspendió el pago vitalicio como expresidente de la República, pena similar a la de su excompañero de fórmula presidencial Jorge Glas. Desde mediados de 2017 que dejó el poder, el líder del correísmo se radicó en Bélgica.

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Ante la afirmación de Salazar, Correa le ha respondido usando la vía que lo ha mantenido vigente todos estos años: Twitter. “No, señora. Yo solo busco justicia, que es la peor maldición para personas corruptas, perversas y tontas como usted. Tiene razón en estar desesperada. Ya falta poco…”.

Para el exmandatario, lo que se ha dado estos últimos seis años contra él y los miembros de su agrupación ha sido una “miserable persecución política” para neutralizar a Rafael Correa, para eliminar lo que llaman correísmo. De la sentencia de Sobornos ha dicho que esta no resistiría el menor análisis de jueces probos, que se han inventado sobornos y para justificarlos se han creado temas como el “influjo psíquico”, pruebas como el cuaderno forjado de la exasistente de Presidencia también condenada Pamela Martínez, testigos falsos, peritos corruptos...

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A todos los procesados en el caso Sobornos la fiscal general, Diana Salazar, les acusó de ser parte de una “red de corrupción” que operó desde la Presidencia de la República con el fin de financiar las actividades del entonces movimiento oficialista Alianza PAIS, mediante el cobro de cuotas ilegales a contratistas, a quienes a cambio se les entregaban obras públicas del Estado.

Salazar asegura que mientras siga en el cargo defenderá el caso que ella investigó y en el que presentó a los jueces 101 pruebas que fueron confirmadas en apelación y ratificadas en casación. Desde su perspectiva no hay ninguna posibilidad de que la causa sea declarada nula o vuelva atrás. Únicamente piensa que se podría dar una situación distinta si cometen “una ilegalidad, una irregularidad o se inventan alguna figura jurídica”.

“Hacia allá van, hacia allá pretenden ir, pero la única manera es sacando a la fiscal general y eso es porque saben que yo voy a defender (el caso Sobornos)”, aclaró Salazar en una entrevista con radio Sucesos, en la que además reconoció que para quien llegue a la Fiscalía a reemplazarla en 2025 será una tarea difícil y una gran responsabilidad sostener los casos que ya tienen sentencias y también encaminar otros que quedarán.

Durante la audiencia de juzgamiento del caso Sobornos 2012-2016, en la Corte Nacional de Justicia en febrero de 2020, Fausto Jarrín, defensa del expresidente Rafael Correa, presentó ante el Tribunal de Juicio un dispositivo electrónico que pretendía ser introducido en el proceso como prueba nueva. Foto: Cortesía

Dentro del caso Sobornos, Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, fue el primero en plantear ante la Corte Nacional un recurso extraordinario de revisión a la pena de cárcel de ocho años en calidad de coautor que le definieran. En abril de 2022 la acción fue rechazada por un tribunal de revisión por no estar fundamentada. Independiente de la decisión, la sala dejó a salvo el derecho de Mera a presentar en cualquier momento y las veces que crea necesario nuevamente este recurso.

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En cambio, el primero en no descartar el hacer uso del recurso de revisión a través de la presentación de una prueba nueva fue Fausto Jarrín, exasambleísta de la Revolución Ciudadana y abogado del expresidente Correa. Él en 2020 explicaba que en el “momento oportuno” presentarán el recurso, adjuntando una prueba nueva, la que, según él, ya intentaron ingresar, también como prueba nueva, durante el juzgamiento, pero el Tribunal les negó la posibilidad.

A lo que se referiría Jarrín era a la pericia de un computador, donde –según esa defensa– estaría la información original de los denominados Archivos Verdes.

Durante la audiencia de juicio por cohecho, en febrero de 2020, Jarrín pidió un peritaje al dispositivo electrónico que tenían en su poder, porque, afirmaba, los Archivos Verdes presentados por Fiscalía no estuvieron ni fueron extraídos de las computadoras de Laura Terán y Pamela Martínez, ambas también sentenciadas por cohecho, sino que era información del aparato de inteligencia del gobierno de Lenín Moreno que fue entregada a periodistas.

El artículo 658 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que el recurso de revisión podrá proponerse en cualquier tiempo ante la CNJ, después de ejecutoriada la sentencia condenatoria y por varias causas, como si existen, simultáneamente, dos sentencias condenatorias sobre una misma infracción contra diversas personas sentenciadas que, por ser contradictorias, revelen que una de ellas está errada; o si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos o errados.

Solo el 6,5 % de las penas económicas definidas en catorce casos de corrupción están en manos del Estado; pocos procesados han completado su condena de cárcel

Siendo aún legislador, a inicios de mayo pasado, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, anunciaba en su cuenta de Twitter que junto con otros legisladores decidieron abrir una investigación centrada en el presidente de la CNJ, Iván Saquicela, y la supuesta existencia de la estrategia para favorecer al expresidente Rafael Correa revisando la sentencia del caso Sobornos.

“Ha llegado a mis manos el documento adjunto que habría sido entregado en la presidencia de la Corte Nacional a quien encabezó una de las ternas para el CJ. El contenido del documento confirmaría la existencia de una estrategia conspirativa al más alto nivel, orientada a revisar la sentencia del caso Sobornos (Arroz Verde) para beneficiar a Rafael Correa y otros sentenciados”, indicó.

Según él, este supuesto plan “incluye el manejo de escenarios falsos y un torpe relato de hechos que tanto los reportajes periodísticos como en el trabajo fiscal permitieron revelar documentadamente la existencia de una estructura criminal que operó desde el centro del poder”.

Saquicela ha rechazado insistentemente que él o la alta Corte que dirige estén en medio de un plan para echar abajo la sentencia del caso Sobornos. Incluso en una sesión plenaria del organismo en esta semana el titular de la CNJ tocó el tema.

“Han existido serias acusaciones a la Corte Nacional respecto de que aquí se está fraguando, que no sé qué sentencia revisar. (...) Los jueces son Felipe Córdova, Byron Guillén y Luis Rivera. ¿Yo les consulto si alguien les ha dicho o ustedes están fraguando? Falso. (...) Es falso”, manifestó Saquicela en el pleno de la Corte Nacional, donde se encontraban los jueces que integran la sala desde 2022 y deberán conocer cualquier recurso de revisión que se presente en el caso Sobornos.

Como argumento para sustentar que es mentira el rumor de que en la Corte Nacional se esté fraguando la revisión de casos y menos aún en el caso Sobornos, Saquicela recuerda que él fue parte del Tribunal que condenó en el caso por cohecho. Para él, esos rumores, indicó, tienen objetivos políticos e insiste en que la condena dada al exmandatario ecuatoriano y otros se encuentra en firme y no solo fue adoptada por Iván Saquicela, sino también por otros diez jueces de la CNJ.

La revisión, contempla el art. 658 del COIP, solo podrá declararse en virtud de nuevas pruebas que demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada. No serán admisibles los testimonios de las personas que declaren en la audiencia de juicio y se aclara que la interposición de este recurso no suspende la ejecución de la sentencia.

De concederse el recurso de revisión, los jueces pueden declarar inocente al condenado que planteó la acción, ordenar su libertad y anular todas las medidas cautelares de orden real que tengan en su contra.

A Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, le preocupa que este tipo de acciones judiciales avancen a favor de quienes han sido sancionados por haber cometido actos de corrupción. Piensa que de darse paso a esta clase de pretensiones, se estaría abriendo peligrosamente la puerta para que otros procesados en la misma causa apunten a que con este recurso de revisión se les levante la sanción. (I)