El movimiento indígena exigió al Gobierno de Guillermo Lasso “anular” los decretos ejecutivos relacionados con la política minera y petrolera, y advierten con continuar sus “acciones de lucha, resistencia, gobernanza y control territorial” en rechazo a estas disposiciones que “oficializan la entrada en vigencia de los planes de acción inmediata para generar transformaciones profundas de la política petrolera y minera”.

En un comunicado suscrito por varias organizaciones de base, cobijadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se rechazaron las “intenciones del Gobierno” respecto de las acciones gubernamentales en minería y petróleo.

Presidente Guillermo Lasso estableció el plan de acción para el sector minero; para subir la producción petrolera se requieren $ 16.000 millones El Ministerio de Recursos Naturales No Renovables tiene 100 días para difundir las condiciones en las que debe desarrollarse la minería legal.

“Estos documentos han despertado nuestra preocupación por la vulneración de nuestros derechos esenciales de participación en las decisiones que puedan afectarnos y por los riesgos ante daños graves e irreparables derivados de la ampliación de la frontera extractiva al no tomar en cuenta los conflictos sociales existentes, así como las sentencias y directrices previas que han declarado al Estado ecuatoriano como responsable por la afectación de los derechos colectivos”, se reseña en un comunicado difundido este 19 de agosto.

En el caso del decreto ejecutivo 95, se cuestionó que “protege los intereses del sector privado y las entidades financieras, y propone una ‘transición’ en la que el control y el manejo de los sectores estratégicos pasan de las manos del Estado a las empresas transnacionales”.

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Se agregó que consideran que el decreto implica una “grave afectación a los ingresos fiscales del Estado, en desmedro de los derechos económicos, sociales y culturales de la población”.

En el caso del decreto 151, la Confeniae advierte que se pretende posicionar al país como “un atractivo de inversión minera”, lo que es preocupante para las comunidades, porque “varias de nuestras organizaciones de base han declarado sus territorios libres de minería”.

“No queremos que esta nueva intención de la política minera sea un justificativo para incrementar los ataques y la estigmatización a las personas que se oponen a la actividad minera”, se enfatizó.

La Conaie y Confeniae advierten que los dos decretos expanden el extractivismo y no explican cómo se garantizarán los derechos de la naturaleza, humanos y colectivos de sus pueblos y nacionales.

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En esa línea, le recuerdan al presidente Lasso que deben acogerse a las resoluciones tomadas por la Confeniae, respecto al ejercicio del derecho a la consulta y consentimiento previo libre e informado, que se tomaron el 6 de abril del 2021.

El decreto 151, relacionado con la minería, dispone que en los próximos cien días el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables difunda las condiciones en que se realizará la minería legal.

Para ello, debe establecerse un plan de acción para ese sector, que observen criterios de eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad ambiental y social, garantizando la seguridad jurídica para las inversiones.

En el caso del decreto 95, el jefe de Estado busca incrementar la producción petrolera con políticas para atraer la inversión privada, implementar el modelo de Contrato de Participación y, entre otros, promover procesos de licitación de áreas, que deberán hacerse cumpliendo la consulta previa a las comunidades aledañas a los bloques. (I)